El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) es el órgano jurisdiccional superior de la Unión Europea y cumple un rol central en el entramado institucional comunitario. Su misión fundamental es garantizar que el Derecho de la Unión se interprete y se aplique de manera uniforme en los 27 Estados miembros, asegurando así la coherencia jurídica del proceso de integración europea.
En el contexto del debate sobre el Acuerdo de Asociación entre el Mercosur y la Unión Europea, el TJUE aparece como un actor clave. Según confiaron al Diario La R, fuentes políticas como diplomáticas, su intervención “no implica una decisión política sobre la conveniencia del tratado, sino un examen estrictamente jurídico de su compatibilidad con los Tratados de la Unión y con el derecho comunitario vigente”. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) suele demorar entre 18 y 24 meses en emitir dictámenes sobre la compatibilidad de tratados comerciales complejos, como el del Mercosur-UE. Este proceso, solicitado por el Parlamento Europeo, paraliza la ratificación formal hasta que haya un veredicto
El TJUE y el acuerdo Mercosur–Unión Europea
En el caso del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea, la intervención del Tribunal de Justicia se inscribe en su función de garante de la legalidad comunitaria. Ante las dudas planteadas en el Parlamento Europeo sobre la compatibilidad del tratado con los Tratados de la Unión, en particular en materia ambiental, agrícola y de sostenibilidad, el TJUE debe evaluar si el contenido del acuerdo se ajusta al Derecho de la Unión.
El Tribunal no decide sobre la oportunidad política del tratado ni sobre su conveniencia económica. Su análisis se limita a determinar si las disposiciones del acuerdo respetan el marco jurídico europeo. En caso de detectar incompatibilidades, el texto debería ser modificado antes de avanzar en su ratificación.
¿Cuánto tiempo puede insumir una decisión del TJUE en este caso?
En un expediente de la magnitud política y jurídica del Acuerdo de Asociación entre el Mercosur y la Unión Europea, el proceso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) puede extenderse entre 18 meses y 24 meses, aunque puede extenderse dependiendo de múltiples factores institucionales y procedimentales.
En primer lugar, debe considerarse que el plazo medio de tramitación ordinaria ante el TJUE oscila entre 16 y 18 meses, según estadísticas oficiales del propio tribunal. Ese promedio corresponde a asuntos jurídicos complejos pero acotados. En el caso de un tratado internacional de alcance birregional, ese plazo tiende a ampliarse.
Uno de los principales factores es la complejidad del objeto sometido a revisión. El acuerdo UE–Mercosur no es un tratado comercial simple, sino un instrumento de asociación amplio que abarca comercio, inversiones, normas ambientales, compromisos laborales, compras públicas, propiedad intelectual y mecanismos de solución de controversias. El Tribunal debe evaluar su compatibilidad integral con los Tratados de la Unión, el derecho derivado y la jurisprudencia previa, lo que exige un análisis exhaustivo.
En segundo término, influye el número de actores habilitados a intervenir. En este tipo de procedimientos suelen presentar observaciones escritas no solo las instituciones europeas —Comisión, Consejo y Parlamento—, sino también numerosos Estados miembros, en función de sus intereses económicos, agrícolas, ambientales o industriales. Cada intervención amplía la fase escrita y complejiza la deliberación.
Otro elemento relevante es la posible intervención del Abogado General. En asuntos que plantean cuestiones jurídicas nuevas o de especial trascendencia institucional —como ocurre con este acuerdo—, es habitual que el Tribunal solicite conclusiones. Este paso, si bien no es vinculante, añade varios meses adicionales al procedimiento, ya que las conclusiones se presentan tras la vista oral y requieren un estudio independiente profundo.
Asimismo, el Tribunal puede decidir que el asunto sea examinado por la Gran Sala, integrada por 15 jueces, o incluso el Pleno (27 jueces) en lugar de una sala reducida. Esta decisión, frecuente en casos de alto impacto político o constitucional, garantiza mayor legitimidad institucional, pero también alarga los tiempos de deliberación, dada la necesidad de alcanzar consensos amplios.
Debe considerarse además que no se trata de un procedimiento acelerado, ya que el acuerdo no encuadra en los supuestos de urgencia extrema previstos por el Reglamento del Tribunal. Por tanto, no se reducen plazos ni se limita la fase escrita, como sí ocurre en otros ámbitos.
Finalmente, aun cuando el TJUE emita su sentencia o dictamen, el proceso político no concluye automáticamente. Si el Tribunal identifica incompatibilidades jurídicas, el texto del acuerdo deberá ser renegociado o ajustado, lo que implica nuevas rondas técnicas y políticas entre las partes. Incluso en el escenario de una validación plena, el acuerdo deberá retomar el proceso de ratificación en el ámbito europeo y, en su caso, en los parlamentos nacionales.
