Ecuador: defensor de derechos humanos recibe premio por su lucha contra la esclavitud moderna en el campo

Las habitaciones en las que dormían los abacaleros medían poco más de diez metros cuadrados. Allí vivían hacinadas familias enteras: hijos, padres, abuelos, entre paredes enmohecidas y húmedas. Todos trabajaban para Furukawa Plantaciones C.A., una empresa que, durante casi seis décadas, les obligó a vivir y trabajar en haciendas sin agua ni electricidad, en tres provincias de la costa del Ecuador. Los trabajadores tampoco tenían contratos, acceso a la salud ni a la educación. La gran mayoría no tenía siquiera cédula de identidad o registro de nacimiento. Algunos murieron trabajando o fueron mutilados por las máquinas procesadoras de abacá (Musa textilis).

Los abacaleros se rebelaron frente al trabajo forzado. A partir de marzo de 2018 iniciaron una lucha para denunciar a la empresa productora de fibra de abacá, fundada en 1963 con capital japonés y filipino, que exporta a países como Japón, Filipinas, España y Reino Unido para la fabricación de papel moneda, cuerdas o bolsas de té. El movimiento conformado por personas afrodescendientes y campesinas logró que su caso fuera reconocido como el primero de esclavitud moderna en el Ecuador: se le llama servidumbre de la gleba, basada en la obligación de trabajar una tierra perteneciente a un particular, con o sin remuneración, y sin libertad para cambiar su condición.

Segundo Ordóñez ha estado al frente de las exigencias. El campesino originario de la provincia de Esmeraldas, quien toda su vida —al igual que su familia, que emigró de Colombia por la violencia y la pobreza—, se dedicó al procesamiento de esta fibra, ahora se ha convertido en un defensor de derechos humanos. Por ello, ha sido reconocido con el Premio 2023 para Personas Defensoras de Derechos Humanos en Riesgo, de la organización Front Line Defenders.

“La esclavitud moderna es algo que nosotros hemos venido sufriendo, sin el reconocimiento de ningún derecho, hemos vivido en la pobreza. En la época de la esclavitud agarraban a una persona negra y la metían a trabajar sin ganar nada. Así ha sido para nosotros: miseria y nada más”, asevera Ordóñez.

Su lucha, acompañada por el Comité de Solidaridad Furukawa Nunca Más —una alianza entre organizaciones sociales campesinas, negras y de derechos humanos—, que respalda a las familias que han vivido las violaciones de derechos humanos por parte de Furukawa Plantaciones, ha logrado una resolución que incluye indemnizaciones económicas y la entrega de tierras para la reparación del daño a 123 extrabajadores abacaleros, además, se formularon cargos para la empresa y miembros de su directorio.

“Buscamos que haya una reparación justa, que los derechos que han sido vulnerados por muchos años, sean reconocidos. Que nosotros, a la hora de la verdad, quedemos satisfechos con lo que recibimos, que no se quede solamente en palabras”, dice el defensor.

Mongabay Latam conversó con Segundo Ordóñez respecto a la lucha que encabeza, junto a los pueblos afrodescendientes y mestizos, contra la empresa Furukawa y la esclavitud moderna.

—¿Qué es Furukawa?

—Furukawa exporta fibra de abacá. Es con la que se hace el papel moneda en los países europeos, el euro que todo mundo carga en el bolsillo. ¿Por qué nosotros, que sacamos esa materia prima del campo, vivimos tan empobrecidos que no tenemos siquiera para comprar una libra de arroz? Es momento de que los países lo conozcan, porque esta empresa —supuestamente tan importante—, a nosotros no nos ha dado nunca nada.

Hemos sido afectados por décadas. Queremos dar a conocer al mundo que Furukawa es una empresa que ha generado riqueza a base de nosotros, que somos afrodescendientes y mestizos. Llegó la hora de que levantemos la voz, porque la empresa nos ha tenido toda la vida maltratados y humillados. Y como nosotros no sabemos hacer otra cosa que trabajar en el campo, hemos aguantado, hemos soportado.

