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Sáb. Nov 2nd, 2024
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Un grupo de personas compra frutas y vegetales traídos por productores del interior del país en Caracas (Venezuela).

Los agricultores se debaten entre la falta de combustible, problemas de vialidad, ineficiencia en sistemas de refrigeración. Los que protestan pueden ser acusados de ‘boicot’ y condenados a penas de hasta 15 años de cárcel.

La escasez de combustible y la «alta deficiencia» de sistemas de refrigeración son algunos de los problemas que afrontan los agricultores de Venezuela, que no pueden transportar sus productos para venderlos, ni conservarlos por largo tiempo, lo que deriva en pérdidas insostenibles, según la Confederación de Asociaciones de Productores Agropecuarios (Fedeagro).

Ante esta situación, dos agricultores arrojaron a un río sus cosechas de tomates y zanahorias en señal de protesta por la falta de medios, un hecho que provocó la detención de ambos por violar la Ley de Precios Justos, un delito que en el país está considerado como «boicot», según explicó el fiscal general, Tareck William Saab.

El artículo 53 de esta ley establece que quienes lleven a cabo acciones o incurran en omisiones que impidan de manera directa o indirecta la producción, fabricación, importación, acopio, transporte, distribución y comercialización de bienes, así como la prestación de servicios, serán sancionados con prisión de hasta 15 años.

No obstante, tras numerosas críticas en redes sociales y peticiones de libertad para los productores agrícolas, identificados como Jhonar Barazarte e Ysnet Rodríguez, fueron liberados días después.

Si bien el castigo no pasó a mayores, sienta un precedente que preocupa al sector agrícola, así como a organizaciones defensoras de los derechos humanos, como Espacio Público, que considera que las detenciones son «una consecuencia directa de su protesta, lo que implica una violación del derecho a la libertad de expresión y a la manifestación pacífica».

Escasez que abona a la frustración

El presidente de Fedeagro, Celso Fantinel, dijo que los agricultores quisieron, únicamente, mostrar una problemática ante la imposibilidad de transportar la cosecha que, en el caso de las hortalizas y frutas, se dañan «más rápidamente», por lo que no procede aplicar penas de cárcel.

«¿Cómo van a enjuiciar a un productor, que son muy pequeños (…) que muchas veces llevan su producción a su casa, la resguardan y ante no poderla vender, no poderla cargar por falta de gasolina o diésel, se les daña?», preguntó.

Fantinel añadió que, ante la escasez de combustible en diversas regiones del país, el litro se está revendiendo a un precio de entre dos y tres dólares, y no a 50 centavos de dólar como ha sido establecido oficialmente por el Ejecutivo en el año 2020.

«Todos los gastos, todo lo que ocurre es consecuencia y gracias a ellos (agricultores) y muchas veces van a perder dinero, van a gastar gasolina porque cuesta dos o tres dólares. Esa sumatoria de frustración y rabia, posiblemente, los llevó a hacer esos vídeos», apuntó, en referencia a las imágenes colgadas en redes sociales, donde se ve a los hombres arrojar sus cosechas al río.

Además, señaló que en Venezuela hay una «alta deficiencia» en la cadena de frío para poder mantener las hortalizas y frutas conservadas por mayor tiempo, por lo que urge sacarlas a la venta lo antes posible.

Agregó que el dejar cosechas en el campo o tirarlas, porque no cubren los costos de producción o por un tema de oferta y demanda, no es algo punible y es una práctica común en otros países.

Soluciones a medias

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció el pasado 22 de junio la creación de un fondo especial para el financiamiento de pequeños agricultores, así como un plan para solucionar las principales necesidades en materia de vialidad, que les permitan transportar sus cosechas.

Sostuvo que es necesario resolver los «temas de logística» que se presenten porque el alimento «tiene que ser producido para que llegue a la mesa del hogar venezolano».

El presidente de Fedeagro sostuvo que la escasez de gasolina en el campo se ha registrado desde hace, al menos, una década, empezando por el estado andino de Táchira, y que se ha extendido a otros estados.

En muchas ocasiones, prosiguió, ha habido reuniones con funcionarios de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) que logran enviar un camión cisterna a los poblados agricultores, pero «muchas veces pasan dos o tres meses sin llevar combustible».

Fantinel enfatizó en que no está en riesgo el abastecimiento de alimentos, pero advirtió que la falta de combustible se suma a otras problemáticas, como fallas eléctricas, de agua, inseguridad y de controles policiales en las carreteras, donde se les exige comida o dinero a los productores para poder continuar su camino.


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