Las amenazas, atentados y matanzas por parte de sicarios se han vuelto una triste realidad en el país sudamericano en la que esta semana fue asesinado el candidato presidencial Fernando Villavicencio.
El magnicidio perpetrado en contra de Fernando Villavicencio, que postulaba a la Presidencia de Ecuador, es uno de los picos más altos de la violencia que enfrenta Ecuador. Durante los últimos dos años los ecuatorianos han sido testigos de más de diez masacres carcelarias, de sicariatos, de extorsiones y otros tipos de delitos. Las amenazas, atentados y asesinatos de políticos, funcionarios y periodistas se han vuelto frecuentes.
La Policía Nacional en su evaluación sobre el narcotráfico en el país, publicada en julio de este año, señaló que “la pugna del poder de las economías ilícitas han instituido una cultura de violencia, reflejada en los modos operacionales y disputas entre organizaciones locales”. Las cifras policiales indicaban que, en promedio, 8 de cada 10 muertes violentas acontecidas en Guayaquil, Durán y Samborondón, ciudades con acceso a los puertos más importantes del país por donde se envía la droga al exterior, están relacionadas con el narcotráfico.
Además, la violencia también está presente en las cárceles. Las prisiones no están bajo el control del Estado sino que son lideradas por las pandillas locales que, pese a que sus cabecillas están encarcelados, operan tras las rejas. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos así como el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos han instado al gobierno ecuatoriano a recuperar el control de los centros penitenciarios y a reformar el código penal con un enfoque menos punitivo.
La Policía además ha advertido que las alianzas de las bandas locales con cárteles y mafias extranjeras han incidido en la cultura criminal local. En Ecuador operan tres grupos criminales transnacionales: los cárteles mexicanos de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación, así como la mafia de los Balcanes.
En medio de ese escenario, han existido amedrentamientos, amenazas y asesinatos en contra de figuras públicas. Solo este año se han contado cinco asesinatos de políticos, tres de servidores públicos. Además, cinco periodistas abandonaron el país porque recibieron amenazas vinculadas con mafias y grupos relacionados con el narcotráfico.
Este es un recuento de los casos más importantes del último año que demuestran el incremento de la violencia narco y del crimen organizado en el país.
Fernando Villavicencio
El magnicidio conmocionó al Ecuador y al mundo. El político que aspiraba llegar a Carondelet en las próximas elecciones del 20 de agosto salía de un acto de campaña cuando sicarios dispararon en su contra. Villavicencio de 59 años recibió tres disparos en su cabeza, lo que terminó con su vida. El asesinato sucedió el 9 de agosto en Quito, capital del país.
Las investigaciones sobre este caso aún están en marcha. Sin embargo, la Policía realizó sendos operativos durante la noche del 9 de agosto y madrugada del 10 y logró capturar a seis sospechosos, todos de nacionalidad colombiana. Uno de los sospechosos que fue aprehendido en la escena del crimen murió.
Villavicencio fue sindicalista, periodista y político. Durante su vida realizó más de 200 investigaciones que revelaban actos de corrupción de políticos ecuatorianos y de la región. Por ejemplo, su trabajo llamado Arroz Verde, realizado junto a su amigo, el periodista Christian Zurita, fue clave para la apertura del proceso que resultó en la condena del ex presidente Rafael Correa y otros funcionarios del correísmo. Villavicencio investigó sobre la trama de Álex Saab, presunto testaferro del dictador venezolano Nicolás Maduro, en la que también vinculó a la ex senadora colombiana Piedad Córdoba. Asimismo, denunció irregularidades en los pagos de la deuda que mantiene Ecuador con China y en la construcción de una hidroeléctrica a cargo de una empresa china.
El candidato presidencial ecuatoriano Fernando Villavicencio fue asesinado a tiros tras celebra un mitin el miércoles en Quito, informaron varios medios nacionales.
Durante la campaña presidencial, Villavicencio denunció las amenazas que recibió de Los Choneros y su líder alias Fito. Esta mega agrupación criminal ha sido vinculada al cartel de Sinaloa. Los Choneros son una de las agrupaciones delictivas más antiguas del país y, según la policía, operan de forma logística con mafias extranjeras para el tráfico de drogas.
