Leer resolución de agosto del 73 fue “una provocación contra el actual Gobierno”

Legisladora María Candelaria Acevedo (PC), hizo ver que recordar por parte de la derecha y la ultraderecha esa declaración de rechazo al Gobierno de Salvador Allende que promovía grandes cambios, se produce cuando la actual administración impulsa “grandes transformaciones”.

Además, advirtió que la oposición “quiere seguir culpabilizando del quiebre de la democracia en nuestro país a los que participamos de la Unidad Popular”. Consultada sobre la carta que generales en retiro enviaron al Presidente Boric, señalando que la conmemoración de los 50 años no ayuda a la cohesión social, afirmó que “los que dicen que el tema de memoria es algo que nos desune, están equivocadísimos, lo que nos desune hoy es la impunidad y no saber la verdad”.

La diputada por el distrito 20 de la Región del Biobío, María Candelaria Acevedo, es hija del obrero Sebastián Acevedo, quien se inmoló en el frontis de la Catedral de Concepción exigiendo la liberación inmediata de sus dos hijos apresados en 1983 por agentes de la CNI, entre ellos la parlamentaria. En estos meses y en el marco de los 50 años del derrocamiento del Gobierno del Presidente Salvador Allende, la legisladora, militante del Partido Comunista, ha insistido en la necesidad de que se avance en verdad y justicia respecto a la violación a los derechos humanos ocurrida durante la dictadura, ha salido al paso de tesis negacionistas y denuncia una actitud de la derecha y la ultraderecha de desvirtuar los sucesos de 1973.

¿Cuál es su opinión sobre la lectura que se hizo el martes pasado en la Cámara de Diputados, a petición de los jefes de las bancadas de derecha, de la declaración realizada el 22 de agosto de 1973 en ese hemiciclo y en la cual se acusaba al Gobierno de Salvador Allende de vulnerar el orden constitucional y se pedía a los ministros que eran parte de las Fuerzas Armadas y de Carabineros a poner inmediato término a todas las situaciones de hecho referidas en dicha declaración?

La derecha quiere seguir culpabilizando del quiebre de la democracia en nuestro país a los que participamos de la Unidad Popular -en ese entonces yo tenía 15 años y me sentía parte de la UP- y al Gobierno de Salvador Allende y, por supuesto, a los sectores de izquierda.

Pero hoy en día, cuando se han desclasificado una cantidad de archivos de la CIA (Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos), queda de manifiesto la intromisión de Estados Unidos y de la mayoría de los grandes empresarios chilenos, quienes fueron responsables de que hubiera ese clima de crisis y caos en Chile.

Volver a pensar en traer a colación la declaración o resolución hecha en agosto de 1973 en el Congreso, es solamente tener la intención de provocar y plantear algo que en definitiva en nada nos va a ayudar. Todos podemos tener visiones distintas respecto de lo que fue y lo que no fue el Gobierno de la Unidad Popular, si tuvimos o no responsabilidades, y nunca vamos a llegar a acuerdo tampoco. Pero sobre lo que significa el golpe militar del 11 de septiembre de 1973 no debería haber ninguna posición distinta que no sea el de rechazar lo ocurrido ese día, ya que ha dejado consecuencias hasta el día de hoy, con tantos detenidos desaparecidos, ejecutados, presos políticos, exonerados, relegados y exiliados. En eso no nos tenemos que perder.

¿El presidente de la Cámara podría haber evitado que se realizara la lectura en cuestión, y no haber acogido que se votara esta petición negacionista?

Creo que no era parte de la orden del día. Si bien es cierto había una petición de las bancadas, no necesariamente tiene que haber llegado a esa instancia. El presidente de la Cámara Baja podría haber dicho que no era parte de la orden del día.

La lectura de la declaración de agosto del 73 es, además, una provocación contra el actual Gobierno y tiene que ver con las grandes transformaciones que hay dentro del programa gubernamental y los proyectos que éste contempla. Como la derecha cree tener mayoría, pone problemas para que esas iniciativas puedan avanzar.

Al momento de la votación para dar o no lectura a la declaración de 1973, había ausencia de diputadas y diputados oficialistas. ¿Influyó esto en el resultado obtenido, con 50 votos a favor, 42 en contra y 1 abstención?

Efectivamente hubo ausencia de diputadas y diputados oficialistas, pero este problema no es solamente de los parlamentarios de nuestro sector, sino que en general de la Cámara. No se llega a la hora, no se respetan los reglamentos del Congreso que establecen el horario de llegada y de salida. Lamentablemente una gran mayoría de diputados y diputadas están presentes y después salen, pero nadie sabe dónde y con quién está. Entonces, al final, cuando se realiza alguna votación, no hay la participación suficiente. Ahora, lo que ocurrió con la votación del 22 de agosto, ni siquiera con los votos de todos los diputados y diputadas oficialistas hubiésemos ganado la votación.

La diputada del Partido Comunes, Claudia Mix, fue censurada por Ricardo Cifuentes, tras la manifestación contra la lectura de la declaración de agosto del 73, hecha en la sala del hemiciclo por los parlamentarios oficialistas. ¿Qué opina de esta medida?

