El Gobierno instaló la lucha contra el contrabando como punto estrella de su agenda de temas pendientes en medio de una aguda escasez de bienes que afecta a todos los sectores.
La decisión del presidente venezolano, Nicolás Maduro, de instalar un sistema biométrico o de captahuellas en las tiendas para evitar el contrabando ha recibido el rechazo de oposición y consumidores, en una nueva polémica por los sistemas que ingenia el Gobierno para resolver los problemas económicos.
Maduro anuncio el miércoles la instalación de maquinas captahuellas en comercios públicos y privados para evitar el contrabando de productos de consumo básico, en medio de una campaña para luchar contra el contrabando.
Los precios subsidiados de artículos de consumo básico en Venezuela han alentado un contrabando hacia Colombia que, según el Gobierno, alcanza el 40 % de las importaciones y compras que Venezuela hace para abastecer su mercado.
“Está ya dada la orden para que a través de los ministros de la economía y de la Superintendencia de Precios se proceda al establecimiento del sistema biométrico en todos los establecimientos y redes de las cadenas distribuidoras y comerciales de la república”,dijo Maduro.
El Gobierno ha instalado la lucha contra el contrabando como punto estrella de su agenda de temas pendientes en medio de una aguda escasez de bienes que afecta a todos los sectores: desde el farmacéutico al sanitario, pasando por el automotriz o la construcción.
Maduro explicó que se impondrá un “sistema guía de referencia” para controlar lo que se produce en el país, lo que se importa, donde se distribuye, se almacena y se vende.
Especificó que se trata de varias “líneas de acción” para detener el contrabando. La primera de ellas, dijo, es la “aplicación implacable” de la ley con la confiscación inmediata de todos los bienes de los contrabandistas “hasta llegar a la cabeza” o el cerebro de la operación criminal.
En segundo lugar, el establecimiento del sistema biométrico “en todos los sistemas de distribución y comercialización, públicos y privados”.
“Eso va a ser como fue el captahuellas del sistema electoral, una bendición antifraude”,señaló en alusión al procedimiento electrónico utilizado en los procesos electorales del país.
“Será un sistema perfecto”, agregó Maduro, asegurando que su Gobierno se ha declarado “en batalla total contra el contrabando de extracción hacia Colombia, hacia el Caribe, hacia donde haya contrabando de extracción”.
Este no es el primer sistema anunciado por Maduro con estas características para luchar contra el contrabando. En abril comenzó a aplicar un Sistema de Abastecimiento Seguro para controlar la compra de alimentos en la red de supermercados públicos.
El sistema consiste en una tarjeta electrónica que registra las operaciones de compra del consumidor y “garantiza” al mismo tiempo los alimentos a los ciudadanos. Según el Gobierno, más de 160.000 personas tienen ya esa tarjeta electrónica.
Sin embargo, ese sistema y el anunciado ayer por Maduro son para la oposición el equivalente a la tarjeta de racionamiento cubana, un sistema por el cual el Gobierno de la isla subsidia un consumo básico mensual a sus ciudadanos.
“Quieren implementar un sistema biométrico en los mercados que no es otra cosa + que tarjeta de racionamiento, otro fracaso del Gob”, indicó el excandidato presidencial opositor Henrique Capriles a través de la red social Twitter.
“Además hablan de ‘consumo justo’. Consumo justo es que el sueldo te alcance para las tres comidas diarias y te sobre”, agregó.
Los consumidores tampoco ven con buenos ojos el nuevo anuncio, porque en opinión del presidente de la Alianza Nacional de Usuarios y Consumidores (ANAUCO), Roberto León Parilli, carga la presunción de culpabilidad sobre los ciudadanos en vez de poner énfasis en la responsabilidad del Estado.
“El contrabando es materia de prevención del Estado, es el Estado el que tiene que prevenir el contrabando, sancionar y combatir el delito, pero no a costa de los derechos de los ciudadanos”, indicó a Efe Parilli.
“Lo que nos están diciendo a los venezolanos es que no hay presunción de inocencia y mas bien hay una presunción de culpa y por eso vamos a revisar a todos los venezolanos”, agregó.
En su opinión, “el problema es de abastecimiento” y en ese sentido lo que el Gobierno está es “como estirando lo que hay”.
“No creemos que esto va a ser la solución del abastecimiento en el país, porque es un problema de producción local, de importaciones que están haciendo insuficiente el mercado para cubrir la demanda interna, eso no se resuelve con captahuellas”, dijo.
Fuente:latercera.com
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