Rafael López Aliaga asegura que una compañía canadiense está “explotando a la gente más pobre” de la capital, pero el Gobierno de Perú lo instó a cumplir lo pactado.
Rafael López Aliaga llegó a la Alcaldía de Lima tras prometer, entre otras cosas, renegociar las concesiones de los peajes de Lima. Tanto que, apenas asumió el mando a principios de año, el Concejo Metropolitano resolvió de manera unilateral la caducidad de los contratos con la compañía Rutas de Lima.
En enero de 2023, el Concejo Metropolitano de Lima aprobó por unanimidad anular los peajes con Rutas de Lima por las altas tarifas, la deficiencia del servicio y las consecuencias sobre el tránsito de quienes viven en los alrededores, entre otras razones.
Seis meses después, López Aliaga invocó a la empresa concesionaria “para que el día 29 de julio, a las doce de la noche, devuelvan a la ciudad de Lima los peajes de la corrupción“. Y de no hacerlo, anticipó “un proceso totalmente legal que implementaremos”.
No obstante, los peajes continuaron sus funciones de forma habitual. “Nos ilusionó, nos dijo (…) el peaje no va más. El Consejo Metropolitano, en su momento, tomó una decisión acertada, pero la operatividad, ejecución, estrategia y todo lo que se nos dijo, nada”, criticó Rennán Espinoza, el alcalde de Puente Piedra; uno de los distritos donde están situados las casetas.
Mientras que la semana pasada, López Aliaga informó que le propuso una cantidad de dinero —que no reveló— a la empresa concesionaria, “para pagarle una compensación a esta gente y que de una buena vez se largue del Perú“.
La respuesta empresarial
Brookfield, compañía canadiense que encabeza el consorcio a cargo de los peajes de Rutas de Lima, publicó el mes pasado un comunicado para defender la continuidad de sus labores con base en una decisión internacional.
“El tribunal arbitral internacional, designado por las partes según lo establecido en el contrato de concesión y en conformidad con la Constitución y las leyes peruanas, es la única autoridad o instancia que puede resolver acerca de la validez de la caducidad decretada por la Municipalidad”, sostuvo.
Como hay una acción de suspender la terminación del contrato de concesión, Brookfield se niega a cesar operaciones. “Ninguna autoridad o instancia distinta a dicho tribunal arbitral internacional, puede decidir sobre lo que está en controversia entre Rutas de Lima y la Municipalidad Metropolitana de Lima, ni puede desconocer la medida cautelar dictada por el mismo“, expresó.
Polémica a EE.UU.
La noche del domingo, el alcalde de Lima anunció en un canal de televisión local que llevará el litigio a EE.UU., “para que el mundo sepa quién es Brookfield en Perú y cómo gana su plata”.
“Estoy en contacto ya con el Departamento de Justicia de EE.UU., con lo que es la [Comisión de] Bolsa y Valores en EE.UU., que es el SEC, también estoy en contacto. Pienso viajar con una denuncia que estoy redactando con un abogado internacional”, afirmó al programa ‘Edición Especial’, transmitido por Willax.
López Aliaga aseveró que la empresa extranjera está “explotando a la gente más pobre” de la capital peruana. “Brookfield, a través de Ruta de Lima, que es el ‘mascarón’, factura a la gente más vulnerable de Lima, no invierte un mango y factura 100 millones de dólares al año”, añadió.
La posición del Gobierno
Recientemente el excandidato presidencial declaró que le hizo una propuesta económica al Gobierno de Perú para evaluar el desembolso de una compensación a Rutas de Lima, para terminar con la controversia y así resolver el contrato por el cobro de los peajes.
Sin embargo, el ministro de Economía y Finanzas (MEF), Álex Contreras, descartó la posibilidad de que el Ejecutivo pague una posible indemnización a la empresa Rutas de Lima.
“Definitivamente no otorgaremos un financiamiento a la Municipalidad de Lima (…). Si un país no cumple con su palabra, entonces no es serio, y esto da señales negativas. En ese sentido, el MEF apoya el restricto respeto a los contratos“, resaltó a la emisora PBO.
De esa forma, rechazó apoyar la iniciativa de López Aliaga de culminar unilateralmente el vínculo. “Lo que hemos buscado es un acercamiento entre las partes, que lleguen a un acuerdo y que no se rompa el contrato, queremos que se respete”, agregó Contreras.
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