La lucha contra las fake news se ha convertido en una de las prioridades del gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva. De hecho, el 26 de marzo se lanzó la primera fase, de tres, de una campaña que pretende combatir a toda costa las fake news, pero sólo las que conciernen al gobierno y sus logros. Por la exorbitante suma de 20 millones de reales, unos 4 millones de dólares, una plataforma titulada “Brasil contra la falsedad” y una rimbombante campaña mediática, ambas diseñadas por la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia de la República (Secom) pretenden explicar a los brasileños qué es verdad y qué es mentira, al menos desde la perspectiva del gobierno.
La precisión es imprescindible, ya que la iniciativa ha suscitado una enorme polémica, sobre todo porque se produce después de las graves declaraciones de Lula contra el ex juez anticorrupción Sergio Moro. Según Lula, Moro inventó la noticia de un plan para secuestrarlo por parte del Primer Comando de la Capital (PCC), la facción criminal más importante del país a cambio de la liberación de su líder Marcos Herbas Camacho alias Marcola.
Entre los detractores de la iniciativa se encuentra el propio Moro, que acusa a Lula de difundir ‘graves desinformaciones’ y que, por tanto, cuestiona la validez de la nueva plataforma gubernamental anti-fake news. “Es un gran riesgo poner en manos del Ejecutivo – dijo Moro – un poder de supervisión que puede resultar en una especie de censura. Dar una especie de mandato en blanco es un riesgo muy grande. Este proyecto debe ser debatido y necesita muchas mejoras”.
Fue el propio Lula quien lo defendió en Internet. En su Twitter, el presidente escribió que “Brasil ha sufrido mucho con las mentiras en las redes sociales en los últimos años. Las noticias falsas van de la mano del odio y pueden acarrear consecuencias irreversibles para la sociedad. Es necesario fortalecer una red de la verdad”. Sin embargo, en varias ocasiones durante sus tres meses de gobierno, Lula ha utilizado tonos acalorados contra el director del Banco Central, Roberto Campos Neto, acusándole de estupidez por mantener la tasa Selic en el 13,75%. Por no hablar de Dilma Rousseff, cuya destitución en 2016 Lula calificó repetidamente de golpe de Estado, alimentando la idea de que las instituciones democráticas del país no se comportaban democráticamente. Lo que, además, contradiría las propias decisiones de Lula en su nuevo gobierno, en el que tres de sus ministros votaron a favor del impeachment de Rousseff.
El gran problema es que en Brasil no existe una definición legal de desinformación. El proyecto de ley para regularla, PL 2630/2020, sigue debatiéndose en el Congreso. Para el ministro de la Secom, Paulo Pimenta, del Partido de los Trabajadores (PT), es “fundamental” que se apruebe. Mientras tanto, el sitio web lanzado por Pimenta, Brasil Contra Fake, ha sido duramente criticado por las principales agencias independientes de fact-checking, que acusan a toda la operación de politizar un tema, el de la desinformación, que es importante abordar en cualquier democracia. “Tenemos muchas reservas. No sabemos si esta plataforma adoptará los criterios de la International Fact Checking Network (IFCN)”, declaró Alexandre Gimenez, de UOL Confere, al diario brasileño Folha. Una crítica más dura procede de la Agencia Lupa, según la cual más que fact cheking el sitio está lleno de aclaraciones gubernamentales.
Un ejemplo es un texto sobre el aumento de la deforestación en la Amazonia en febrero. En el breve artículo, el gobierno confirma que los datos son ciertos pero no indica ningún enlace a las fuentes y luego dice, a modo de justificación, que las políticas públicas medioambientales son efectivas a medio y largo plazo y no en lo inmediato: “Para las empresas de fact checking, hay una falta de metodología, en favor de una confusión informativa que parece ir en dirección contraria a las intenciones declaradas”. Tai Nalon, de la agencia Aos Fatos, declaró que el gobierno está haciendo “propaganda”.
Cabe preguntarse, por tanto, si no es peligroso para Lula emprender un camino que corre el riesgo de conducir a la censura y a la propaganda, palabras que deberían estar prohibidas en cualquier democracia que se precie. Y que el camino es traicionero también lo demuestra la audiencia celebrada la semana pasada en el Supremo Tribunal Federal (STF) de las principales empresas que gestionan redes sociales como Twitter, Google y Meta para debatir su regulación en Brasil y una posible modificación del artículo 19 del llamado Marco Civil de Internet, que es la única ley disponible por el momento. Según esta norma, que tiene como objetivo “garantizar la libertad de expresión y evitar la censura”, las redes sociales “son responsables de los daños derivados de contenidos generados por terceros si después de una orden judicial específica no toman medidas para eliminar el contenido en cuestión”.
