Los acuerdos para las unidades educativas de convenio administradas por la Iglesia Católica serán revisados con el objetivo de precautelar la integridad física de los estudiantes de primaria y secundaria, informó el ministro de Educación. Edgar Pary, en momentos en los que se revelan denuncias contra religiosos por pederastia.
“Repudiamos este tipo de hechos; es por eso que, como Ministerio de Educación, colaboraremos en las investigaciones (contra religiosos pederastas) y revisaremos los acuerdos que se tienen con las unidades educativas de convenio, precautelando la integridad física de nuestras niñas, niños y jóvenes estudiantes”, explicó.
En septiembre de 2021, cuando se firmaba una adenda al convenio marco entre el Estado y el Vaticano, la Conferencia Episcopal de Bolivia (CEB) informó que en Bolivia se tiene 1.600 colegios de convenio que tienen en sus aulas al 22% de la población estudiantil.
“Desde el Gobierno Nacional vamos a proteger a nuestros estudiantes, niñas, niños, señoritas y jóvenes. No vamos a permitir que estos hechos ocurran en nuestras unidades educativas”, advirtió Pary.
Un reportaje del diario El País, publicado el 30 de abril, reveló que el extinto jesuita Alfonso Pedrajas abusó sexualmente de al menos 85 menores y adolescentes, la mayoría en el Colegio Juan XXIII de Cochabamba.
El caso destapó otros hechos que involucran a más sacerdotes. Se sumaron, por ejemplo, denuncias en contra de Luis Roma Padrosa (+), Luis Mestre (+), Antonio Gausset, Francesc Peris y Carlos Villamil. Todos estuvieron vinculados al colegio Juan XXIII.
Como parte de las acciones contra los abusos cometidos por los religiosos, el presidente Luis Arce envió el lunes al papa Francisco una carta en la que le pide facilitar a la Justicia información sobre sacerdotes con denuncias de abuso sexual.
Pary demandó a la Iglesia Católica contribuir a esclarecer estos hechos que empañaron la imagen de las unidades educativas administradas por religiosos.
“Como Ministerio de Educación reprochamos estos actos de abuso sexual a niñas y niños por parte de sacerdotes en el país, por eso, exigimos que se aplique todo el peso de la ley porque no podemos permitir este tipo de hechos aberrantes por parte de quienes están administrando nuestras unidades educativas de convenio”, cuestionó, citado en un boletín institucional.
ABI
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