Unos 4.600 funcionarios del Banco Fassil están en el limbo y en la incertidumbre por la falta de pago de sus sueldos y finiquitos tras la intervención de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI). Asimismo, temen quedarse sin fuente laboral.
Centenares de trabajadores de la entidad se concentraron este jueves en exteriores de la oficina central de la financiera, en El Prado de La Paz, en la avenida Banzer de la ciudad de Santa Cruz y en una de las agencias centrales de Cochabamba.
En la capital cruceña protestaron porque contaron que recibieron sus memorandos de despidos. Todos exclamaban que quieren trabajar. En La Paz, los trabajadores indicaron que decidieron acudir con normalidad a su fuente de trabajo, pero no pudieron ingresar a las oficinas que están cerradas. Otro grupo llegó hasta el Ministerio de Trabajo para reclamar por sus fuentes laborales.
El representante de los trabajadores en La Paz, Richard Sandro Gonzáles, informó que aún no recibieron ningún memorándum y desconocen si están o no despedidos porque no recibieron ninguna comunicación oficial del interventor. “No podemos marcar tarjeta porque las oficinas están intervenidas, pero el personal se ha dirigido a la oficina central de El Prado y se está llenando todos los días un libro de registro como constancia de que asistimos a la fuente laboral, mientras no haya memorándum de desvinculación seguimos siendo funcionarios de Banco Fassil”, aclaró.
Este libro será notariado para presentar al Ministerio de Trabajo como constancia. En La Paz y El Alto son 800 trabajadores que han quedado sin fuente de empleo. En Cochabamba son al menos unos 500 los trabajadores afectados por la intervención.
De acuerdo con el perfil institucional de Banco Fassil, hasta febrero de este año, en su planilla figuraban 4.659 funcionarios a nivel nacional.
González explicó que los trabajadores tampoco pudieron retirar el depósito de sus salarios o saldos que tenían en cuentas de la entidad o de los cajeros porque con la intervención todo ha quedado paralizado.
Señaló que hay muchos empleados que tienen deudas por créditos de vivienda social u otros en los bancos y ahora que quedaron sin trabajo y sin conocer la fecha en las que les cancelarán sus beneficios sociales, no saben qué hacer.
Por eso se ha decidido enviar una carta a la ASFI para que interceda ante de las entidades financieras y se pueda establecer una pausa o prórroga de seis meses para que se suspenda el pago de mensualidades ya que no tienen trabajo.
González sostuvo que con la intervención se está generando un gran problema social y hasta el momento las autoridades sólo hablan y velan por los ahorristas, pero también deberían preocuparse por la parte humana, es decir los trabajadores.
“Son 5.000 familias, dejarlas afuera en este momento de crisis en el país es complicado, no sabemos en cuánto tiempo vamos a conseguir una fuente laboral, vamos a dejar de pagar universidad, colegio de los hijos, comida del día a día, créditos”, precisó.
Según González, las autoridades también debe ver la parte social y humana, y los problemas que trae una intervención porque en este momento qué entidad financiera podría contratar a todos los trabajadores que quedarán cesantes. “No sólo decir que se va definir el banco donde se va a poder cobrar ahorros, son 5.000 trabajadores que van a salir a buscar trabajo, si otra entidad te abre las puertas será para unos cuantos y el resto dónde irá”, cuestionó.
Advirtió que con el problema que se ha generado con Fassil, hay desconfianza y la banca no va a contratar personal. “Hay colegas que han trabajado varios años en Fassil y ya están por los 50 años de edad y cerca de jubilarse. Quién los va contratar, estos aspectos sociales se deben analizar caso por caso, las autoridades deben ser conscientes que habrá mucha gente desempleada. Incluso quedan fuera señoras que hacen limpieza en las agencias”, lamentó.
“Teníamos confianza en que íbamos a pasar todo esto, que inició por la falta de dólar, y con la regulación ha ido parando algunas operaciones, pero en lo general el banco estaba cumpliendo con sus operaciones, pero la mala publicidad hizo que en la gente haya temor y retire su dinero, un banco vive de los ahorros y depósitos de la gente”, manifestó Sandra Andrade, una de las funcionarias de Fassil, entrevistada por radio Fides.
El interventor del Banco Fassil, Carlos Alberto Colodro, anunció que se procederá con la racionalización del personal y se cumplirá de acuerdo con la ley con el pago de beneficios sociales.
Señaló que con la intervención todos los ejecutivos cesan en sus cargos y se hará un diagnóstico de la situación de la entidad.
“Se va a precautelar los derechos de los trabajadores con el pago de sus beneficios, de los 4.500 trabajadores, habrá una racionalización de acuerdo a lo que se vea necesario dentro del diagnóstico”, puntualizó.
En Cochabamba, los funcionarios asistieron a sus oficinas centrales cerradas en la calle Nataniel Aguirre esquina Calama, para firmar libros de actas que den cuenta que todavía trabajan en la institución y se encuentran en horario laboral.
“Estamos tratando de firmar un libro de actas para, por lo menos, hacer constar que estamos trabajando, aún estamos en horario laboral. No estamos renunciando, no estamos tomándolo como que no hay Banco Fassil, aún somos empleados de Banco Fassil y tienen que respetarnos”, señaló una de las funcionarias al diario Opinión al borde de las lágrimas. “Es un banco que ha llegado a ser mi hogar, este es nuestro hogar, que lo han cerrado. Nos han dejado en la calle”, lamentó.
Página Siete.
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