El crimen organizado, el contrabando y el narcotráfico tomaron siete poblaciones fronterizas de Bolivia: Desaguadero, Pisiga, Yacuiba, Puerto Suárez, Puerto Quijarro, San Matías y Cobija. Legisladores, empresarios y autoridades advierten la urgencia de tomar el control de estas zonas y el Gobierno apunta al Plan Frontera Segura.
“En todas nuestras fronteras hay una falta de control, una comisión de la Cámara de Diputados se prestó para hacer este análisis. Todas las fronteras de Bolivia, por ejemplo del Beni, son regiones alejadas, donde no hay condiciones de trabajo, de salud, etc.”, manifestó el senador de Comunidad Ciudadana (CC) Walter Justiniano.
Bolivia colinda con cinco países: Brasil, Paraguay, Argentina, Chile y Perú. En más de 6.900 kilómetros de frontera están asentados 72 municipios. Ocho de éstos son puntos fronterizos muy importantes para el flujo comercial y poblacional, lo que los hace vulnerables a diferentes tipos de ilícitos.
Las organizaciones de contrabandistas en la frontera con Perú, las al menos 19 ejecuciones a manos de sicarios en cuatro ciudades fronterizas con Brasil y los miles de vehículos robados que son internados por la frontera con Chile, son muestra de que el crimen campea en estas poblaciones.
Sicarios en frontera con Brasil
Desde enero de 2022 hasta la fecha se registraron al menos 19 ejecuciones relacionadas al narcotráfico en cuatro localidades bolivianas fronterizas con Brasil: Cobija, San Matías, Puerto Suárez y Puerto Quijarro.
La población con más casos es San Matías, en Santa Cruz. Colindante con la localidad brasileña Cáceres acumula 12 muertes violentas a manos de sicarios. Según la Policía, la mayoría de los casos estaban relacionados al narcotráfico.
El 19 de enero de 2022, dos personas a bordo de una moto acribillaron al ciudadano brasileño Everton Gómez da Silva con 17 tiros. El 11 de agosto, su compatriota Vinicius Bernardinelli fue asesinado con 11 disparos y 12 días después, Alexander Mota da Silva tuvo el mismo fin.
Un mes después, Rosauro Maturana, de origen brasileño, fue abatido a disparos frente a una carnicería. Los cuatro estaban relacionados con el Primer Comando de la Capital (PCC), una de las organizaciones criminales más grandes de Brasil.
El 11 de septiembre, un grupo de personas irrumpieron en un local de pelea de gallos y dispararon contra tres personas. Dos perdieron la vida: Fabiano de Souza y José Shriqui Rapp.
El 10 de septiembre, Weslin Ferreira, de 19 años, fue hallado muerto, descuartizado y calcinado, mientras que el 29 de julio Jorge Franza Parabá fue asesinado con ocho disparos. En diciembre se registró un doble asesinato en una carnicería.
“En mi departamento y en la frontera, cada vez hay más asesinatos a sangre fría. Es momento de que las instituciones correspondientes empiecen a pensar en medidas más drásticas”, manifestó el diputado del MAS Ányelo Céspedes.
El primer asesinato de 2023 ocurrió el 18 de febrero, en pleno corso carnavalero. La víctima fue identificada como Roly Aguilar Paina, quien fue ejecutado por dos sujetos armados. El 19 de marzo, Erwin Surubí Vaca fue asesinado con seis disparos.
En Puerto Suárez y Quijarro
“El tema es muy delicado. No podemos negar que estamos en una zona fronteriza que puede acarrear este tipo de problemas. Ya hay atención del Gobierno, ha mandado más efectivos policiales. No tengo conocimiento de que haya la presencia de cárteles de narcotráfico en gran magnitud”, dijo el alcalde de Puerto Suárez, Mauricio Montero.
Esta ciudad fronteriza de Santa Cruz colinda con Corumbá en Brasil. En octubre de 2022, el brasileño Claudio Enrique Olartechea, miembro del PCC, fue acribillado con 12 disparos. En Brasil enfrentaba 21 procesos penales por asesinato y narcotráfico, entre otros delitos.
En el municipio de Puerto Quijarro, también colindante con Corumbá, el 2 de abril de este año dos sicarios ejecutaron a dos personas en las puertas de una rockola. Una de las víctimas fue identificada como Fernando Panoso Rojas, mientras que el segundo es un ciudadano brasileño que no fue identificado.
Según los pobladores, el sicariato se hace cada vez más común. Como muestra cuentan que la noche del 7 de mayo, un hombre de 62 años fue acribillado con al menos nueve balas que fueron disparadas por dos hombres que estaban en una moto.
“Casi hemos duplicado la presencia policial, no solo en San Matías, sino también en Puerto Suárez y Puerto Quijarro, si es necesario enviar más lo vamos a hacer, las distancias que hay entre estos municipios son abismales y requieren de un mayor esfuerzo”, indicó el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo.
Cobija y el Comando Vermelho
Cobija, en Pando, colindante con Brasilea, es otra de las poblaciones fronterizas en la que el crimen organizado y los cárteles del narcotráfico están en avance. En este lugar se identificó la presencia del Comando Vermelho, grupo que se disputa el control de la frontera entre Bolivia y Brasil con el PCC.
