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El 30 de enero de 2026 queda inscrito como una fecha decisiva en la historia política reciente de Colombia. La Registraduría Nacional del Estado Civil dio luz verde al comité promotor que impulsa la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente, al certificar que la iniciativa ciudadana cumple plenamente con los requisitos legales exigidos para iniciar el proceso de recolección de firmas. Con esta decisión, se activa un mecanismo de participación directa que reabre el debate de fondo sobre el rumbo institucional del país y el alcance de su pacto constitucional.
El anuncio no tardó en generar reacciones de alto calibre. Desde el Gobierno, la confirmación fue presentada como un hito democrático. El ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, se encargó de comunicar oficialmente el aval y de hacer un llamado amplio a la ciudadanía para respaldar el proceso. En sus declaraciones, subrayó que la iniciativa surge como respuesta a lo que el Ejecutivo considera un bloqueo institucional que ha frenado varias de las reformas estructurales impulsadas por el llamado Gobierno del Cambio en el Congreso. Para el oficialismo, la ruta constituyente representa una vía legítima para destrabar debates de fondo y devolverle al pueblo la palabra sobre el modelo político, social y económico del país.
Con el aval en firme, el comité promotor entra ahora en una carrera contrarreloj. Deberá recolectar firmas equivalentes al cinco por ciento del censo electoral, una cifra cercana a los dos millones de apoyos ciudadanos, requisito indispensable para que la propuesta avance a la siguiente fase. De alcanzarse ese umbral, el Congreso de la República estaría obligado a tramitar una ley que convoque formalmente a los colombianos a las urnas, donde se definiría si el país quiere o no iniciar un proceso de reforma constitucional a través de una Asamblea Constituyente.
El solo anuncio ha profundizado las divisiones políticas y sociales. Sectores afines al Gobierno y organizaciones sociales ven en esta iniciativa una oportunidad histórica para fortalecer y blindar derechos sociales, actualizar el marco institucional frente a nuevas realidades y corregir desigualdades estructurales que, a su juicio, la Constitución de 1991 no logró resolver plenamente. Del otro lado, voces de la oposición y expertos en derecho constitucional advierten sobre los riesgos que un proceso de esta magnitud podría implicar para la estabilidad jurídica, la seguridad de las reglas de juego y el equilibrio de poderes, en un contexto regional marcado por experiencias constituyentes controvertidas.
Más allá de las posturas encontradas, el proceso que se abre tiene un rasgo central difícil de ignorar: su origen en la participación popular directa. La discusión ya no se limita a los pasillos del poder ni a los recintos legislativos, sino que se traslada al terreno ciudadano, donde cada firma se convierte en una expresión política y cada apoyo o rechazo alimenta un debate que promete marcar el clima nacional en los próximos meses.
Colombia entra así en una etapa de definiciones profundas, en la que el debate sobre su Constitución vuelve al centro de la escena pública. Lo que está en juego no es solo una reforma jurídica, sino la manera en que la sociedad colombiana concibe su futuro institucional, su democracia y el contrato social que la rige desde hace más de tres décadas.
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