El GAFI denunció los vacíos legales que atraen a las mafias y reveló que una de las redes aún vulnerables son los bufetes de abogados.
Si en 2019 un informe de la sociedad de análisis Kroll ya calificaba a Brasil como el primer país del mundo en lavado de dinero en los últimos años lamentablemente la situación no ha mejorado. La última inspección internacional del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), creado por iniciativa del G7 en 1989 para combatir el lavado de dinero y la financiación del terrorismo, ha mantenido la alerta sobre Brasil. En particular, según el informe del GAFI, una de las redes aún vulnerables son los bufetes de abogados brasileños. Según Transparencia Internacional, “hay una falta de regulación contra el blanqueo de dinero en este sector”.
La protección del derecho de defensa garantiza a los abogados brasileños el secreto sobre las relaciones profesionales con los clientes y también sobre las transacciones realizadas para ellos. Según Transparencia Internacional y el Grupo de Acción Financiera Internacional muchos criminales se aprovechan de esta “vulnerabilidad” del sistema para blanquear dinero, sin que se pueda comprobar e intervenir. Por eso el GAFI en su última inspección volvió a instar a la Orden de los Abogados de Brasil (OAB) a trabajar por una mejor regulación, pero las dos entidades ni siquiera han conseguido reunirse. El problema no es nuevo; ya había surgido en una inspección anterior, en 2009. Entre los grupos criminales que más se aprovechan de esta vulnerabilidad, el principal es el Primer Comando de la Capital (PCC).
“Brasil necesita golpear duro al sistema que posibilita las operaciones de lavado de dinero del PCC, incluyendo abogados, banqueros, contadores, miembros de sociedades anónimas y otros prestadores de servicios profesionales”, explica a Infobae David Luna, uno de los más reconocidos expertos mundiales en economías ilícitas y Senior Fellow de Seguridad Nacional del Centro sobre Terrorismo, Crimen Transnacional y Corrupción de la Universidad George Mason, en Washington. Según los expertos, los abogados deberían reportar las transacciones financieras realizadas en nombre de sus clientes al Consejo de Control de
Actividades Financieras, el COAF, que es la autoridad central del sistema de prevención y lucha contra el lavado de dinero y que desde ayer volvió a depender del Banco Central. Sin embargo, según Transparencia Internacional, falta esta voluntad. Según el diario Folha de São Paulo, la OAB no ha votado para adaptarse a la legislación contra el blanqueo de dinero. Según denuncia Transparencia Internacional, Brasil es uno de los pocos países del G20, junto con Estados Unidos, Australia y Canadá, que no respeta los principios de transparencia en el sector de los bufetes de abogados. Las operaciones de la policía federal lamentablemente lo confirman, desde la Operación Anaconda en 2003, que destapó una trama de venta de sentencias judiciales cuyos beneficios acabaron en bancos suizos, hasta la Operación E$quema S en 2020, que acusó a un grupo de abogados de corrupción.
Sin embargo, el V Congreso Internacional organizado la semana pasada por el Instituto de Prevención y Combate al Lavado de Dinero y Financiación del Terrorismo (IPLD) en São Paulo muestra que el tema es mucho más complejo y afecta a muchos sectores de la sociedad brasileña. Con el crecimiento exponencial del narcotráfico en los últimos años – según el sitio de noticias UOL el PCC ha pasado de manejar 6 millones de reales en 2004, 1,2 millones de dólares, a 1.000 millones de reales (200 millones de dólares) en 2019 – para los principales grupos criminales de Brasil el lavado de dinero se ha convertido en una actividad esencial. “Desde las zonas francas en Paraguay o Brasil, por ejemplo en Manaos, hasta el lavado de dinero a través de actividades comerciales o el sistema clandestino Hawala para transferir fondos sin mover físicamente el dinero utilizando referentes in situ, el PCC utiliza numerosos métodos para lavar las ganancias de sus crímenes”, explica David Luna a Infobae. “El PCC reinvierte ese dinero en inmuebles, haciendas, ganado, oro y hasta iglesias”.
La minería ilegal se ha convertido en uno de los sectores más codiciados por el crimen organizado debido a su enorme potencial para el lavar dinero. Bernardo Mota, presidente del IPLD dijo a Infobae que “Las mayores vulnerabilidades están en la cadena de producción de metales y piedras preciosas, ya que no existe un adecuado control e inspección en la exploración, producción y comercialización de metales y piedras preciosas en estado bruto. El mayor control está en la identificación y comercialización de joyas al final de la cadena. Además, poco se hace ante los delitos medioambientales que conlleva la exploración de metales y piedras preciosas, como la deforestación y la extracción ilegal”.
Aunque la cuestión de la Amazonia legal es un caballo de batalla del actual gobierno, faltan leyes adecuadas para garantizar esta legalidad. Para el juez Fausto De Sanctis, del Tribunal Regional Federal, que lleva años al frente de la lucha contra el blanqueo de dinero y la corrupción, “la ley contra el blanqueo de dinero no tiene artículos específicos sobre delitos medioambientales. Sólo hay un comunicado del Banco Central de 2020 que dice que hay que actuar ante la sospecha de blanqueo de dinero en operaciones atípicas en municipios y regiones donde hay minería. Además, no hay comunicación entre los datos ambientales y los de inteligencia financiera, lo que dificulta encontrar indicios de lavado de dinero asociado a delitos ambientales”. En la reciente carrera por lo ecológicamente correcto, el greenwashing – es decir cuando la sostenibilidad se utiliza como fachada para encubrir actividades contaminantes o, en algunos casos, ilegales – es un riesgo cada vez más presente.
