La Contraloría General de la República (CGR) publicó un informe final denominado Programa de ayudas socioeconómicas en el marco del Covid-19 en el Ejercicio fiscal 2020. Se trata de la resolución 605/20. El análisis se centró en las acciones desempeñadas por el Ministerio de Hacienda.
En la misma emite cuestionamientos a la cartera fiscal sobre cómo utilizó los recursos recibidos como parte del préstamo internacional de USD 1.600 millones para brindar asistencias sociales.
En el informe se observa que el Ministerio de Hacienda recibió primeramente la suma de USD 195 millones para el pago de los subsidios Pytyvõ. El mismo benefició a alrededor de 1,1 millones de personas que recibieron dos pagos de G. 548.210 (25% del salario mínimo legal vigente en aquel entonces).
Luego se implementó el subsidio Pytyvõ 2.0, cuyo presupuesto fue de USD 124 millones para el pago de asistencias a un total de 650 mil personas en cada una de las tres oportunidades que se produjo. El dinero destinado por beneficiario fue de también G. 548.210 por persona.
IRREGULARIDADES. En el informe de la CGR se observa que Hacienda no incluyó a instituciones privadas, a la sociedad civil, a oenegés y otros entes en la definición de criterios de selección de beneficiarios de programas de ayudas socioeconómicas en el marco de la pandemia, como marco de acción a seguir ante la emergencia sanitaria, en salvaguarda de la población más vulnerable.
Tampoco, el Fisco estableció una matriz o mapa de riesgos con el objetivo de evaluar la probabilidad y la gravedad del riesgo durante la ejecución de los programas de ayudas socioeconómicas implementadas durante la pandemia.
Así también, la cartera no realizó la validación de la información de los beneficiarios, lo que ocasionó la transferencia a personas que no cumplieron los requisitos generales excluyentes previstos en la Ley Nº 6524/20. Sin embargo, la CGR no precisó cuántos beneficiarios irregulares pudieron haber recibido los recursos.
MÁS DETALLES. El Pytyvõ como el Pytyvõ 2.0 fueron destinados a trabajadores por cuenta propia, a trabajadores dependientes de las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes). Finalmente, fue destinado a trabajadores que habiendo sido cotizantes del Instituto de Previsión Social (IPS) hayan sido despedidos durante la declaración del Estado de Emergencia Nacional.
ÑANGAREKO. Fue la asistencia alimentaria del Gobierno, ejecutada por la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN) en coordinación con el Gabinete Social y otras instituciones; se otorgó una sola vez y estuvo dirigido a las personas más vulnerables; trabajadores informales, sin RUC ni seguro social.
Recomendaciones de la Contraloría
La CGR recomendó a Hacienda buscar mecanismos que conlleven al involucramiento de todos los organismos y la participación activa de los sectores de la sociedad en los procesos de definición de criterios de selección de beneficiarios y en la determinación del marco de acción a seguir ante la emergencia sanitaria.
Así también, la cartera fiscal, Hacienda, para los subsidios otorgados deberá implementar y aprobar mecanismos de control viables y precisos, que conlleven a asegurar que los fondos públicos administrados sean destinados a personas que cumplen con todos los requisitos requeridos para ser beneficiario. Acto seguido, deberá remitir los hallazgos de cobros irregulares al Ministerio Público para las investigaciones pertinentes.
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