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En un mensaje directo y sin ambigüedades, el presidente de la República desmintió de manera categórica la información difundida por el diario colombiano El Tiempo, que aseguró que el Gobierno habría creado cerca de mil nuevos puestos de trabajo pocos días antes de la entrada en vigencia de la ley de garantías. La afirmación fue rechazada de plano por el mandatario, quien calificó la publicación como falsa y carente de rigor, señalando que no corresponde en absoluto a la realidad de los hechos.
Según explicó el jefe de Estado, lo ocurrido en Colpensiones no puede ser presentado como una creación masiva de nuevos empleos, tal como lo hizo el medio. Se trata, por el contrario, de un proceso administrativo largamente esperado y jurídicamente sustentado, en el que más de 800 contratistas que durante años han trabajado en condiciones de inestabilidad fueron incorporados a la planta laboral de la entidad. Este ajuste se enmarca en el proceso de modernización institucional que adelanta Colpensiones para adecuarse a las exigencias de la ley pensional, actualmente en revisión en la Corte Constitucional.
El presidente fue enfático al señalar que estas personas no son nuevas vinculaciones ni responden a maniobras políticas coyunturales, sino a una obligación constitucional: garantizar estabilidad laboral a quienes han servido al Estado durante largos periodos sin las garantías mínimas que exige la ley. “Aquí no hay nuevos empleos, como afirma la prensa tradicional desinformadora”, sostuvo, dejando claro que el Gobierno no ha violado la ley de garantías ni ha incurrido en prácticas irregulares.
La narrativa difundida por El Tiempo, agregó, distorsiona deliberadamente una medida que busca corregir una injusticia estructural. Durante años, cientos de trabajadores han sostenido el funcionamiento del Estado bajo contratos precarios, sin derechos plenos ni seguridad laboral. La decisión adoptada no solo es legal, sino coherente con el mandato constitucional y con los principios de dignidad humana y justicia social que orientan la política laboral del actual Gobierno.
El mandatario subrayó que este paso es una consecuencia directa de la legislación laboral y de una visión de Estado que prioriza la dignificación del trabajo. En ese sentido, advirtió sobre el papel de ciertos sectores de la prensa que, lejos de informar con precisión, optan por construir relatos que confunden a la opinión pública y erosionan la confianza ciudadana en las instituciones.
El mensaje presidencial concluye con una defensa firme del derecho a la estabilidad laboral y una crítica abierta a la desinformación, reafirmando que garantizar condiciones dignas a quienes han trabajado para el Estado durante años no es un privilegio ni una concesión política, sino el cumplimiento de un deber constitucional largamente postergado.
