La estructura que armó Juan José Levy quedó involucrada en diversas maniobras para mover el dinero cobrado por la venta de productos al chavismo.
El juez en lo Penal Económico Marcelo Aguinsky procesó por lavado de dinero a ocho empresarios argentinos que durante los años del kirchnerismo vendieron insumos a Venezuela por una cifra estimada por la justicia en 305 millones de dólares.
La cabeza del grupo de empresarios que fue procesado es Juan José Levy, un argentino que se enriqueció gracias a los negociados que se hicieron con Venezuela. También fueron procesados -entre otros- los hermanos del empresario que tuvo relaciones aceitadas con dirigentes kirchneristas: Alejandro Javier y Carlos Alberto Levy.
La organización comandada por Juan José Levy tenía las empresas Laboratorios Esme, Bleu Tel, Corporación Gulfos y Grupo Núcleo. Las firmas de Levy vendieron toallas femeninas, pañales, suavizante para ropa, shampoo y acondicionador de pelo. Pero también televisores y antenas, decodificadores y transmisores para televisión digital.
Las compras se hicieron a través de un convenio de cooperación firmado por Néstor Kirchner y Hugo Chávez. Argentina recibía combustible venezolano, pero no lo pagaba. El dinero se depositaba en un fideicomiso que se usaba para financiar exportaciones argentinas a Venezuela que tenía problemas para conseguir algunos insumos. La intención era fomentar las exportaciones de productos argentinos a Venezuela.
Se probó en la causa que las empresas de Levy cobraron enormes sobreprecios a los venezolanos y que luego de recibir el dinero hicieron transferencias a sociedades -muchas sin actividad comercial- y cuentas desperdigadas por distintos lugares del mundo. Según la resolución firmada por Aguinsky, a la que accedió Infobae a través de fuentes judiciales, se produjo un “enjuague” del dinero que se cobró lícitamente, aunque producto de la venta de productos con grandes sobreprecios.
Según se estipuló en los contratos firmados entonces, las empresas que enviaban productos a Venezuela recibían un adelanto del 50 o 60 por ciento de lo pactado. Eso implica, según el juez, que no había un cuantioso riesgo empresario de un posible no cobro que justificara los sobreprecios detectados. Para el juez, los sobreprecios que cobraron los empresarios argentinos resultaron un perjuicio para el estado venezolano.
El magistrado dictó los procesamientos en una resolución de 600 páginas. Redactó un “proemio” en el que precisó de manera didáctica como se llevó a cabo la operación en general y luego desarrolló cada uno de los hechos que se produjeron en torno a la maniobra.
Aguinsky explicó que en el expediente se analizaron “hechos vinculados a una serie de contratos de provisión de bienes y/o servicios suscriptos en el marco de un acuerdo binacional entre la República Argentina y la República Bolivariana de Venezuela”.
Y agregó: “En efecto, pese a que los convenios suscriptos entre ambos países hacen referencia a la realización de intercambios comerciales a ´precios competitivos a nivel internacional´, las mercaderías vendidas, como así también los fletes y seguros cobrados a empresas estatales venezolanas por Laboratorios Esme SAIC, Bleu Tel S.A., Corporación Gulfos S.A. y Grupo Núcleo S.A., habrían sido con precio excesivo, esto es, contratados con precios mucho mayores respecto a iguales productos exportados por las mismas empresas Argentinas a otros países o en relación a similares productos vendidos por otras empresas a Venezuela o a otros Estados”.
En los convenios entre las empresas argentinas y el estado venezolano se establecía que se realizaban “al efecto de crear una alianza estratégica socialista para impulsar el intercambio comercial a precio justo de bienes necesarios para la higiene personal y el cuidado del hogar, para la Corporación de Mercados Socialistas “Comerso” en el marco del Convenio Bilateral entre Venezuela y Argentina, los cuales serían incorporados en el sistema de distribución y consumo socialista para satisfacer las necesidades del pueblo bolivariano “. Así rezaba -por ejemplo- el convenio firmado entre Suministros Venezolanos Industriales C.A. (SUVINCA) y Laboratorios Esme SAIC-representado por Levy- para comprar insumos de higiene personal. Según lo determinado por la justicia argentina los sobreprecios que cobró Levy fueron -por ejemplo- de un 339% en las toallas femeninas, y de 300% en los pañales para adultos. Así se cimentó la “alianza estratégica socialista” desde el lado argentino.
