MULTIRUBRO. Órganos del crimen organizado se fortalecieron en empresas, bancas y hasta iglesias. Los IMPLICADOS. Esquema de lavado cuenta con nexos con senadores, diputados, ministros y fiscales.
Como una industria que mueve cantidades exorbitantes de dinero, las organizaciones criminales muestran su poder para infiltrarse y hasta remodelar las actividades comerciales locales permeando de igual manera en el Estado, las empresas y la política.
En los últimos operativos ligados a las organizaciones de Jarvis Chimenes Pavão y Sebastián Marcet, Pavo Real y A Ultranza Py, se socializó una red amplia que ennumeró por igual a empresarios de la industria, agroganadería, construcción y funcionarios del gobierno desde directores hasta mandos medios. La red está presente en cooperativas, asociaciones de fútbol, licitaciones públicas y hasta iglesias, igual parece ser una ínfima muestra de los hilos que todavía quedan por estirarse y que tensarían a altos referentes de la sociedad.
Asimismo, no hay que olvidar los casos de policías detenidos porque pasaban informes a las organizaciones criminales
EN EL SENADO
Este viernes el Tribunal de Apelación Especializado confirmó la imputación por lavado de dinero y asociación criminal contra Erico Galeano Segovia. La Fiscalía pidió que sea despojado de sus fueros por indicios de que Galeano estaría vinculado al caso A Ultranza Py, luego de un allanamiento realizado en la ciudad de Altos, donde se encontró una boleta de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), a su nombre en su época de diputado. La propiedad sería parte de una supuesta simulación de venta.
MINISTROS
El ex ministro de la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN), Joaquín Roa, imputado por supuesto lavado de dinero, cohecho pasivo agravado y soborno, en la Penitenciaría de Tacumbú, tras conocerse sus vínculos con el empresario Alberto Koube, sindicado como el líder de una organización criminal e investigado en el operativo A Ultranza.
EN EL FÚTBOL
Con el operativo A Ultranza Py en marzo de 2021 que sumó más de 90 allanamientos y puso foco en Sebastián Marset, un uruguayo radicado en Paraguay desde 2020, conocido como productor musical con una pintoresca carrera en un club de intermedia, el Deportivo Capiatá. Marset, jefe y principal testaferro de una cantidad innumerable de empresas y propiedades, era en tanto también un modesto jugador del club donde era dirigente el diputado Erico Galeano. Marset jugó cuatro partidos y ostentó la camiseta número 10. Para llegar prometió unos G. 100 millones que vendrían de la marca Total Cards como publicidad. El pago, según el vicepresidente del Club no llegó a concretarse.
El fútbol también sonó con una gran carga. El ex dirigente deportivo, Diego Benítez, fue imputado por tenencia, tráfico y comercialización de sustancias estupefacientes, tras el decomiso de 16.000 kilos de cocaína incautados en un puerto de Hamburgo, Alemania, febrero del 2021. La droga estaba oculta en latas de Pinturas Tupa SA.
EN LA COOPERATIVA
Con la imputación del ex diputado Juan Carlos Ozorio, en el caso A Ultranza Py, el mismo fue desaforado tras la publicación en redes sociales de audios con uno de los principales líderes del Comando Vermelho, Carlos Alberto de Lima Da Silva, alias Cascao. En uno de los audios se escucha que supuestamente el diputado habría pagado a la Policía Nacional por la liberación de uno de sus socios con alias Kanguru la suma de USD 8.000 y el detenido debía completar unos USD 2.000 más. Tras el escándalo, la investigación se centró en el papel de Ozorio al frente de la Cooperativa San Cristóbal, donde el legislador y su clan ejecutó unos 1900 créditos irregulares. Además Ozorio, se hizo con G. 18.740.262.956 entre 2014 y 2022, a través del descuento de cheques, según los datos de Incoop. Juan Carlos Ozorio Godoy, Juan Carlos y José Mauricio Ozorio Admen, también movían montos significativos, entre préstamos y transferencias. A esto se suma que el pastor José Insfrán, alías Tío Rico y su clan recibieron préstamos por G. 14.400 millones.
PROVEEDORES DEL ESTADO
Con el operativo Pavo Real (2023) se conocieron a las firmas ligadas a Jarvis Chimenes Pavão. La organización que según la imputación de la Fiscalía se sustenta con compra y arrendamiento de propiedades, ganado y firmas de maletín de diversos rubros logró ingresar como proveedor del Estado.
El Ministerio de la Defensa Pública alquiló como sede de sus oficinas de Pedro Juan Caballero, por cinco años, un inmueble ligado a esquema de lavado del grupo criminal, por más de G. 800 millones. La propiedad figura a nombre de la empresa Group Emprendimientos, representada por Jorge Fernando Mora Galeano, aprehendido en el operativo Pavo Real. La operación se realizó desde el 2015 al 2018, con contratos firmados por las defensoras Noyme Yore y Selva Morel de Acevedo. El inmueble figuró, además, como sede en la constitución de la firma Crefisa, inscripta por el hermano de Pavão y Mora Galeano.