La viuda de Villavicencio, Verónica Sarauz, en varias declaraciones dijo sospechar que el correísmo puede estar detrás del crimen de su esposo, pues “tienen vínculos con las bandas delictivas de este país. Bandas que se han tomado provincias enteras, bandas narcodelictivas”.
Agustín Intriago
Era uno de los alcaldes con mayor popularidad del país. Agustín Intriago de 38 años lideraba el Municipio de Manta, en Manabí, una localidad costera de Ecuador donde operan bandas relacionadas con el narcotráfico. El 23 de julio, mientras Intriago realizaba un recorrido en uno de los barrios de la ciudad, este fue asesinado por sicarios.
Intriago ya había denunciado que era víctima de amenazas por lo que contaba con custodia policial. Los agentes de seguridad del alcalde respondieron al ataque y lograron detener al conductor del vehículo. El gatillero huyó.
La ciudad de Manta está ubicada 260 kilómetros al suroeste de la capital, en la provincia de Manabí. Según información de las autoridades se ha detectado que las costas de Manabí son rutas de narcotraficantes que mueven grandes cargamentos de droga a destinos en otras partes de América y Europa, principalmente. En un recorrido por uno de los pueblos pesqueros de esta provincia, los pescadores artesanales intentan sobrevivir entre robos, extorsiones y la peligrosa tentación de traficar.
Ríder Sánchez
El candidato a legislador, por la alianza Avanza-SUMA que impulsa la postulación del ex vicepresidente Otto Sonnenholzner para la Presidencia, murió luego de recibir tres disparos mientras se movilizaba en su auto en Quinindé, Esmeraldas.
Aunque aún se investigan los motivos del crimen, las primeras hipótesis indicarían que se trató de un acto de violencia común. Sin embargo en Esmeraldas, la provincia ubicada en la frontera norte del Ecuador, se mantienen los índices más altos de muertes por cada 100.000 habitantes del país y es el lugar de operaciones de grupos narcotraficantes y guerrilleros. Esta jurisdicción es la puerta de entrada de cocaína desde los laboratorios clandestinos de Colombia hacia los puertos de Ecuador.
Según los datos de la Policía, Esmeraldas tiene “una tasa de 63,03 muertes por cada 100,000 habitantes; manifestando problemas como la desigualdad social con niveles elevados de pobreza, lo que se agrava debido a su ubicación geográfica la cual tiene frontera terrestre y marítima con los enclaves productivos de Nariño y Putumayo que concentran el 62% de la producción de coca de Colombia”.
Omar Menéndez y Julio César Farachio
En febrero de 2023 los ecuatorianos eligieron autoridades municipales. La campaña electoral de los postulantes a cargos locales tuvo más de una docena de atentados a políticos o a sus círculos cercanos y también se contó el asesinato de los candidatos a alcalde Omar Menéndez y Julio César Farachio.
Julio César Farachio realizaba un recorrido como parte de sus actos de campaña cuando un sicario lo acribilló y terminó con su vida. Farachio buscaba la alcaldía de Salinas en una alianza partidaria compuesta por los partidos Sociedad Patriótica, Mover y Unidad Popular. El sicariato sucedió en enero de este año, a 15 días de los comicios. Farachio, de 45 años, ejercía como abogado en casos de violaciones de tránsito, causas penales y laborales. No tenía antecedentes penales, pero sí nueve procesos judiciales pendientes con acreedores.
El candidato a alcalde por la ciudad costera de Puerto López, en la provincia de Manabí, Omar Menéndez fue asesinado a un día de las elecciones. Menéndez pertenecía al movimiento Revolución Ciudadana, afín al ex presidente Rafael Correa. Durante la campaña, Menéndez había denunciado una persecución en contra su empresa familiar ligada al sector de las telecomunicaciones.