Lo que el nuevo gobierno de Lula quiere ahora es que las redes sociales sean consideradas legalmente responsables como si fueran editores, sin ni siquiera un tribunal que obligue a retirar un comentario. La audiencia tuvo momentos de tensión. Ante las acusaciones del STF de omisión en la lucha contra los contenidos ilegales y la eliminación de noticias falsas o publicaciones que violan las políticas de las plataformas, empresas como Google y Meta reaccionaron defendiendo su trabajo. Meta afirmó que ha invertido miles de millones de dólares y que siempre ha obedecido cientos de órdenes judiciales de los tribunales brasileños, incluidas las relacionadas con los acontecimientos del 8 de enero.
“Solo durante la primera vuelta de las elecciones, Meta eliminó alrededor de 135.000 anuncios electorales”, dijeron sus abogados durante la audiencia, “también se eliminaron más de 3 millones de publicaciones de Facebook e Instagram que incitaban a la violencia y al discurso de odio entre agosto de 2022 y enero de 2023″. Para los abogados de Google, “solo en Brasil en 2022, YouTube eliminó más de un millón de vídeos que violaban los principios de la compañía; contra la desinformación, la violencia y el discurso de odio”. A esto se suma el hecho de que desde el ataque a la mezquita de Christchurch en Nueva Zelanda en 2019, las principales plataformas sociales junto con más de 50 gobiernos y organizaciones de la sociedad civil han iniciado el Cristchurch Call, un plan de acción de la comunidad internacional para eliminar el terrorismo y el extremismo violento de las redes sociales. El gobierno de Brasil nunca ha participado. En la audiencia de la semana pasada en Brasilia, el STF no hizo ninguna mención al caso específico de Tik Tok, que ahora corre el riesgo de ser prohibido por Estados Unidos acusado de ser una larga mano del Partido Comunista Chino.
Sin embargo, tras la audiencia, la regulación de las plataformas sociales es una prioridad para el nuevo gobierno. El ministro Dias Toffoli señaló que han aumentado los casos de depresión y suicidio entre los adolescentes y citó los atentados contra los palacios del poder en Brasilia el 8 de enero como problemas causados por las redes sociales. Más duros aún fueron los tonos de Alexandre de Moraes. Desde el 14 de marzo de 2019, el ministro es relator de una muy criticada investigación sobre fake news para indagar la existencia de noticias falsas que puedan ser consideradas como calumnias, difamaciones e injurias contra miembros del STF y sus familiares.” Para Moraes, el actual modelo de regulación “es absolutamente ineficaz, fracasado y destruye reputaciones y dignidad”. Moraes fue duramente criticado por el New York Times el año pasado en un mordaz artículo titulado “Para defender la democracia, ¿el tribunal supremo de Brasil va demasiado lejos?” El texto se refería a una orden de búsqueda y congelación de activos solicitada en julio 2022 por Moraes contra un grupo de empresarios brasileños que en un chat privado de Whatsapp comentaron la imminente campaña electoral con memes, posts y una frase, “mejor un golpe de Estado que el regreso del Partido de los Trabajadores”, publicada por la prensa local.
Moraes también mandó detener a cinco personas sin juicio previo por la supuesta publicación de posts en las redes sociales que, según él, atacaban a las instituciones brasileñas. Pero el caso más llamativo es el del diputado del Partido Laborista Brasileño (PLB) Daniel Silveira, condenado en abril a casi nueve años por el STF por un livestream online en el que atacó duramente a Morães. Silveira fue indultado por Bolsonaro al día siguiente de su sentencia. Hace una semana, Moraes autorizó una investigación contra Silveira por los hechos del 8 de enero.
La forma en que Brasil quiere manejar el control de la desinformación, sin embargo, va en contra del resto del mundo. Si el debate a nivel internacional ya existe, incluso se discutió durante la última reunión del G20 en noviembre, depende mucho de las legislaciones nacionales. En Estados Unidos, por ejemplo, la Primera Enmienda de su Constitución que garantiza la libertad de expresión, siempre ha condicionado el debate. En Europa, en cambio, existe la propuesta de ley del Digital Services Act (Norma de servicios digitales), según la cual las plataformas deben revelar información que hoy es secreta, como el funcionamiento de los algoritmos en la moderación y difusión de contenidos falsos. Sin embargo, Europa, a diferencia de Brasil, se centra en la regulación de los procesos, no de los contenidos.
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