Los sucesos, que se extendieron por todo el territorio nacional durante dos meses, dejaron un saldo de más de medio centenar de muertos y miles de heridos.
Un organismo regional de derechos humanos de las Américas condenó este miércoles la violencia policial registrada en Perú durante las manifestaciones tras la destitución del presidente Pedro Castillo, al tiempo que denunció los casos de “ejecuciones extrajudiciales” tras la designación de Dina Boluarte como jefe de Estado.
De acuerdo a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), tales hechos “al ser perpetradas por agentes del Estado, las muertes podrían constituir ejecuciones extrajudiciales”.
En ese sentido, el informe puntualiza que la violencia en Ayacucho (localidad en la que centran su relato, a pesar de denuncias de otras matanzas) debe ser investigada “con un enfoque étnico-racial” y consideró que la situación podría ser considerada como “una masacre”.
En particular, Ayacucho fue escenario el pasado diciembre de una protesta en la que varios manifestantes trataron de tomar el aeropuerto, ante lo cual los militares abrieran fuego contra ellos, según puede verse en numerosos vídeos difundidos en redes sociales. Ocho personas murieron y 26 fueron heridas.
El organismo se refirió también a los sucesos de Juliaca, donde 17 manifestantes murieron el pasado enero en enfrentamientos con la Policía.
De acuerdo a ese informe “en esa ciudad se habrían presentado situaciones de uso excesivo e indiscriminado de la fuerza por parte de agentes del Estado, que habrían resultado en graves violaciones de derechos humanos en contra, tanto de participantes en las protestas, como de terceras personas”.
La Comisión recomendó al Estado peruano adoptar medidas de reparación integral para las víctimas de violaciones de derechos humanos como acciones de compensación; rehabilitación médica y psicológica; rehabilitación social; verdad y justicia.
“Reparar integralmente a las víctimas de violaciones de derechos humanos en el contexto de las protestas sociales. Esto exige que se investigue, juzgue, y sancione a todas las personas que puedan resultar responsables por violaciones de derechos humanos”, indica.
Las protestas sociales en Perú se desataron en diciembre después de la destitución exprés de Pedro Castillo, que está en prisión preventiva en el penal de Barbadillo, y contra el Gobierno impuesto de Dina Boluarte.
Los sucesos, que se extendieron por todo el territorio nacional durante dos meses, dejaron un saldo de más de medio centenar de muertos y miles de heridos.
telesurtv.net
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