Otros atentados a políticos
En enero de este año, Javier Pincay, que resultó ganador y ahora es alcalde de Portoviejo, también en Manabí, fue atacado mientras era candidato por sicarios y recibió tres disparos mientras realizaba un recorrido político. Aunque sobrevivió, el candidato estuvo en estado crítico. Un día después del intento de sicariato, un explosivo detonó cerca de uno de los vehículos que Pincay utilizaba para recorrer la ciudad. De acuerdo con un medio local, cerca de la explosión, los atacantes dejaron panfletos con el mensaje: “Javier Pincay, te lo dije, con la plata del narco no se juega”.
El 15 de mayo y a un día de posesionado en el cargo, el alcalde de Durán, Luis Chonillo, fue víctima de un ataque armado mientras se dirigía al Municipio. Cinco personas resultaron heridas, entre ellas dos servidores policiales que se encontraban como seguridad. Chonillo logró sobrevivir.
El 10 de agosto, a menos de 24 horas del magnicidio en contra de Villavicencio, dos sujetos a bordo de una moto dispararon contra la candidata a legisladora por una coalición de izquierda, Estefany Puente, quien iba acompañada de dos personas: su padre y un colaborador de su campaña. El atentado ocurrió en el sector El Club de Leones de la parroquia 24 de Mayo, en la provincia de Los Ríos, en el litoral ecuatoriano. Los disparos solo rozaron el brazo de la candidata.
Los servidores públicos también son blanco de los sicarios
La directora administrativa del hospital Teodoro Maldonado Carbo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), Nathaly López, fue acribillada la noche del martes, 28 de marzo en Guayaquil. La mujer de 35 años se movilizaba en su auto luego de la jornada laboral cuando fue interceptada por sujetos que viajaban en una moto y que dispararon múltiples veces contra su vehículo. Según WLaRadio, el 6 de marzo de este año, la funcionaria López solicitó al coordinador de Talento Humano del hospital que ejecutara el régimen disciplinario para sancionar a los responsables del desabastecimiento de medicinas.
Cuando López fue asesinada, la parlamentaria andina, Cristina Reyes, escribió en sus redes sociales que López “es una víctima más de la mafia enquistada en el Sistema de Salud”. Durante los meses más críticos de la pandemia por coronavirus en 2020, el hospital Teodoro Maldonado Carbo fue el escenario de graves denuncias por corrupción en el sistema hospitalario público que incluían compras con sobreprecio. Algunos de los involucrados en esta trama tendrían vínculos con el narcotráfico y el crimen organizado.
El 13 de abril de este año, tres agentes penitenciarias fueron abatidas por sicarios. Este triple asesinato se enmarca dentro de una serie de ataques del crimen organizado contra el personal del Servicio de Atención Integral, entidad encargada de las cárceles del país. Antes, en marzo de 2023, las directoras de la cárcel de mujeres de Guayaquil y de Esmeraldas fueron víctimas de ataques armados pero lograron sobrevivir.
En diciembre de 2022, el coronel de la Policía Nacional de Ecuador en servicio pasivo, Santiago Loza, director de la cárcel de Quito fue asesinado mientras se dirigía a su trabajo. Loza ejercía sus funciones en una prisión que está bajo el control de la banda criminal Los Lobos, vinculada al cartel Jalisco Nueva Generación. Durante la corta gestión de Loza varios miembros de Los Lobos fueron trasladados a otras prisiones, lo que provocó que se produjera la undécima masacre carcelaria en la prisión de la que Loza estaba a cargo.
Recientemente, el 28 de julio, El mayor Christian Granizo, jefe policial del distrito Samborondón, y el cabo Christian Enríquez, su edecán, fueron asesinados. Tres sujetos en moto los interceptaron cuando ambos policías desayunaban en un sector turístico. El 3 de agosto de este año, el director general de Planeamiento, Ordenamiento y Terreno del Municipio de Durán, Miguel Santos, fue asesinado. Apenas unas semanas antes, Luis Chonillo, alcalde de esa municipalidad, reveló que todos los directores municipales de Durán han sido amenazados de muerte. Los asesinatos sucedieron durante el Estado de Excepción que Guillermo Lasso decretó luego de la última masacre carcelaria del 23 de julio.