Yo levanto mi voz hacia los países, para que sepan cómo ha sido nuestra vida dentro de la empresa Furukawa. Somos personas que vivimos dentro de sus campamentos por muchos años y allí se nos ha explotado. No hemos tenido nunca un reconocimiento de derechos ni de nada, mientras esta empresa ha sido reconocida por el gobierno ecuatoriano. Esto ya no se puede esconder, por eso pedimos una reparación justa por los años de trabajo. Es una empresa que ha vivido de la explotación de nosotros: hay familias enteras, hasta con tres generaciones, y ninguna tiene nada, ni siquiera dónde vivir.

Queremos que el Estado también se comprometa. En el agro ecuatoriano llega una persona con dinero, compra tierras a precios muy baratos y lo que hace es buscar gente para esclavizarla. No les dan nada y se les va la vida trabajando, mientras ellos se enriquecen.

—¿Cómo empezó usted a vincularse con la defensa de los derechos humanos y, particularmente, con la defensa de los derechos de sus compañeros?

—Acepté ser un defensor de los derechos humanos para que mi pueblo afrodescendiente y mestizo siga hacia adelante, conociendo nuestros derechos. En muchas ocasiones tratamos de dar a conocer [nuestro caso], pero por falta de ayuda no lo logramos. Por eso la empresa seguía diciéndonos: “hagan lo que hagan, pase lo que pase, ustedes no saben hacer otra cosa”.

Nunca han sido personas solidarias con nosotros, sólo exigen que trabajemos, que nos rompamos el lomo. Habemos muchos enfermos, hay personas que han entrado a la empresa a una edad muy temprana y que ahora ya rondan los 60 o 70 años. También han fallecido cuatro o cinco compañeros de nuestro grupo. Eso nos da mucha lástima. Las personas han estado como animalitos dentro de esa empresa, en las haciendas de tres provincias: Esmeraldas, Santo Domingo de los Tsáchilas y Los Ríos, en la costa del Ecuador.

—¿Por qué se conforma la organización Furukawa Nunca Más?

—Se forma porque estamos reclamando nuestros derechos que han sido vulnerados. Levantamos la voz en Latinoamérica, pero también en los países europeos, para que sepan de la audacia de esa empresa en Ecuador. Cuándo el Estado hizo un censo, salieron 1 244 personas afectadas. Para mí sería un gusto, y mi corazón se regocijaría, si a todos nos tomaran en cuenta y no se quedara ninguno fuera. Todos ahí hemos sufrido, todos hemos sido esclavizados por esa empresa, pero el grupo que lleva el caso es de 123 afectados.

Vamos adelante para que nos identifiquen a todos, que nos valoren, que sepan que lo que estamos pidiendo es justo. Hubo errores grandes porque la empresa, cuando se vio descubierta, comenzó a llamar a los afectados y a decir que ya iba a arreglar la situación. La mayoría de la gente salió de los campamentos, llegó a las oficinas de Furukawa, les dieron unos 200 o 300 dólares, y les hicieron firmar papeles de que habían sido reparados y liquidados, pero eso es una mentira. Cuando salieron de la oficina y regresaron a los campamentos, ya los campamentos estaban tumbados. Tuvieron que salir porque ya no tenían en donde vivir.

Doscientos dólares por 30 o 40 años de trabajo es un engaño. Les dijeron que, supuestamente, iban a ir personas del gobierno y querían los campamentos desocupados. Les dieron ese dinero para que arrendaran fuera de los campamentos, pero ese dinero no alcanza ni para ocho días, entonces se quedaron nuevamente con los brazos cruzados. Son y han sido trabajadores por muchos años y yo quisiera que se les tome en cuenta también.

—¿Cuáles han sido las afectaciones de Furukawa al medio ambiente?

—Toda la basura que sale de las máquinas va hacia los ríos y se envenenan. Ellos contaminan el ambiente y no hay quien diga nada. Hemos tenido que coger agua de un charco o de un riachuelito en verano. Usamos baldes que luego tenemos que poner a que asienten, porque la basura se la toma uno apenas servimos el agua en un vaso y el estómago nos duele.

