Se protagonizó hoy una lluvia de denuncias por la violación de derechos humanos, en presencia de representantes del gobierno y de organizaciones paraguayas asistentes a la audiencia pública del Parlamento de Mercado Común del Sur (Mercosur) sobre el tema.
Asunción, 9 jul (PL)
La comisión de derechos humanos de esa instancia, presidida por la argentina Julia Perie y congresistas de Venezuela y Uruguay, dirigió su sesión en Asunción para recabar información sobre el estado de esas prerrogativas en los Estados Partes de la entidad regional.
La audiencia comenzó con breves palabras de Perie y el saludo de Mirta Gusinky y Olga Ferreira, responsables de las Comisiones de Derechos Humanos del Senado y la Cámara de Diputados paraguayas respectivamente.
Apenas finalizada esa parte protocolar, la delegación de la Comisión de Derechos Humanos de Paraguay planteó que el gobierno actual arreció el accionar represivo policíaco y militar, y se denunció la modificación con ese objetivo de la Ley de Defensa y realizó numerosos desalojos campesinos.
Agregaron que la represión se extiende a las manifestaciones y protestas de la población en Asunción y reclamó la elección de un nuevo Defensor del Pueblo, cuyo mandato está vencido y no actúa mientras se atropella a la ciudadanía.
El popular sacerdote jesuita Francisco de Paula Oliva asumió la defensa de los damnificados por las inundaciones residentes en las riberas del río Paraguay y afirmó se pretende sacarlos definitivamente de allí a la fuerza para construir un gran negocio inmobiliario.
Atanasio Galeano denunció el cierre indiscriminado de las radios comunitarias en manos de poblaciones vulnerables utilizando para ello la fuerza, incriminando a sus operadores y entregando las frecuencias después a elementos del gobernante partido Colorado.
Ida Sofía Díaz, de 82 años de edad, levantó su voz para enjuiciar el bajo nivel de las jubilaciones que sufren las personas de la tercera edad y asombró a los asistentes al revelar que cinco mil ancianos reciben menos de un dólar mensual.
Raquel Peralta también conmovió al auditorio al criticar los desalojos de comunidades indígenas de sus tierras ancestrales utilizando no sólo la fuerza pública por parte de los latifundistas, sino pagando a sicarios para incluso asesinar y destruir lugares sagrados de pueblos originarios.
Al hablar a nombre de la Federación Nacional Campesina, su secretario general alterno, Marcial Gómez, dijo que Paraguay es un país de latifundios pues el 85 por ciento de la tierra está en manos del 2,5 de propietarios.
Para nosotros son derechos humanos la reforma agraria y el cambio de modelo económico existente en Paraguay, dijo, recordando que, actualmente, 160 campesinos están imputados, presos o prófugos de la justicia porque se les persigue por orden de los grandes
Finalmente, Vicente Morales, abogado defensor de los campesinos presos tras el sangriento desalojo de Curuguaty, en 2012, afirmó que el gobierno no tiene voluntad política para impartir justicia y aclarar lo sucedido realmente allí y aseguro se asesinó a campesinos y se ignoran pruebas existentes.
Una vez recogidos esos y otros elementos, ninguno de ellos refutados por los representantes presentes del gobierno que se limitaron a describir la estructura de los organismos oficiales, la Comisión de Derechos Humanos del Parlasur estructurará el informe final, el cual será divulgado.
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