En Ecuador hay otros casos de muertes violentas que no han sido esclarecidos y que podrían estar relacionados con el crimen organizado enquistado en la política e instituciones públicas. Algunos de estos son: el asesinato del general Jorge Gabela, que denunció la compra irregular de helicópteros indios; la muerte del oficial de policía César Coronel Olivo, que habría descubierto una red de trata liderada por agentes policiales de alto rango. También no se han resuelto los asesinatos de Quinto Pazmiño, asesor de político del Ministerio de Economía, bajo la dirección de Ricardo Patiño, un líder cercano al ex presidente Rafael Correa; y de su esposa María Chancay. Todas estas muertes sucedieron entre 2007 y 2017, mientras Correa gobernaba.
El periodismo amenazado por la violencia
En marzo de 2018 inició el episodio más trágico del periodismo ecuatoriano. Entonces el equipo periodístico de diario El Comercio, integrado por el periodista Javier Ortega, el fotógrafo Paúl Rivas y el conductor Efraín Segarra, fue secuestrado por el frente Oliver Sinisterra, una disidencia de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Javier, Paúl y Efraín debían reportar desde Mataje, un poblado ubicado en la frontera colombo ecuatoriana, en Esmeraldas, una de las provincias históricamente abandonadas por el Estado y tomada por grupos armados irregulares y bandas del crimen organizado. Dos semanas después, el 13 de abril, el entonces presidente Lenín Moreno confirmó su asesinato.
Esa sería la primera advertencia para los años venideros. Este 2023, cinco periodistas han abandonado el país para proteger sus vidas.
La primera en hacerlo fue Karol Noroña. La periodista cubría la crisis carcelaria y reportaba sobre las bandas locales. Ella abandonó el país, el 24 de marzo, hacia un destino seguro, pues recibió amenazas directas a su vida; así lo informó este martes el medio digital GK, del que Noroña forma parte. Para GK, lo que sucedió con su reportera es “un ejemplo más de la crisis de seguridad y la penetración del narcotráfico en el país que afecta a todos los sectores de la sociedad”. Noroña tuvo contacto con una de sus fuentes, que le advirtió que el líder de una banda la buscaba para matarla.
A un mes del exilio obligado de Noroña, otro periodista, cuya identidad no ha sido revelada, también salió del Ecuador. La Fundación Periodistas Sin Cadenas indicó que el periodista recibió amenazas por ocho meses. La periodista Lissette Ormaza, del medio Majestad Televisión, también salió de Ecuador, luego de un atentado que sufrió disfrazado de un accidente de tránsito.
Los periodistas y esposos, Anderson Boscán y Mónica Velasquez de La Posta quienes revelaron una supuesta trama de corrupción en el gobierno de Guillermo Lasso, abandonaron el país el 26 de julio porque un grupo vinculado con la mafia albanesa habría arribado al Ecuador con instrucciones de atentar contra sus vidas.
Según Fundamedios, una organización de la sociedad civil que vela por la libertad de expresión y de prensa en Ecuador y la región, entre 2007 y julio de 2023, se ha contabilizaron 3.808 agresiones contra la libertad de expresión y de prensa en total. En su último informe anual, referente al 2022, Fundamedios advierte que desde el 2018 “el periodismo es uno de los objetivos del crimen organizado”. Además, el último año, indicó la organización hubo se registró el asesinato de los periodistas Mike Cabrera, Gerardo Delgado y César Vivanco —cuyas muertes fueron violentas y se produjeron en circunstancias aún no esclarecidas—, también el femicidio de Johanna Guayguacundo. A esto se suman otros 7 atentados, 1 desaparición, 4 secuestros y más de 300 agresiones en contra de periodistas.
Entre los casos más graves en contra de la prensa está el crimen impune de Fausto Valdiviezo, el periodista que investigó la corrupción de Rafael Correa. El 11 abril del 2013, tres disparos acabaron con la vida del periodista. Su caso aún no ha sido aclarado, pero su familia sostiene que el gobierno de ese entonces mandó a matar al periodista. La investigación sobre el asesinato de Valdiviezo tuvo hipótesis contradictorias e incluso las autoridades correístas intentaron vincular al periodista con el narcotráfico.
Por Yalilé Loaiza /INDOBAE
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