En 2022, tres de las ejecuciones registradas fueron vinculadas al narcotráfico. El 11 de julio, Pablo Marigua, estudiante universitario de medicina, fue asesinado al ser confundido por su victimario con otra persona vinculada al volteo de droga.
Unos 10 días después, Pedro Gómez, ligado al PCC, fue acribillado cuando iba como pasajero en un vehículo con placa brasileña, pese a que debía estar cumpliendo una detención domiciliaria por narcotráfico.
El 2 de agosto, Marvin Pereira, de 19 años de edad, fue acribillado al interior de su vivienda. El médico forense evidenció seis impactos de bala. Durante las investigaciones sobre este asesinato, la Policía identificó a cuatro implicados que fueron reclutados por el Comando Vermelho. Uno de ellos también fue vinculado al asesinato de Marigua.
“Cada vez es más frecuente” “La gente no habla por temor”, refieren los vecinos de este municipio, que hace algunas semanas realizó un encuentro entre autoridades locales y de Brasil para tratar estos temas.
Uno de ellos cuenta que el encuentro es importante, porque los criminales pasan de un lado al otro. Relata que el pasado 7 de junio, en Cobija un joven que cumplía una detención domiciliaria, bajo custodia de dos guardias, fue baleado por dos sicarios brasileños. “No le han dado y logró escapar”.
Pisiga, tráfico de autos robados
Bolivia y Chile comparten 800 kilómetros de frontera. A diferencia de los 420 kilómetros de tierra boscosa que se comparte con Brasil, esta región es altiplánica, casi desértica.
A lo largo de esta frontera, según datos del Viceministerio de Lucha contra el Contrabando, hay más de 50 rutas ilegales que atraviesan los salares de Uyuni, de Coipasa y el municipio de Pisiga (colindante con Colchane en Chile). Por ellas circulan redes de contrabandistas y de traficantes de autos chutos y robados. Y no es que en esta frontera no exista el narcotráfico o la trata, sino que el ingreso ilegal de vehículos es mayor que en otras zonas fronterizas.
La presidenta ejecutiva de la Aduana Nacional de Bolivia, Karina Serrudo, señaló que durante la gestión del presidente Luis Arce se decomisaron más de 6.300 vehículos ilegales que circulaban en territorio nacional. De éstos, más de la mitad ingresaron por Chile.
“Ingresan por las fronteras con los cinco países limítrofes, de manera clandestina, con una placa clonada. Pero la mayor cantidad son de Chile y es porque allá existe un alto índice de robos de vehículos”, indicó.
Bolivia es considerado un mercado de autos ilegales usados que llegan desde Asia a puertos chilenos. Desde ahí son contrabandeados hacia el país junto a los autos robados. Uno de los ingresos preferidos es Pisiga.
Muchos de los coches son intercambiados con droga por mafias que operan en los dos países, según el “Informe Mundial sobre Cocaína 2023” de la Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito (Unodc).
“Los vehículos robados se suelen desensamblar en piezas de repuesto para venderlas al otro lado de la frontera. Como señalan fuentes mixtas, esta actividad parece generar colaboraciones ocasionales entre contrabandistas de vehículos y traficantes de cocaína, que intercambian pequeñas cantidades por vehículos robados. En Chile también han proliferado los grupos delictivos que compran vehículos con dinero en efectivo de origen ilícito y luego los venden en Bolivia para blanquear los ingresos por tráfico de armas y drogas”, sostiene el documento.
Del Castillo detalló que entre 2021 y 2023, de los 122 vehículos robados recuperados por la Policía Boliviana y que fueron devueltos a los países limítrofes, 52 pertenecían a Chile. En el caso de la Aduana, de los 11 vehículos devueltos, ocho pertenecían al país vecino.
Pero éste no es el único problema en esta región. Pisiga es uno de los pasos con gran flujo migratorio venezolano y haitiano. Al estar en el corazón de Sudamérica el país es un puente obligado para las diferentes olas de migrantes. Con ello también aparecen otro tipo de crímenes y vulneraciones, como la trata, que hace del país un territorio hostil y riesgoso.
Desde la pandemia, entre Pisiga y Colchane, se identificaron organizaciones criminales que conducen a grupos de personas para que crucen la frontera de forma ilegal a cambio de dinero. Similares a los “coyotes”, en Bolivia se los denomina “zorros andinos” o “trocheros”.
Estas personas lucran con la vida de los migrantes, ofrecen el ingreso a Chile por pasos ilegales de Pisiga y sin requisitos. Sin embargo, en muchos casos sus víctimas son abandonadas en la pampa, asaltadas o ultrajadas, según una investigación que realizó el Servicio Jesuita a Migrantes de El Alto.
En marzo pasado, el presidente chileno Gabriel Boric reprochó una “falta de cooperación” de Bolivia para frenar la migración ilegal a Chile. Arce descartó un acuerdo bilateral, ya que -dijo- están involucrados varios países de la región.
Página Siete.
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