Genocidio, asesinato, asesinato en grado de tentativa son los delitos en los que la expresidenta, Jeanine Áñez, habría incurrido según la imputación formal por la vía ordinaria presentada por la Fiscalía Departamental de Cochabamba en el caso denominado Masacre de Sacaba.
“Los suscritos fiscales (…) imputan formalmente a: Jeanine Áñez Chávez por la comisión del delito de asesinato con relación a las 10 personas fallecidas, (…) y asesinato en grado de tentativa con relación a los 90 heridos, así como el delito de genocidio previsto en el artículo 138 del Código Penal, calificación provisional en calidad de autor de los hechos”, se lee en la imputación formal presentada el 17 de abril.
Según la comisión de fiscales, en noviembre de 2019 se “consolidó” una estructura de “poder organizado, orientada a ejercer una represión violenta, a sabiendas que esto generaría la muerte de personas y lesiones en otras”, ante protestas que exigían respeto a su derecho al voto, a la wiphala y a la mujer de pollera en Sacaba.
“La ahora imputada Jeanine Áñez, como muestra explicita de ejercer esa represión violenta (uso de armamento y munición letal) contra determinados sectores de la población (comunidades interculturales del trópico de Cochabamba) previa coordinación con los ministros de Gobierno y Defensa, emite el Decreto Supremo 4078”, señala la imputación.
La Fiscalía argumenta que la imputada en coordinación con sus ministros Fernando López y Arturo Murillo coordinaron las operaciones conjuntas entre policías y militares para arremeter contra las movilizaciones ya anunciadas.
Las operaciones “determinaban implícitamente el uso de armas de fuego, puesto que exoneraba de responsabilidad penal a las Fuerzas Armadas” en el conocido como el “Decreto de la Muerte”.
Ahora la Fiscalía señala que al ser un caso de “relevancia social” requiere una atención prioritaria en sentido que se dé celeridad para dar fecha y hora para la audiencia cautelar en la que justificarán que la exmandataria sea detenida de manera preventiva por seis meses en la cárcel de Miraflores, donde actualmente está recluida por el caso Golpe I y II.
Masacre de Sacaba
Aquel 15 de noviembre del 2019 quedó plasmado en la memoria de los cochabambinos tras que la movilización de cocaleros del Chapare intentó ingresar al centro de la ciudad de Cochabamba exigiendo que se respete la democracia y la wiphala.
Sin embargo, militares y policías masacraron a manifestantes desarmados, realizaron ejecuciones sumarias, torturas sistemáticas y detenciones masivas, según el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI-Bolivia). Como saldo final de esta arremetida se tuvo 10 fallecidos y decenas de heridos, solo en Sacaba.
Lanzan otra arremetida judicial contra Jeanine Añez y dos de sus exministros
Página Siete.- La Fiscalía y el Gobierno lanzan una nueva arremetida judicial por la vía ordinaria contra la expresidenta Jeanine Añez y su entorno. El Ministerio Público presentó dos nuevos procesos contra la exmandataria, uno por Senkata y otro por Sacaba. En cada caso, la exautoridad es acusada por genocidio, homicidio y lesiones graves y leves, según su defensa.
Esta arremetida también se registra con el entorno de Añez. Los exministros Yerko Núñez y Óscar Ortiz, junto al exviceministro de Presupuesto Óscar Navarro, son investigados y procesados penalmente por conducta antieconómica y resoluciones contrarias a la ley.
A estas exautoridades enjuiciadas se suma la exministra de Salud Eydi Roca, quien está acusada por tres delitos en el caso de respiradores chinos. Está con detención domiciliaria y enfrenta un delicado estado de salud que la tiene postrada en una cama con una sonda por la cual se alimenta. La exautoridad no puede recibir un tratamiento urgente en el exterior porque la justicia rechazó su pedido.
La Fiscalía desconoce la presidencia de Añez y la imputa por vía ordinaria
El Deber.- La Fiscalía, como lo hizo el Gobierno de Luis Arce, no reconoce la condición de expresidenta de Jeanine Áñez y la imputó por la vía ordinaria y no por un juicio de responsabilidades, aprobado por dos tercios de voto en la Asamblea Legislativa Plurinacional, como establece la Constitución. La exmandataria es acusada por la presunta comisión de los delitos de genocidio, homicidio y lesiones graves y leves en el caso Senkata. Sin embargo, en otros ámbitos sí reconoce su gestión. Dos de sus exministros son investigados por corrupción durante su gobierno.
En octubre de 2022 el juez Tercero de Instrucción Anticorrupción de La Paz, Heber Torrejón, determinó que Áñez no fue presidenta constitucional del Estado, y que le correspondía un proceso ordinario y no así un juicio de responsabilidades por una presunta designación irregular en la Empresa Boliviana de Alimentos (EBA).
El caso fue de importancia porque se usó como antecedente para que no tenga más acceso a juicios de responsabilidades por ninguna acusación, durante su gestión.
En distintas oportunidades Alaín de Canedo, uno de sus abogados, señaló que “hasta el dictador Luis García Meza fue procesado por juicio de responsabilidades”, pero ese es un “derecho” al que no pudo acceder la exmandataria.
Nadie en el Gobierno la llama expresidenta, sino exsenadora, y ese fue el argumento que siguió para llevar este proceso a la vía ordinaria: invalidar su gestión para acciones como los hechos de Sacaba y Senkata, pero no para la convocatoria a las elecciones en las que ganó el MAS o para procesar presuntos casos de corrupción cometidos por su entorno.
hoybolivia.com
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