Caso Jonathan Correa: Convocatoria parlamentaria e investigaciones en el Poder Judicial y Ministerio del Interior

El asesinato de Jonathan Correa, de 15 años, por parte de su padre en el barrio Flor de Maroñas ha generado reacciones institucionales y políticas. El hecho ocurrió en la madrugada del 6 de marzo de 2026. El cuerpo fue hallado en una cañada frente a su vivienda. La autopsia determinó muerte por múltiples golpes. El padre, Jonathan Calero Correa, de 34 años, fue detenido horas después..

Los diputados del Partido Colorado, Felipe Schipani y Conrado Rodríguez, presentaron ayer una solicitud para convocar a la Comisión de Población y Desarrollo de la Cámara de Representantes a representantes del Ministerio del Interior, Fiscalía General de la Nación, Poder Judicial, ANEP e INAU. El propósito es analizar el caso, evaluar el sistema de protección de la infancia, identificar descoordinaciones y proponer mejoras. La solicitud indica que «el Parlamento debe recabar información directa de las autoridades sobre procedimientos y actuaciones previas».

Por otra parte el Poder Judicial inició acciones internas. La presidenta de la Suprema Corte de Justicia, Doris Morales, dijo a la prensa que había solicitó informes urgentes que tienen un plazo de 72 horas sobre las actuaciones judiciales relacionadas, en particular la denuncia de noviembre de 2025 presentada por la UTU por sospechas de violencia doméstica. Morales declaró “ya están pedidos los informes por las actuaciones que haya podido tener el Poder Judicial, para determinar eventuales responsabilidades”. Agregó que “hay un problema grave que no se pudo solucionar antes, hay que ver cuáles fueron las causas y si hubo o no culpables”. Indicó que se tomarán medidas si se confirman responsabilidades de integrantes del Poder Judicial. Sobre afirmaciones de fallas del Estado, precisó “no puedo prejuzgar si falló todo el Estado. Tengo que verificar si falló alguien (dentro del Poer Judicial), quién falló. Se verá qué surge”.

La denuncia de noviembre de 2025 involucró un Juzgado de Familia Especializada y otro de Violencia Doméstica. La jueza Rossana De Fraschini ordenó ene sa ocasión la intervención del INAU y un informe a Fiscalía, pero no se concretaron medidas de protección ni remoción del menor del hogar, posiblemente por errores administrativos.

A su vez el Ministerio del Interior anunció una investigación administrativa para revisar las actuaciones policiales. El ministro Carlos Negro declaró en rueda de prensa “vamos a seguir investigando hasta llegar hasta las últimas consecuencias y las responsabilidades de cada uno”. Dijo que sentía “una profunda indignación, una profunda tristeza, impotencia, porque el Estado todo falló. Los mecanismos de protección que debemos tener frente a las infancias, evidentemente fallaron”. A esto acotó “tenemos que hacer un reconocimiento de esas fallas en los controles. Tenemos que, seguramente, asumir las responsabilidades como Estado e investigar qué fue lo que sucedió, qué fue lo que falló y luego sacar las conclusiones”. Mencionó que la Policía de Montevideo revisa si un error en la interpretación de la orden judicial por la anotación de “INAU aguarde situación” en lugar de “INAU aborde situación”. Esto impidió impidió la intervención del Instituto del Niño y Adolescente. Negro afirmó “tenemos los instrumentos legales necesarios, tenemos también las instituciones que están encargadas de la responsabilidad y cuidado de las infancias, tenemos todos los mecanismos aptos para que no vuelvan a ocurrir este tipo de hechos. Tenemos que estar atentos para que esos mecanismos efectivamente funcionen”.

En el ámbito penal, el padre fue formalizado por homicidio especialmente agravado por el vínculo parental y alevosía y reiterados delitos de violencia doméstica agravada. Se le decretó prisión preventiva por 180 días. La Fiscalía de Homicidios, a cargo de Sabrina Flores, y el Departamento de Homicidios continúan la investigación, incluyendo el rol de la madre y posibles negligencias previas. La defensa solicitó una pericia psiquiátrica en el Hospital Vilardebó para evaluar imputabilidad. Hermanos y primos quedaron bajo tutela del INAU. Existen al menos 14 denuncias registradas entre 2013 y 2025 por violencia doméstica en el hogar. La primera ocurrió cuando Jonathan tenía 2 años, detectada por un CAIF. Vecinos, docentes, familiares y la UTU reportaron signos de maltrato.