Paraguay: escándalo por obras fantasma con dinero público

El costo para el tesoro público es de más de 5 millones de dólares. La maniobra la habría realizado un empresario con una ONG. Facturó por obras que nunca realizó

 

 

Ronald Guerrero, dueño de la Fundación Nación Guaraní, quedó en el ojo de la tormenta en Paraguay luego de que se conociera una supuesta maniobra en la que se lo denuncia de haber defraudado al Estado por incumplimiento de contrato para la realización de obras públicas.

 

El dinero (unos 250 mil dólares) fue emitido a esta ONG por el Fondo de Inversiones Rurales para el Desarrollo (Fides) con el propósito de realizar obras benéficas. En total, fueron entregados más de 5.700.000 de dólares desde 2011 a la fecha, con casi nulos controles. Sin embargo, muchos de los objetivos fueron “fantasma”.

 

Fundación Nación Guaraní percibió ese dinero para construcción de silos y molinos en asentamientos de Caaguazú y Alto Paraná. Las obras fueron facturadas por otra empresa, que no cumplió con el contrato y que también pertenecían a la beneficiaria: Ronald Guerrero. Las obras sólo existen en las facturas. ¿Quién se quedó con el dinero? Ésa es la pregunta que se realiza la Justicia, luego de una denuncia que ingresó al Fides y que dio lugar a las pesquisas.

 

4B SRL y Local SA son las empresas de Guerrero que facturaron a su propia ONG por la “construcción y montaje de tres silos de almacenamiento de granos y tres molinos artesanales para caña de azúcar en los asentamientos Che Menda de Caaguazú y Limoy II de Alto Paraná”. La segunda de las compañías también pertenece a la mujer de Guerrero.

 

Con esta empresa, la familia Guerrero facturó por “herramientas menores, semillas y facturó por trabajos de consultoría y servicio técnico administrativo para la misma organización”, según consignó el diario paraguayo ABC. El “empresario” también dispone de otra firma para consultoría y demás servicios: Agromag.

 

Con esta metodología, el empresario habría logrado facturar más de 2 millones de dólares, sin ningún tipo de control o auditoría estatal.

 

Fuente ABC