Además, las empresas Itapopó Materiales de Construcción SA y Vivito Ferretería firmaron repetitivos contratos con la comuna pedrojuanina en los años 2014, 2019, 2022 y 2023 por G. 765.930.500. La última adjudicación fue en mayo pasado y está vigente hasta diciembre de este año.
Itapopó Materiales de Construcción SA, representada por Olga Elena Reichardt de Souza y Alexandre Reichardt de Souza, ambos imputados por el Ministerio Público en el marco del operativo Pavo Real, fue beneficiada con adjudicaciones. Según la imputación, Olga y Alexander, madre e hijo, junto a Amilcar Battaglin de Souza, esposo y padre de los anteriormente mencionados, realizarían venta de inmuebles y llevarían la titularidad de empresas en Paraguay y Brasil que operan para mover capitales del crimen organizado.
METROBUS
En el Operativo Cali (2021), antesala de A Ultranza Py, cayó Juan José Dubini Franco, como responsable del megacargamento de cocaína de más de 3 toneladas de cocaína. Dubini fue adjudicado por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) en el 2016, con un contrato por G. 1.110.130.449, que establecía que realizaría una consultoría ambiental con su firma I.V. Ingenieros Consultores SA, cuyo rastro aún se encuentra en el portal de Contrataciones Públicas. El estudio que no se concluyó así como el Metrobús fue abonado en su totalidad. A Dubini Franco se lo ligó además con el clan González Daher con relación al sistema de estafa con préstamos y cheques. En audios filtrados, replicados en una serie de artículos de Última Hora se descubrieron nexos de los Dubini con Mauricio Schwartzman, empresario asesinado en barrio Jara en setiembre de 2021, y ligado al Operativo A Ultranza por el Ministerio Público.
CON LA FE
Como hombres principales de Ultranza Py, se encontró al Pastor José Insfrán más conocido como Tío Rico. Insfrán operaba a través de múltiples propiedades y entre ellas la iglesia Centro de Convenciones Avivamiento. Las autoridades señalaron que las propiedades intervenidas estarían vinculadas al clan Insfrán y serían parte del patrimonio forjado con base en el lavado de activos provenientes del narcotráfico.
La iglesia ganaba cada vez más adeptos porque repartía dinero, el cual sería producto del narcotráfico y presuntamente lavado de dinero y tráfico de drogas enviadas a Europa y África.
COMERCIO AGRÍCOLA
Cargamentos de cocaína se cuelan en negocios emergentes. En ese sentido, entre tantos se cuentan dos importantes cargas. En el 2020, el caso de Cristian Turrini y Jacquet Ayala, representantes de la firma 3A, imputados como responsables del envío de 2.906 kg de cocaína incautada en bolsa con carbón vegetal en el puerto Terport, en el año 2020.
Mientras que en el 2021, con la promoción y en camino de mejores políticas para la exportación del azúcar orgánica, donde Paraguay se posiciona como primer exportador a nivel mundial. Juan José Dubini y Juan José Dubini Verdún utilizaron los canales para contaminar la carga con 3.417 kilos de cocaína. En audios filtrados a los que tuvo acceso ÚH, se constató que la organización tenía pensado utilizar las facilidades para el sector valiéndose además de “canal verde” estatus para productos que permite menor trámite que evita controles para su paso por Aduanas.
CON LA JUSTICIA
En el reciente operativo Pavo Real, como golpe a Pavão, fue detenido Daniel Montenegro Menesez, esposo de la fiscala Katia Uemura, de Pedro Juan Caballero. Uemura cuenta con acusaciones desde su desempeño como representante del Ministerio Público. Otro de los detenidos en el operativo Pavo real fue Carlos Oleñik Memmel, ex presidente de Pasfin SA, ligado a las firmas Annuaki, Cepagro y Arenales. Oleñik afronta causas por terrorismo financiero y esquema de estafa para cobro irregular de cheques similar al esquema de González Daher con quien se lo relaciona. En las causas del ahora aprehendido se observaron irregularidades. La fiscala Esmilda Álvarez fue llevada ante el Jurado de Enjuiciamiento por llevar adelante una demanda de Oleñik contra sus acreedores, incluso cuando su hija trabajaba para una de las empresas del demandante.
Operativos revelaron influencia del crimen organizado en el país
En colaboración con países vecinos, la Senad y el Ministerio Público revelaron redes de lavado de dinero al servicio del narcotráfico como parte del crimen transnacional. La caída de supuestos empresarios exitosos se hizo más frecuente de 2020 a 2023, con la seguidilla de intervenciones que dieron con megacargamentos, donde los principales protagonistas provenían del sector privado con nexos fortalecidos con diputados, senadores y hasta ministros. Cali, A Ultranza Py y Pavo Real son algunos de los procesos que sirven de muestra de un sistema infiltrado en toda la sociedad.
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UH
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