
El Directorio Ejecutivo del Fondo Monetario Internacional (FMI) aprobó la sexta revisión del Instrumento de Coordinación de Políticas (ICP) y la cuarta revisión del Servicio de Resiliencia y Sostenibilidad (SRS), decisión que habilita un nuevo desembolso de 85,6 millones de Derechos Especiales de Giro (DEG), equivalentes a unos USD 117 millones, a favor de Paraguay.
Según el FMI, la economía paraguaya continúa mostrando resiliencia, sostenida por la estabilidad macroeconómica y una agenda amplia de reformas estructurales apoyadas por ambos programas.
El organismo prevé que el PIB real mantenga un crecimiento sólido en 2026 y en los años siguientes, mientras que la inflación se mantendría bajo control y convergería hacia la meta del Banco Central del Paraguay del 3,5% en 2026. En ese escenario, el FMI considera adecuado un enfoque de política monetaria basado en datos.
En el frente externo, si bien se anticipa un debilitamiento transitorio de la cuenta corriente por el aumento de importaciones vinculadas a la inversión extranjera directa (IED), el Fondo proyecta una mejora a mediano plazo con la incorporación de nuevas exportaciones. A esto se suma que las reservas internacionales permanecen por encima de los niveles de suficiencia, fortaleciendo la posición externa del país.
La aprobación del desembolso también está vinculada al avance del plan de consolidación fiscal, con el compromiso del Gobierno de reducir el déficit fiscal hasta el 1,5% del PIB en 2026. El FMI destacó los esfuerzos orientados a fortalecer la recaudación tributaria, mejorar la eficiencia del gasto público y avanzar en la sostenibilidad del sistema de jubilaciones y pensiones del sector público, aspectos considerados clave para generar espacio fiscal sin comprometer la estabilidad.
Asimismo, el organismo valoró positivamente los progresos en materia de gestión financiera pública y subrayó la importancia de mantener el impulso para reforzar la credibilidad de la política fiscal.
Reformas. En el plano estructural, el FMI resaltó los avances en reformas vinculadas a la gobernanza y la lucha contra la corrupción, el desarrollo del mercado de capitales, la modernización de la función pública, el fortalecimiento de la administración tributaria, la supervisión de los fondos de pensiones privados, la digitalización del sistema de pagos y las medidas para mejorar la resiliencia frente a shocks climáticos.
Con base en el cumplimiento de varias metas de reforma y los compromisos asumidos por las autoridades, el personal técnico del FMI respaldó la liberación de los USD 117 millones.
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