Una empresa despide dos veces a la misma empleada en ocho meses: los declaran nulos y vuelve al trabajo con 25.000 euros

Hay historias laborales que parecen sacadas del guion de una serie de abogados de Netflix, pero que ocurren de verdad. La historia de una dependienta de una tienda de pinturas asturiana es una de ellas: en menos de un año pasó por dos despidos, dos juicios y terminó en el mismo puesto, pero con la empresa condenada a pagarle más de 25.000 euros como indemnización.

Lo más curioso es que todo el lío comenzó con algo tan sencillo como un cambio de horario al que ella se negó. Casi dos años más tarde, a la empresa le ha quedado claro que no fue buena idea.

El primer despido: una excusa sin pruebas. Tal y como se detalla en la sentencia del caso, la empleada llevaba trabajando en la empresa desde septiembre de 2023 con contrato indefinido, compaginando tareas administrativas con las de vendedora en una tienda de pinturas. En abril de 2024, la empresa la despidió alegando una «disminución voluntaria y continuada del rendimiento normal del trabajo» como argumento para cursar un despido disciplinario.

Sin embargo, el Juzgado de lo Social nº 6 de Oviedo no se lo creyó. En la sentencia quedó recogida que «el contenido de la carta de despido es un formato estándar que entregan a todos a los que la empresa quiere despedir; y de hecho se afirma que la actora estaba trabajando bien pero que necesita a alguien con más disponibilidad horaria». Es decir, la justicia reconocía que la empresa la había despedido porque no quiso cambiar su horario, y lo hicieron apenas ocho días después de que ella lo rechazó.

Como consecuencia, el juez declaró el despido nulo, ordenó que la readmitieran con las mismas condiciones y en el mismo puesto, y condenó a la empresa a pagarle 5.000 euros por vulneración de sus derechos, más todos los salarios que había dejado de percibir desde su despido.

De vuelta al trabajo, y de nuevo en el punto de mira. La empleada volvió a su puesto el 25 de septiembre de 2024. Apenas diez días después, la empresa la mandó temporalmente a cubrir una sustitución en una de sus tiendas en otra localidad cercana. A finales de octubre, al revisar su correo, encontró un mensaje de su jefe de ventas en el que se la acusaba de haber hecho desaparecer varios bidones y botes de pintura durante los días que había estado destinada en aquella tienda. La empresa le dio cinco días para que explicara la desaparición de los productos.

Ese mismo día, la empleada sucumbió a la presión y un médico estimó que debía cursarse una baja médica por ansiedad generalizada. Días después, la empleada denunció las presiones ante la Inspección de Trabajo, y en noviembre la empresa le volvió a abrir un expediente disciplinario.

El 19 de diciembre de 2024 llegó el segundo despido disciplinario, esta vez con tres acusaciones: haber sustraído mercancías de la empresa, insultar gravemente al gerente y hacer una llamada telefónica con insultos al jefe de ventas.

El segundo juicio: tampoco había pruebas. Ninguna de esas acusaciones pudo probarse durante el proceso judicial. La empresa no presentó inventarios ni ninguna prueba objetiva sobre el paradero de los bidones desaparecidos. Sobre los supuestos insultos, el juez demostró que el testigo que los corroboraba no era confiable, entre otras razones porque había tenido un papel directo en el primer despido.

Por lo tanto, el juzgado volvió a declarar el despido nulo, y volvió a condenar a la empresa a readmitir a la trabajadora y a pagarle los salarios no cobrados desde el despido. Además, por haber reincidido en su conducta, el tribunal condenó a la empresa a pagarle una indemnización 11.249,50 euros adicionales por vulnerar los derechos de la empleada.

Proteger los derechos no puede tener represalias. La empresa recurrió la sentencia, pero el Tribunal Superior de Justicia de Asturias la confirmó el 27 de enero de 2026. La razón de fondo en todo este sainete judicial es un principio básico: cuando un trabajador reclama sus derechos ante la justicia o denuncia a su empresa, esta no debería tomar represalias contra el trabajador. Si lo hace, como bien han detectado los jueces, los tribunales pueden declarar el nulo el despido y añadir una indemnización extra por el daño causado a los derechos laborales del empleado.

En este caso, el tribunal valoró que todo ocurrió en un contexto muy concreto: la empleada había ganado ya un juicio por el primer despido, llevaba pocas semanas de vuelta en la empresa y acababa de denunciarla ante la Inspección de Trabajo. Con ese historial, y sin que la empresa pudiera demostrar ninguna de las acusaciones que le imputaba, los jueces concluyeron que el segundo despido fue una represalia.

El resultado final acumula una suma superior a los 25.000 euros entre indemnizaciones y salarios no cobrados, y todavía quedan pendientes los salarios no satisfechos del segundo despido. Y todo por un cambio de horario.

Imagen | Ilustre Colegio de abogados de Oviedo, Unsplash (Centre for Ageing Better)

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