Dentro del proceso judicial [contra Furukawa] hubo una pericia donde se tomaron muestras en dos puntos de captación para consumo de agua. El análisis en el laboratorio químico dio como resultado que no era agua apta para el consumo humano. Hay un riachuelito donde la gente se baña, lava ropa y, de esa misma agua, agarra para cocinar. Todas esas aguas están afectadas, porque todas las aguas que bajan, pasan sobre la basura que las máquinas botan.

Todo el residuo que queda del abacá va a los riachuelos. Químicos no hay, pero el contenido del tallo es muy fuerte: a veces te cae en la cara, en los ojos, en los brazos, y eso da comezón, es desesperante. A varios compañeros les han salido granos en la piel de la barriga, de los brazos, en los dedos y en la espalda.

—¿Bajo qué condiciones viven las poblaciones campesinas en el Ecuador?

—El Estado ecuatoriano sólo se enfoca en que las empresas rindan dinero, pero no ve por nuestra salud ni nuestra vida, no mira cómo se vive o cómo se come. En el 2015, Furukawa tuvo un reconocimiento a la mejor empresa, por exportar productos con los que hacen cantidades de dinero, del que a nosotros nunca nos ha quedado nada, solamente enfermedad o los dedos partidos y perdidos.

Hay una máquina en donde uno se para al frente, y en ella se han perdido piernas, manos, dedos, brazos. Se ha derramado mucha sangre, muchas muertes se han quedado impunes.

—¿Hay afectaciones diferenciadas para las mujeres y los niños en las haciendas de Furukawa?

—No hay un estudio a profundidad sobre estas afectaciones, pero, por ejemplo, los niños y niñas trabajan desde los ocho o nueve años. Ellos tienen muchas limitaciones para acceder a educación y a servicios de salud. Muchos de ellos, incluyendo a personas que ahora son adultas, no tienen escolaridad. Su salud no es buena porque desde muy pequeños no se alimentan bien y han tenido que trabajar en lugares difíciles, expuestos a la lluvia y mucha humedad, además de vivir en cuartos muy húmedos, pequeños y también en condiciones de hacinamiento.

Quizás la mayoría de adultos, por no decir que todos, tienen afectaciones graves y crónicas en su salud. Hay una pericia médica, dentro del proceso constitucional contra la empresa, que dice que las 123 personas tienen algún tipo de enfermedad crónica como diabetes, cáncer, afectaciones de estómago, respiratorias y en los huesos. Todos están enfermos.

Las mujeres son más vulnerables: por ser mujeres, por ser pobres y por ser afrodescendientes. Ellas tienen un rol importante en la cadena productiva porque eran quienes se encargaban de cocinar para el resto del campamento, de cuidar niños y también de ‘tendalear’, una actividad dentro del proceso productivo para secar la fibra de abacá. Cuando se seca, sale un polvillo que entra por la nariz y causa enfermedades respiratorias crónicas. Muy pocas mujeres han tenido acceso al sistema de salud de manera adecuada. Hay muchas violencias sistemáticas de la empresa hacia ellas.

—¿Ha habido alguna forma real de reparación del daño? Se dijo, por ejemplo, que Furukawa les entregaría tierras a las personas afectadas.

—Hay una sentencia constitucional, del 2021, donde el juez Carlos Vera determina —como parte de la reparación integral a partir del reconocimiento de violación de derechos humanos por parte de la empresa y la responsabilidad del Estado—, que, en principio, la empresa debe entregar cinco hectáreas de tierra a cada uno de los 123 accionantes, además de una reparación económica por los años de trabajo que no se han pagado adecuadamente y por los daños físicos, lesiones e incapacidades sufridos.

La sentencia está en firme, fue apelada por la empresa, pero en la Corte Provincial se ratificó. Lo único que no aceptaron en la Corte Provincial fue la responsabilidad del Estado. Frente a esta segunda instancia, nosotros apelamos a la Corte Constitucional porque creemos que el Estado es responsable y que, de hecho, tiene muchas más obligaciones, a partir de ser responsable por omisión, de haber permitido que estas vulneraciones ocurran y de no haber actuado en el marco de sus competencias, garantizando derechos relacionados con la dignidad humana.