Es el caso, por ejemplo, de la madera ilegal brasileña y principal causa de deforestación en la Amazonia. Llega a Europa ‘limpia’ gracias a documentación falsa que garantiza un origen legal. “De nada sirve incautar madera si no se combate el problema de raíz – explica De Sanctis – que es la corrupción de quienes proporcionan la documentación falsa, que son los organismos gubernamentales, los políticos. Y estamos perdiendo toda la estructura anticorrupción brasileña”. De hecho, los primeros meses del gobierno Lula echaron por tierra por completo la Lava Jato, la operación que se inició de una casa de cambio en una gasolinera de Brasilia en la mira de los investigadores por blanqueo de dinero, golpeó al Partido de los Trabajadores (PT) del Lula, que también fue a la cárcel, pero luego se extendió a otros 33 partidos mostrando cómo la corrupción era un cáncer endémico que corroía todo Brasil.
Esta semana, la decisión de Lula de nombrar juez del STF a Cristiano Zanin, el abogado que le defendió en el caso Lava Jato, ha creado polémica, entre otras cosas porque, según denuncia el diario Estado de São Paulo, Zanin no tiene el mejor currículum para ocupar el cargo, ya que no es profesor universitario de Derecho ni un jurista de renombre, como exige el artículo 101 de la Constitución brasileña. Para Transparencia Internacional, el nombramiento de Zanin “contradice los compromisos internacionales de Brasil sobre la independencia del poder judicial, viola el principio constitucional de impersonalidad y traiciona su promesa de salvar las instituciones democráticas”. El reciente cese de mandato como diputado federal de uno de los fiscales de la operación Lava Jato, Deltan Dallagnol, también ha creado polémica.
Por no hablar de la autoridad central del sistema de prevención y lucha contra el blanqueo de dinero, el COAF, al que el Supremo Tribunal Federal (STF) retiró el poder de realizar investigaciones. Sólo puede transmitir información y ha sido objeto de acalorados debates políticos en los últimos meses. Ayer mismo caducó la medida provisional votada por Lula para trasladar el COAF al Ministerio de Economía, una decisión criticada porque creaba una situación paradójica en la que el controlador era gestionado por los controlados. Ahora el COAF volvió a estar bajo la gestión del Banco Central. Según el diario Folha de São Paulo el gobierno Lula ha diluido el sector dedicado a la lucha contra la corrupción de la Contraloría-General de la Unión (CGU), el órgano del Poder Ejecutivo Federal responsable por hacer auditorías y fiscalizaciones. La Secretaría Anticorrupción se cerró y la Dirección de Operaciones Especiales se convirtió en una unidad de coordinación ubicada dentro de la oficina de otra estructura. La Dirección de Operaciones Especiales, que formaba parte de la secretaría suprimida, se ocupaba de las investigaciones contra la malversación y el uso indebido de recursos públicos. Oficialmente la CGU afirmó que, incluso con el cambio, la función anticorrupción “impregna todo el trabajo de la Contraloría General”. Sin embargo los funcionarios entrevistados por Folha de São Paulo afirmaron que la cuestión ha pasado a un segundo plano.
Lamentablemente este escenario general también atrae a criminales extranjeros. Mafias como la “ndrangheta” italiana llevan mucho tiempo blanqueando su dinero en la construcción de complejos turísticos y proyectos inmobiliarios en el nordeste de Brasil y, más recientemente, en São Paulo. Por no hablar de los grupos terroristas. En julio 2022 Paraguay extraditó a Estados Unidos al brasileño de origen libanés Kassem Mohamad Hijazi. Según el Tesoro americano la red de lavado de blanqueo de Hijazi opera a escala mundial desde 2017, “con la capacidad para blanquear cientos de millones de dólares”. Como revelado por el think tank de Washington Fundación para la Defensa de las Democracias, un cable diplomático de los EEUU de 2005 denomina a Hijazi como “principal recaudador de fondos y activista de Hezbollah, que apoya actividades relacionadas con el terrorismo de Hezbollah”. Hijazi utilizaba empresas de importación y exportación para trasladar mercancías desde Estados Unidos y venderlas en América Latina. Para evitar ser detectado, transfería los valores de las transacciones a través de agencias de cambio y bancos de Ciudad del Este a Estados Unidos, China, Hong Kong y otros lugares del mundo desde 2017. La investigación indica que el hombre movía ingresos ilícitos por todo el mundo con una red de empresas de fachada.
David Luna explica a Infobae que “el tráfico ilícito por parte de Hezbollah y redes similares a la Triple Frontera, la zona entre Argentina, Paraguay y Brasil, ha aumentado significativamente en los últimos años. Las actividades delictivas incluyen tráfico de armas y drogas, especialmente cocaína, falsificación, contrabando de productos ilícitos y mercancías pirateadas, lavado de dinero y otras actividades delictivas. Todo ello está contribuyendo a aumentar la corrupción, la violencia y la inseguridad en Brasil, Argentina, Paraguay y en toda la región. Hezbolá es ahora capaz de construir un ecosistema global de financiación ilícita que incluye la Triple Frontera, Beirut, Dubai y otros centros financieros de África, Asia, Europa y Norteamérica”.
Queda mucho por hacer en definitiva para combatir una amenaza como el blanqueo de capitales que parece cada vez más global e implica a la política, al crimen organizado y el terrorismo. Sin voluntad política y una cooperación internacional eficaz que sancione, en el caso de Hezbolá por ejemplo, incluso a los políticos y magistrados locales sobornados para que no hagan su trabajo, el escenario no hará más que empeorar, según los expertos.
Por Maria Zuppello / Infobae
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