En el procesamiento se señaló qué se investigó: “Así, el objeto en estudio giró en torno al ingreso y posterior salida de divisas por la venta de mercadería que se estimó con un valor excesivo de contraprestación a la República Bolivariana de Venezuela, teniendo en cuenta el Convenio Integral de Cooperación suscripto entre aquel país y Argentina, lo que habría implicado una defraudación al Estado venezolano. También podrían corroborarse otras conductas que permitieron que se extrajeran los fondos bajo una apariencia de licitud y, de allí, la maniobra se habría complejizado por intermedio de un entrecruzamiento de transferencias entre cuentas de los presuntos proveedores. Hacia allí se habrían direccionado las divisas desde nuestro país, bajo conceptos que permitieron sus remesas a otras de las propias personas vinculadas a las operaciones en investigación, o a través de canales por fuera de los legales para arribar a cuentas en el extranjero que no fueron exteriorizadas, pero que poseen en su constitución una declaración acerca del origen de los fondos que los vincula a las firmas en pesquisa”.
Cuando el juez habla de “presuntos proveedores” es porque las empresas de Levy le compraban insumos en China a otras empresas que también eran de Levy y que luego enviaban los productos a Venezuela. Es decir que-según se desprende del procesamiento- las empresas argentinas les compraban a supuestos proveedores chinos (que eran también de Levy) y con las facturas justificaban los sobreprecios. Luego el dinero circulaba por cuentas de Levy y de su estructura de negocios por diferentes lugares del mundo. Así fue que se detectaron depósitos en bancos de Estados Unidos, Panamá, Suiza, Austria, Hong Kong y las Islas Vírgenes Británicas, entre otros sitios. El juez señaló que: “El enjuague de dinero que se efectuó con posterioridad terminó siendo el delito investigado”.
“La multiplicidad de transferencias de dinero entre diferentes productos bancarios pertenecientes a empresas, en su mayoría presuntamente sin actividad comercial, conduce a inquirir qué necesidad había de enjuagar lo que está limpio a través de un sistema alambicado de cuentas, si no es el de hacer perder el rastro de su origen. En ese sentido, los negocios sospechosos con transacciones opacas y circulación dudosa de dinero deben esclarecerse en un amplio debate oral y público, tal como esta causa lo merece”, dice la resolución.
La empresa Bleu Tel S.A que vendió antenas para televisión digital a Venezuela le pagó a una proveedora llamada Coosud Telecomunicaciones S.A cifras millonarias. La sociedad era “trucha” y los dueños de la misma vivían en casas muy humildes dentro de la villa 31 de Retiro. Es decir que era sociedad “armada” para emitir facturas apócrifas con el objeto de inflar los precios que pagaba Venezuela.
El juez Aguinsky intentó conseguir colaboración de las autoridades venezolanas y mandó más de 20 exhortos a Caracas. No tuvo respuesta. “Venezuela mantuvo siempre una postura cerrada frente a la incesante y continua solicitud de asistencia jurídica internacional formulada por esta judicatura a los efectos de ahondar en los supuestos sucesos delictivos acaecidos en dicho territorio. Su reticencia en contestar exhortos y producir pruebas ha sido igualmente conteste con el intento de la defensa, que no obtuvo resultado alguno. El avance de la investigación del delito de legitimación de bienes ha sido posible con la verificación de un escenario más detallado de la maniobra, proporcionado a través de los datos aportados por otros Estados requeridos por los que circuló el dinero observado”, señaló el magistrado.
Aguinsky destacó en cambio que: “La cooperación internacional financiera resultó eficaz a través de la intervención de los ministerios de Justicia y de Relaciones Exteriores en los tres períodos de gobierno que abarcó esta investigación. Sin embargo, las demás instituciones de gobierno parecen no haber advertido esta situación al no haber propiciado investigaciones que hubiesen permitido echar luz, en tiempo oportuno, sobre los aspectos neblinosos en que se desarrollaron los hechos. Me refiero a las facetas administrativas, financieras y políticas vinculadas a la compleja maniobra”. Es decir que para el juez desde el gobierno argentino no se hizo nada para prevenir la maniobra investigada. Además, los dólares de los venezolanos que debían usarse para fomentar las exportaciones de empresas argentinas terminaron en China y dando vueltas por el mundo.
El juez prohibió la salida del país de Juan José Levy -y otros procesados- quien debe afrontar un embargo de 85.000.000.000 de pesos que es una cifra similar a la que se le acusa de haber lavado. A la esposa de Levy, María Julieta Ratto, quien continúa bajo investigación, se le dictó una falta de mérito. El juez dictó procesamientos y embargos contra las cuatro sociedades utilizadas por Levy para vender insumos con sobreprecios a Venezuela y luego “enjuagar” el dinero.
En 2011 cuando todavía no había comenzado a comerciar con la Venezuela chavista Juan José Levy había declarado ante la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) un patrimonio de un millón de pesos. En 2016 se presentó al blanqueo de capitales por una cifra cercana a los 1400 millones de pesos. Le había ido muy bien en solo cinco años. Ante el avance de la causa en la que fue procesado, la AFIP suspendió el blanqueo.
Por Omar Lavieri / Infobae
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