Estamos esperando que la Corte Constitucional del Ecuador analice la sentencia y determine la vulneración de derechos y una reparación inmediata y justa. La sentencia que determina la reparación económica y tierras está en firme. La empresa debería pagar y entregar las tierras de forma efectiva. Pero sabemos que eso no va a ocurrir, por eso seguimos presionando y exigiendo que la empresa cumpla.

—A pesar de todo lo que ha ocurrido, ¿la empresa sigue operando?

—Sí, a pesar de que enfrenta dos procesos judiciales. Uno está en la Corte Constitucional, en el que estamos los 123 accionantes que buscamos reparación integral y justicia. También enfrenta un proceso penal de oficio, que inició la Fiscalía por el delito de trata de personas con fines de explotación laboral y trabajo infantil. Si el juez determina la responsabilidad y la culpabilidad al final del proceso judicial, se puede clausurar definitivamente la empresa y pueden determinarse penas privativas de libertad para las personas.

Por otro lado, la empresa enfrenta una acción de protección en su contra por parte de 206 personas que, a partir de la sentencia del 2021 —que fue como una luz de esperanza para muchas otras personas que veían muy lejana la capacidad de tener justicia—, se organizaron y le pidieron a la Defensoría del Pueblo que iniciara acciones legales.

Además, este año la empresa también fue demandada por 16 personas más, de manera individual. Desconocemos dónde están todos y todas —las más de mil personas afectadas—, porque después de que demolieron los campamentos se tuvieron que ir, fueron desplazadas, expulsadas de la empresa. Algunas de ellas siguen trabajando allí porque no tienen más, otras de ellas han ido a buscar trabajo y mejores condiciones en otro lado, pero muchas personas no tenían cédula de identidad, ni siquiera registro de nacimiento, también muchos niños estaban en esa situación.

Es muy difícil que estas personas pudieran encontrar trabajo o acceder a escuelas. Los niños sin registro de nacimiento y con padres sin registro de nacimiento, es muy difícil que tengan acceso a educación, un centro educativo jamás les va a dar un cupo para estudiar, y un centro de salud va a pedir siempre la cédula. Es una situación bien complicada.

—Este año usted recibió el premio Front Line Defenders para Personas Defensoras de Derechos Humanos en Riesgo, ¿para qué le sirve este reconocimiento a su lucha? ¿Cumple con el objetivo de informar a la comunidad internacional sobre el caso?

—Yo lo tomo así. Este premio lo he recibido en Dublín y estoy muy agradecido, porque me identifican como un luchador, como un defensor de los derechos humanos. Mi comunidad también está muy agradecida. Sirve para que otras empresas que operan de estas formas, sepan que no estamos abandonados, que hay personas que seguimos luchando por nuestras comunidades. Sirve para que los errores que suceden en otras empresas se den a conocer. En todo el sector del agro uno se queda impresionado: así como nos utilizan a nosotros, hay más empresas que también utilizan a las personas y ellas están sufriendo lo mismo que nosotros.

—¿Cuál es su exigencia para el gobierno ecuatoriano?

—Como gobierno que es, creo que tranquilamente puede identificarnos a las más de mil personas afectadas como trabajadores, exigimos que también ponga su grano de arena ya. Basta ya. Siempre nos han tenido ocultos. El Estado debería visibilizar las cosas como son, que ya no nos ignore, porque también somos seres humanos. El Estado se tiene que poner la mano en el pecho y decir: “vamos a solucionar este problema”, porque la empresa se puede quedar dormida, pero el gobierno tiene que levantar su voz.

*Imagen principal: Segundo Ordóñez, campesino abacalero galardonado con el Premio 2023 para Personas Defensoras de Derechos Humanos en Riesgo, de la organización Frontline Defenders. En la imagen, muestra la fibra de abacá. Foto: Frontline Defenders

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