Uruguay: La demora en el sistema de refugio es una “vulneración de Derechos Humanos” de los inmigrantes

Según la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR), en Uruguay viven más de 70.000 personas refugiadas, migrantes y solicitantes de protección internacional, muchas de ellas con historias marcadas por la guerra o la persecución. Sin embargo, en la actualidad el país enfrenta un desafío creciente.

La situación de las solicitudes de asilo sin respuesta ha alcanzado niveles críticos en 2026. A finales de enero, ACNUR informó que el sistema se encuentra desbordado debido a un aumento sostenido de la demanda desde el año 2020. Las cifras y demoras actuales alcanzan un total aproximado de 31.975 solicitantes de refugio a la espera de una resolución definitiva. Además hay otras 37.000 personas que necesitan protección internacional.

Esta saturación afecta principalmente a ciudadanos cubanos y venezolanos, generando incertidumbre, dificultades para regularizar documentos y un acceso limitado a la Comisión de Refugiados (CORE), el organismo estatal encargado de tramitar estos casos. En este contexto, Diario La R entrevistó a Leroy Gutiérrez y a Rodrigo Vivas, presidente y asesor jurídico, respectivamente, de “Idas y Vueltas”, una ONG histórica que desde hace más de 20 años brinda apoyo a personas migrantes que llegan a vivir a Uruguay.

Así mismo, el informe de ACNUR, dice que solo 1.461 personas han obtenido el estatus de refugiado. Esta demora, que puede extenderse hasta dos años o más, ha sido calificada como una «vulneración de los derechos de las personas» por Leroy Gutiérrez. La ley de refugiados de Uruguay establece que el Estado debe «garantizar el acceso a ese estatus o debe facilitarlo». Sin embargo, la realidad dista de esa disposición legal. La falta de una respuesta oportuna impide a los solicitantes acceder a derechos básicos y genera un «cuello de botella» en el sistema, explican los entrevistados.

Uno de los principales obstáculos es la dificultad para conseguir trabajo sin una cédula de identidad permanente. Ante esto, Rodrigo Vivas, referente de documentación y asesoría de la ONG, señala que «sin cédula es muy difícil conseguir trabajo, porque se la piden en todos lados», y destaca que ese paso en la obtención del documento de identidad es “clave” para avanzar en el derecho al trabajo.

Aunque existe un trámite para obtener una cédula temporal como solicitante de refugio, este “proceso puede demorar uno, dos o más meses por los problemas que existen en la actualidad para sacar la cédula para todos los ciudadanos”. Sin embargo, incluso con este documento, la falta de empleo dificulta el acceso a la vivienda, ya que, como cuestiona Vivas, «¿cómo alquilás un inmueble sin trabajo?». Menciona que ese contexto, junto a otras situaciones que se suman, “vulneran los derechos de las personas”.

Sin derecho a la reunificación familiar

En otro aspecto crítico para las personas en espera, la situación se agrava para aquellos que buscan la reunificación familiar. Gutiérrez destaca que «el que no le otorguen el refugio rápidamente es el tema de la reunificación familiar». “Los solicitantes de refugio no tienen derecho a la reunificación familiar hasta que su estatus sea aprobado, lo que puede significar años de separación de sus seres queridos”. Ambos ejemplifican casos reales de personas que llegan a la ONG que están esperando desde hace tres años avanzar con el asilo para ver a sus hijos.

Ambos explican que una persona que está esperando el asilo o refugio en Uruguay, no puede iniciar el proceso de reunificación familiar porque este derecho está reservado para quienes ya tienen la condición de refugiado reconocida o son residentes legales. Además mencionan que la solicitud de refugio es una etapa provisoria, no un estatus definitivo.

Los representantes de Idas y Vueltas, explican que la situación se agrava para las personas de nacionalidad cubana que vienen desde la isla hasta Uruguay. En esos casos la solicitud de refugio es una “estrategia” para ingresar al país, eso “debido a la exigencia de visa”. Gutiérrez, que tiene 5 años en la ONG, detalla que, la gran mayoría, de las personas que vienen de Cuba, lo hacen por la frontera con Brasil. “Viajan de Cuba a Guayana, un país que no les exige visa, y luego cruzan Brasil de forma irregular, porque también les exigen visa, hasta la frontera con Uruguay, donde solicitan refugio para poder ingresar de forma regularizada”.

Esta situación crea un «cuello de botella» en el sistema, ya que «la gente desde el primer momento desde que llega, solicitan el refugio». La acumulación de solicitudes se debe a que «si las personas tienen que esperar entre 2 y 3 años para obtener la respuesta, hay un momento en el que colapsa el sistema”. Vivas menciona que el mayor lapso de espera en el proceso, se da entre la solicitud y la primera entrevista o cita, “después el proceso es más fluido”.

Propuestas para un solución

Idas y Vueltas ha planteado estas problemáticas en el Consejo Consultivo Asesor de Migraciones (CCAM), proponiendo medidas como la eliminación de la exigencia de visas para las nacionalidades cubanas y dominicanas, que son las que más presencia tienen en el país. Así como la asignación de más recursos y personal para tramitar las solicitudes de refugio.

Gutiérrez afirma que la falta de capacidad para procesar la información es lo que «hace que se estire el tiempo sin que haya respuesta». Mientras tanto, a pesar de las propuestas, Vivas, abogado desde hace 6 años, añade que no ve un cambio radical en la política migratoria, prediciendo «parches» y «paños fríos» en lugar de soluciones definitivas, como “ocurrió con la residencia por arraigo”.

“No al discurso de odio”

Finalmente, Gutiérrez expresa su preocupación por el «discurso de odio» y la «xenofobia en redes sociales» que se ha «naturalizado», advirtiendo que la violencia comunicacional «puede llegar fácilmente a pasar a ser violencia física».

Explica: “parece ser tolerable o aceptable que en redes sociales se ataque a los migrantes o a los afrodescendientes y no pase nada. Y cuando digo no pase nada es que el estado no parece tomar como cartas en el asunto. Más allá de las denuncias que realizan las personas”. “La percepción es que aunque se denuncie, no va a pasar nada, porque luego es complejo demostrarlo y parece haber poca convicción de parte del Estado reconocer que hay un problema grave y que se debe enfrentar”.