Piden condenar a exmilitar colombiano por falsos positivos

La Fiscalía de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) solicitó este lunes una condena de 20 años de privación de libertad para el coronel retirado del Ejército colombiano Publio Hernán Mejía Gutiérrez por alrededor de 72 casos de ejecuciones extrajudiciales conocidas como falsos positivos.

Giovanni Álvarez Santoyo, director de la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la JEP acusó al exmilitar de estructurar una organización criminal para matar, desaparecer y torturar personas con el objetivo de generar falsas evidencias, mientras comandaba el Batallón La Popa.

“Creó una estructura armada de poder que se dedicó a ejecutar el plan criminal para resultados falsos (…) La acusación que se hace en contra del señor Mejía Gutiérrez es por los delitos de homicidio en persona protegida, desaparición forzada y tortura”, aseguró Álvarez Santoyo.

El funcionario afirmó que se enviaron copias a la Fiscalía, Procuraduría y a la Justicia Penal Militar para que investiguen si existen funcionarios con alguna responsabilidad penal o disciplinaria por negligencia para tratar situaciones del conflicto armado.

El coronel retirado será acusado por “35 hechos y 72 personas; es decir, 72 personas que fueron ejecutadas extrajudicialmente”, especificó Álvarez, quien señaló que se trata de “conductas criminales”.

Asimismo, trascendió que los fiscales deberán probar en un juicio que el exuniformado efectivamente cometió estos crímenes y que lo hizo en contubernio con paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), lo que puede llevarlo a una pena de hasta 20 años de cárcel.

La JEP estudia los conocidos “falsos positivos” y contabiliza 6.402 personas que “fueron muertas ilegítimamente para ser presentadas como bajas en combate en todo el territorio nacional entre 2002 y 2008”, correspondiente al gobierno del expresidente colombiano Álvaro Uribe (2002-2010).

Mejía fue comandante del Batallón La Popa, con sede en Valledupar, norte del país, y fue imputado junto a otros altos oficiales por 127 asesinatos y desapariciones forzadas en su jurisdicción. No obstante, es uno de los altos mandos del Ejército que no ha reconocido los crímenes de lesa humanidad imputados por la JEP.

“ El excoronel siempre tuvo claro quiénes iban a ser sus víctimas: jóvenes con carencias económicas, desempleados —en algunos casos provenientes de familias desestructuradas (…)— y población campesina e indígena”, concluyó Álvarez.