Una institución con doble estructura
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea es, en rigor, una institución compuesta por dos órganos jurisdiccionales: el Tribunal de Justicia propiamente dicho y el Tribunal General. Ambos conforman conjuntamente el TJUE, con competencias diferenciadas.
El Tribunal de Justicia, que es el órgano superior, está integrado por 27 jueces —uno por cada Estado miembro— y cuenta con la asistencia de 11 abogados generales. El Tribunal General, en tanto, está compuesto por 56 jueces y conoce principalmente de los recursos interpuestos por particulares, empresas y organizaciones contra actos de las instituciones europeas.
Las decisiones del Tribunal de Justicia y del Tribunal General tienen carácter vinculante y priman sobre las resoluciones de los tribunales nacionales, en aplicación del principio de primacía del Derecho de la Unión sobre los derechos internos de los Estados miembros.
Cada Estado miembro designa a un juez del Tribunal de Justicia, siguiendo su propio procedimiento nacional. No obstante, los tratados europeos establecen requisitos claros: los jueces deben ser personas cuya independencia esté fuera de toda duda y que reúnan las condiciones necesarias para ejercer las más altas funciones jurisdiccionales en su país o que sean juristas de reconocida competencia en Derecho de la Unión.
Antes de su nombramiento, los candidatos son evaluados por un comité especializado, conocido como “Comité 255”, creado por el artículo 255 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Este órgano examina la idoneidad de los postulantes a jueces y abogados generales. La designación formal se realiza posteriormente por acuerdo de todos los Estados miembros.
Los jueces son nombrados por un período de seis años, con posibilidad de renovación. Entre ellos eligen a un presidente y a un vicepresidente por mandatos de tres años. Actualmente, el presidente del Tribunal es Koen Lenaerts, quien integra el TJUE desde 2003 y ocupa la presidencia desde 2015.
El papel de los abogados generales
Los abogados generales cumplen una función singular dentro del Tribunal de Justicia. No participan en la deliberación final ni adoptan decisiones, pero presentan conclusiones independientes que analizan el caso y proponen una solución jurídica.
El Tribunal cuenta con 11 abogados generales, designados de la misma forma que los jueces. Dado que su número es inferior al de Estados miembros, no todos los países cuentan con un abogado general permanente. Los cinco Estados de mayor peso demográfico —Alemania, Francia, Italia, España y Polonia— designan un abogado general de forma estable, mientras que los restantes cargos rotan entre los otros Estados miembros.
Las conclusiones del abogado general no son vinculantes, pero suelen tener una influencia significativa en la argumentación jurídica del Tribunal y aportan una mirada independiente sobre los asuntos más complejos.
El procedimiento ante el Tribunal de Justicia se rige por su Estatuto y por el Reglamento de Procedimiento, y se desarrolla en dos grandes etapas: una fase escrita y una fase oral.
El proceso se inicia con la presentación del recurso o con la remisión de la cuestión prejudicial por parte de un tribunal nacional. La Secretaría del Tribunal registra el asunto y se encarga de las notificaciones correspondientes.
En la fase escrita, las partes —Estados miembros, instituciones europeas o particulares, según el caso— presentan sus alegaciones y observaciones por escrito. Estos documentos son analizados por el juez ponente, designado por el presidente del Tribunal, quien sigue de cerca la tramitación del caso y prepara el proyecto de sentencia.
Concluida esta etapa, el Tribunal decide si corresponde celebrar una vista oral y si resulta necesario que intervenga un abogado general con conclusiones. En la vista oral, que es pública, los representantes de las partes exponen sus argumentos ante los jueces y pueden responder preguntas.
Posteriormente, si el asunto lo amerita, el abogado general presenta sus conclusiones en audiencia pública. Tras ello, los jueces deliberan en privado, sin la participación del abogado general, y adoptan la decisión final.
Las sentencias se dictan por mayoría, no se publican votos disidentes y el resultado se pronuncia en audiencia pública. Las resoluciones son definitivas y vinculantes.
Lenguas y transparencia
El Tribunal de Justicia trabaja en las 24 lenguas oficiales de la Unión Europea, lo que constituye una característica singular en el ámbito judicial internacional. La lengua del procedimiento depende del tipo de asunto y del origen del recurso, aunque internamente el Tribunal delibera tradicionalmente en francés.
Las vistas y la lectura de las sentencias son públicas y, en muchos casos, se transmiten por streaming. Las resoluciones se publican el mismo día de su pronunciamiento en la base de datos de jurisprudencia del Tribunal.
Marcelo Falca
Fuente de esta noticia: https://grupormultimedio.com/el-tribunal-que-puede-frenar-o-destrabar-el-acuerdo-mercosur-union-europea-id183846/
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