De cara a cumplirse 50 años del golpe militar del 24 de marzo de 1976, la sociedad Argentina en su mayoría rechaza el gobierno de la dictadura.
El 24 de marzo se cumplen 50 años del golpe militar en Argentina, aniversario que llega en un contexto de revisionismo en el relato oficial, y de medidas que buscan desmantelar las investigaciones sobre los 30 mil detenidos – desaparecidos y los juicios a los responsables.
7 de cada 10 argentinos condenan la dictadura militar, según los resultados de un estudio realizado por la Universidad de Buenos Aires (UBA) y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), a días de cumplirse 50 años del período de terrorismo de estado vivido en la República Argentina.
El trabajo titulado “Miradas retrospectivas sobre la dictadura argentina: 50 años después” consistió en una encuesta nacional sobre ocho grupos focales y 1.136 personas consultadas. Los resultados dan cuenta de cómo aquellos años fueron transmitidos de generación en generación, tanto a través del sistema educativo como del acervo familiar.
Los principales medios argentinos se han hecho eco del estudio, ya que su resultado da cuenta de una derrota en el relato oficial del Gobierno de Javier Milei, un negacionismo del rol jugado por militares y civiles durante el período del Terrorismo de Estado.
En Argentina como en el resto de los países del continente que sufrieron dictaduras, la Teoría de los Dos Demonios, forma parte del relato de los defensores de los Golpes de Estado, teoría que se refleja en el estudio.
Al consultar sobre quiénes fueron los principales responsables del quiebre institucional, el 39 por ciento identificó a la Junta Militar. Pero el 61 por ciento restante apuntó contra Montoneros y grupos guerrilleros (16 por ciento), el Gobierno de Isabel Perón (13), la situación económica (8), los Estados Unidos (7), Los políticos en general (6) y la Iglesia católica (1). El 10 por ciento restante no respondió.
“La investigación respalda la idea de que la condena a la dictadura es un piso compartido, pero también advierte sobre la importancia de la transmisión intergeneracional, para evitar relativizaciones y negacionismos”, remarcaron los responsables del estudio a través de un comunicado.
Transmisión de la historia
El 44 por ciento de los consultados reconoció saber sobre lo ocurrido entre 1976 a 1983 por la escuela o la universidad, mientras que el 30 por ciento dijo saber algo por conversaciones con familiares y amigos.
Otro de los puntos del trabajo dio cuenta de que la experiencia directa es minoritaria: 3 de cada 10 personas dijeron tener un familiar, amigo o conocido que haya sido víctima de la represión de Estado. “Este dato es central: allí donde existe un vínculo personal con víctimas, las posiciones se vuelven más firmes y se sostienen con mayor claridad las interpretaciones que reconocen el carácter sistemático del terrorismo de Estado”, sostuvieron los autores del estudio.
También se midieron las palabras a través de las cuales se asocia ese período histórico que ocurrió hace medio siglo. Los términos “desaparecidos”, “represión” y “violencia” fueron los que aparecieron con mayor frecuencia. Esto da cuenta de cómo “el lenguaje de los derechos humanos sigue estructurando la manera en que la sociedad argentina”, ponderó la encuesta.
La fecha a recordarse, se acerca mientras se produce el hallazgo de 12 cuerpos de detenidos desaparecidos, en Córdoba, por parte del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), en el predio donde funcionó el Centro Clandestino de Detención, Tortura y Exterminio La Perla.
Negacionismo oficial
Dos semanas antes de que se conmemore el 50º aniversario del último golpe de Estado, la activista pro-impunidad Cecilia Pando pidió la libertad de los represores presos por crímenes de lesa humanidad mientras desarrollaba la teoría cínica de que la izquierda buscó la represión para “victimizarse”, denunciaba Página 12.
La postura del Gobierno de Javier Milei con respecto al tema, ha promovido la movilización de los sectores como familiares de los represores, algunos abogados defensores de los genocidas y legisladores de La Libertad Avanza.
Según un informe del CELS, desde diciembre de 2023, el Gobierno de Javier Milei comenzó un proceso de desmantelamiento de políticas públicas que son clave para la vigencia de la memoria y la continuidad de la búsqueda de verdad y justicia.
El informe «Bajo Asedio. Las políticas de Memoria, Verdad y Justicia ante el revisionismo«, detalla alguna de las medidas tomadas y en curso tomado por el Gobierno libertario: Abandono de la querella estatal, Reducción de estructuras de apoyo, despidos del personal del Programa Verdad y Justicia, se desmanteló el Programa Memoria Colectiva e Inclusión Social (MECIS) del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) que, desde 2009, grababa las audiencias de los juicios.
En este contexto, recobra una importancia singular seguir manteniendo viva la memoria y la transmisión generacional de uno de los períodos más oscuros de Argentina y el continente, con prácticas que responden a los mismos intereses en la actualidad
Autor: teleSUR: Ricardo Pose
Fuente: Agencias
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