Un grupo de diputados liberales presentaron una propuesta para que sea restituido en el presupuesto el beneficio de los cupos de combustible para traslados de autoridades nacionales.
Alegan que la mayoría se moviliza desde el interior hasta la capital para cumplir con sus tareas y que utilizan recursos propios, por lo que solicitaron que vuelva a estar cubierto el traslado con vales de combustible.
Se trata del proyecto de ley “que modifica el artículo 1 de la Ley 6954/22 ‘que prohíbe la asignación de combustibles a las autoridades y funcionarios de los tres poderes del Estado y de los organismos y entidades del Estado (OEE)’”.
Fueron firmantes los liberales María Constancia Benítez, Alejo Ríos, Diosnel Aguilera, Adrián Billy Vaesken, Cleto Giménez y Arnaldo Valdez, y los de Yo Creo Guillermo Rodríguez y Walter García.
Sin embargo, en la última sesión, la mayoría de ellos presentaron una nota solicitando que se retiren sus firmas, por lo que solo quedaron como proyectistas Alejo Ríos, Cleto Giménez y Arnaldo Valdez.
“Hoy en día, tanto los congresistas senadores como los congresistas diputados vienen a la capital para participar de las sesiones ordinarias y extraordinarias del Congreso y de cada cámara en particular, así como de otras actividades que se desarrollan en la capital y en diversas zonas del país, en cumplimiento a sus labores como congresistas, lo cual conlleva el traslado en sus propios vehículos debiendo afrontar los gastos que dichos traslados irrogan los mismos de su propio peculio, que en muchos se debe agregar la distancia y la asiduidad del traslado. Con la modificación de la presente ley, se pretende cubrir en parte dichos gastos de traslado en que incurren los congresistas”, expresa la exposición de motivos.
Se propone que cada cámara reglamente el proyecto y determine los montos, teniendo en cuenta la distancia de la residencia de cada legislador.
El artículo en cuestión se modifica con un añadido en la última parte, que establece que la prohibición de recibir combustible queda exceptuada para autoridades electas.
“Artículo 1. Prohíbase la asignación, descuento, exoneración y entrega de combustibles, tarjetas personales o de cupos de combustibles a las autoridades y funcionarios de los tres Poderes del Estado y de los organismos y entidades del Estado (OEE), incluyendo las empresas públicas y aquellas de economía mixta, las sociedades anónimas con participación accionaria mayoritaria del Estado, en todas sus modalidades y de forma permanente, a excepción de las autoridades electas a nivel nacional”, señala.
La ley que prohíbe asignación de combustible a estatales de los tres poderes del Estado, excepto gobernaciones y municipios, fue sancionada el año pasado y en su tratamiento se calculó un ahorro de G. 8.000 millones por año. El objetivo del proyecto fue la racionalización del gasto público.
Ingreso. Los diputados que no están en mesa directiva perciben una remuneración mensual total de G. 32.774.840, sumando salario y gastos de representación.
El Congreso Nacional percibía un monto de G. 4.443 millones para combustible, de los cuales, más de G. 3.900 millones iban a Diputados. Los 80 recibían cada mes G. 3.500.000.
El principal cuestionamiento a este beneficio para los parlamentarios resaltaba el privilegio del cargo, cuando muchos trabajadores tienen que pagar sus traslados con recursos propios. También el gasto para el Estado.
8.000 millones de guaraníes fue el cálculo de ahorro por eliminar cupos de combustible cuando se sancionó la ley.
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