Yo creo que fue a la primera diputada o diputado que vio, pero habíamos varios parlamentarios oficialistas en la sala con carteles en mano, con imágenes de detenidos desaparecidos, diciendo “Verdad y Justicia”, “digan dónde están”. El presidente de la Cámara tendría que habernos censurado a todos. Me imagino, además, que todos vamos a ser llevados a ética, por levantar carteles dentro del hemiciclo, pero lo que dice el reglamento de la Cámara de Diputados es que nosotros no podemos tener carteles dentro de nuestros pupitres, por lo que veo difícil que nos puedan sancionar.

Los generales en retiro de las Fuerzas Armadas enviaron una carta al Presidente Gabriel Boric, declarando que las actividades conmemorativas de los 50 años no ayudan a la cohesión nacional. ¿Qué le parece este tipo de declaración?

Cuando alguien me dice que olvide yo le respondo, hoy en día hay muchos jóvenes, mujeres y niños que desaparecen, ¿tú le vas a decir a sus familiares que dejen de buscarlos? Por supuesto que no, porque es un familiar, un hijo, una hermana, una madre, un padre. Necesitan saber qué pasó con ellos, porque fueron raptados, por ejemplo, y necesitan también la justicia que todos buscamos. ¿Por qué tiene que ser diferente con nosotros, si buscamos lo mismo? Queremos saber la verdad y buscamos la justicia, porque mientras haya impunidad la sociedad y el pueblo de Chile no va a poder mirar hacia adelante. Entonces, los que le dicen al Presidente que el tema de memoria es algo que nos desune, están equivocadísimos. Lo que nos desune hoy es la impunidad y no saber la verdad.

¿Cuál es su apreciación del Plan de Búsqueda impulsado por el Gobierno del Presidente Boric y la forma en que éste se va a desarrollar?

He estado en algunas reuniones con los familiares de detenidos desaparecidos y les parece bien el planteamiento hecho por el Gobierno, porque lo que ellos buscan es verdad y justicia, y la única manera de llegar a eso es que se haga un cruce de información en todos los procesos que existen hoy en día. Dentro de eso está también que se pueda levantar el manto de silencio de estos 50 años, porque ahí hay mucha información que se puede cruzar. Entonces, si se va por esa línea, donde toda la información manejada por todos los estamentos del Estado, como el Ministerio de Justicia, el Registro Civil y los jueces que están llevando casos de derechos humanos, se contuviera en una sola, habría más avance y habría mucha más contundencia.

Hay que considerar también que los familiares de detenidos desaparecidos y de ejecutados políticos han dicho que no están por buscar un fragmento, un huesito de su ser querido víctima de la dictadura. Lo principal para ellos, además de saber quién los mató, cómo fueron asesinados y cómo fueron hechos desaparecer, es que haya justicia. Tal vez esto último no lo vamos a llegar a ver en este Gobierno, pero sí considero que es un paso más que ha dado la administración del Presidente Boric, y hay una disposición y buena relación con el ministro de Justicia, Luis Cordero, quien tiene una sensibilidad frente al tema y seguramente va a buscar todas las maneras posibles para llegar alguna vez, algún día, a saber qué es lo que pasó realmente con nuestros compañeras y compañeros desaparecidos.

¿En qué va la tramitación del proyecto de ley presentado en mayo de este año, que tipifica y sanciona el negacionismo? 

Es un proyecto muy atingente al negacionismo experimentado en estos días. Lamentablemente no tenemos los votos como para llegar a que esa ley pueda ser aprobada, tanto en la Cámara como en el Senado. Así es que creo que hay que buscar por otras vías para llegar a resolver esta situación, pues hoy en día el negacionismo se ha hecho de manifiesto y algunas personas tan sueltas de cuerpo, por decirlo así, hablan en contra de los detenidos desaparecidos y de las mujeres que sufrimos violencia política sexual. En otros países está penado por ley el negacionismo y aquí en Chile cualquiera puede decir cualquier tontera o barbaridad como ocurrió recientemente con la diputada Gloria Naveillán (parlamentaria independiente, exRepublicana), quien afirmo que eran una “leyenda urbana” las agresiones sexuales y violaciones sufridas por muchas compañeras durante la dictadura, así como la violencia sexual padecida por quienes fuimos detenidas por la CNI (Central Nacional de Informaciones).

¿Cómo va el desarrollo de la propuesta de hacer una sesión especial en la Cámara de Diputadas y Diputados, sobre el proyecto que apunta a acondicionar la cárcel de Punta Peuco para que reciba a mujeres condenadas que estén embarazadas o con hijos pequeños?

Hay un proyecto de resolución que nosotros hemos planteado, de que si se concreta el traslado de los condenados por violaciones de derechos humanos que están en Punta Peuco a un recinto penal común, donde van todos los delincuentes, se pueda llegar a recibir en ese centro carcelario a mujeres condenadas que presenten esas características. Esto pasa por una decisión política que tiene que tomar el Gobierno de Gabriel Boric, en el sentido de sacar a los violadores de derechos humanos de Punta Peuco y, por supuesto, reacondicionar ese recinto para mujeres que están privadas de libertad, que están gestando o que tienen hijos pequeños menores de dos años. Llevar a cabo esta iniciativa no sólo tiene que ver con lo que podemos hacer los parlamentarios en el Congreso, sino que es el Presidente el que tiene que decidir, es privativo de él.