Una investigación documental reveló que la organización, vinculada al caso Conexión Ganadera, utilizaba dos números tributarios distintos: uno para Montevideo y otro para el interior.
Una revelación documental ha puesto bajo la lupa el funcionamiento de la Fundación Sophia, una organización sin fines de lucro que gestiona centros educativos en Uruguay y cuya estructura administrativa presenta una anomalía significativa: opera con dos números de Registro Único Tributario (RUT).
Este hallazgo, difundido inicialmente por el periodista Eduardo Preve en base a datos del espacio La Tapadita, levanta un muro de interrogantes sobre la gestión, transparencia y destino final de los fondos de la entidad, en un momento en que su nombre resuena por su vinculación indirecta al escándalo de la quiebra de Conexión Ganadera.
Una fundación, dos identidades tributarias
Según los documentos analizados por el comunicador, la fundación no cuenta con un solo identificador fiscal, sino con dos. Por un lado, el RUT correspondiente a la “Fundación Sophia”, que administra los colegios en Montevideo y el área metropolitana. Por otro, aparece el registro a nombre de “Fundación Sophia Virgen de los 33”, responsable de las instituciones en el interior del país.
Aunque esto no es ilegal per se, esta duplicidad es atípica para una única estructura institucional y complica el rastreo unificado de su actividad económica, abriendo la puerta a interrogantes sobre la fragmentación de su contabilidad y la administración de sus recursos.
El vínculo con Conexión Ganadera y las importaciones millonarias
La sombra de Conexión Ganadera planea sobre esta irregularidad. La fundación ha sido vinculada al caso debido a relaciones personales entre algunos de sus integrantes y la empresa agropecuaria, que realizó donaciones a la Sophia antes de su colapso financiero. En este contexto de escrutinio, el segundo hallazgo cobra mayor peso: entre los registros de importación de la fundación figuran compras de materiales por un valor acumulado cercano a los 800.000 dólares en un lapso de cuatro años.
Llama particularmente la atención el destino de gran parte de ese capital. Aproximadamente el 60% de las importaciones –casi medio millón de dólares– tuvieron como origen España. Para una organización declarada sin fines de lucro y dedicada a la educación, el volumen y el destino específico de estas erogaciones generan dudas sobre la naturaleza y necesidad de dichas adquisiciones.
Estructura salarial que dispara señales de alarma
El tercer componente que completa este rompecabezas financiero es la estructura interna de gastos. La misma documentación indica que dentro de la fundación se pagarían salarios que superan los 100.000 pesos uruguayos. Si bien el monto en sí no es ilegal, su existencia en una entidad sin fines de lucro que recibe donaciones y, presumiblemente, beneficios fiscales, también plantea dudas sobre los manejos de estos dineros.
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