Días atrás se conoció que el exjefe de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), Salvatore Mancuso, fue nombrado al frente de esa responsabilidad.
Varios exmiembros del extinto grupo paramilitar Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) pidieron ser gestores de paz como parte del cierre del proceso de desmovilización que inició el expresidente Álvaro Uribe durante su mandato (2002-2010).
La Oficina del Alto Comisionado para la Paz publicó un comunicado donde respondió que las solicitudes “se encuentran en estudio” y que las decisiones que se tomen deben “respetar la autonomía del sistema judicial” y los acuerdos de cooperación con otros países.
Este pedido surge días después de que el presidente de Colombia, Gustavo Petro, informara sobre la designación como gestor de paz del exjefe paramilitar Salvatore Mancuso, uno de los antiguos cabecillas de las AUC, desmovilizadas en 2006.
En el texto se afirma que Bogotá “está analizando cada uno de estos casos a la luz del derecho internacional”.
¿Qué se les exige a los candidatos a gestores de paz?
Como parte de los acuerdos humanitarios, cada exparamilitar que aspira a ser gestor de paz “deberá asumir compromisos de reconocimiento de responsabilidad e identificación en el despojo de tierras y desapariciones forzadas“.
Con esta decisión se busca que haya “esclarecimiento y reparación” de las “conductas punibles” de los exintegrantes de las AUC, entre las que se encuentran homicidios, masacres, narcotráfico, sobornos, extorsiones, entre otros.
En cuanto a sus aportes, se les notifica que “serán tenidos en cuenta en el diseño de procesos de paz que buscan la dejación colectiva de armas y la transición al Estado de derecho con garantías de no repetición”.
Respeto por las decisión judiciales
En el texto se aclara que desde julio pasado, Mancuso expresó públicamente su “convicción de contribuir a la agenda de la paz total y su disposición para cumplir con las tareas propias de una gestoría de paz”.
Esto ocurrió luego de que en mayo participara en varias audiencias de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) donde se buscaba el esclarecimiento de los crímenes en los que habrían participado los exparamilitares.
Ante las críticas de sectores opositores, en el escrito se afirma que el anuncio hecho por Petro “respeta las decisiones judiciales adoptadas por los tribunales de justicia y paz”.
Al mismo tiempo, se afirma que la presencia de Mancuso en Colombia “es imprescindible“. Esto debido a que se encuentra en una cárcel estadounidense.
Por ello, los Ministerios de Justicia y de Relaciones Exteriores “activarán los mecanismos diplomáticos necesarios” para conseguir su extradición a Colombia.
Seguridad de los exparamiliares
En el comunicado también se afirma que el Gobierno “adoptará las medidas necesarias para garantizar la seguridad de todos los exmiembros de las AUC que eventualmente sean designados como gestores de paz“.
Este énfasis se hace debido a que esta garantía no ha sido cumplida por el Estado colombiano tras la firma del Acuerdo de Paz con las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), en 2016. Hasta la fecha, 389 firmantes del tratado han sido asesinados.
Asimismo, la Oficina del Alto Comisionado para la Paz se compromete a hacer el seguimiento de los compromisos adquiridos por los gestores de paz y advierte que “cualquier incumplimiento motivará la revocatoria de estos roles“.
En el texto también se rechaza “cualquier tipo de presión, intimidación o amenaza” contra magistrados, jueces o fiscales.
Por otro lado, se hace un llamado a los grupos armados Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), conocidas como Clan del Golfo, y Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN), “para que escuchen a las víctimas y al pueblo colombiano sin condiciones: no más terror, zozobra y desesperanza“.
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