Uruguay es el país latinoamericano con la justicia más independiente, ocupando el puesto 25 del ranking del Foro Mundial. Esto responde principalmente a la despolitización partidaria del Poder Judicial, según el ministro de la Corte Suprema de Justicia uruguaya, Ricardo Pérez Manrique.
Los magistrados uruguayos no conocen la afiliación política de sus colegas, apuestan a la despolitización partidaria de la Corte y sostienen que lo importante es el desempeño en la magistratura. “La mayoría no conoce la afiliación política de sus compañeros, porque no importa”, expresó el ministro de la Corte de Uruguay, Ricardo Pérez Manrique, en contacto con Radio Monumental este martes.
Para la elección de los miembros de la Corte se tiene en cuenta la carrera judicial del candidato como miembro de la Magistratura, no depende de la iniciativa del Ejecutivo sino de la aprobación del Congreso con una mayoría de 2/3, explicó.
En caso de que el Parlamento no llegue a un acuerdo en 90 días, asciende automáticamente el magistrado con mayor antigüedad.
En Uruguay, los ministros de la Corte al igual que en Paraguay son inamovibles a excepción de un juicio político que requiere una mayoría amplia para llegar a la destitución.
Las funciones del ministro uruguayo cesan al cumplirse los 10 años en el cargo o a los 70 años de edad.
Para la designación de los jueces es la Corte la que interviene mediante una escuela judicial donde los candidatos deben aprobar un examen y realizar un curso de dos años, señaló el magistrado.
Los jueces y fiscales son inamovibles hasta los 70 años de edad, con excepción de los jueces de paz con una duración en el cargo de 4 años.
Sin embargo, dijo que la justicia uruguaya se basa aún en un carácter inquisitivo, que se quiere superar para pasar al régimen acusatorio, como nuestro país.
Según el Reporte Global de Competitividad 2013-2014 del Foro Económico Mundial, el Poder Judicial paraguayo carece de independencia y está sometido a los vaivenes políticos y económicos.
Con un puntaje de 1.7, está ubicado en el puesto 146 de un total de 148 países incluidos para la encuesta. Solamente Burundi y Venezuela tienen un peor sistema judicial.
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