Abogan por una ley que garantice asistencia legal a amenazados de deportación

Aseguran que un inmigrante que cuenta con un abogado tiene un 60% de probabilidad de ganar su caso, en comparación con el 17 % de los que no tienen asistencia

Inmigrantes y una coalición de organizaciones reclamaron este jueves a la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, que se apruebe la Ley de Acceso a la Representación (ARA por siglas en inglés) en el presupuesto final del estado que se evalúa en la legislatura para que incluya el derecho a la asesoría legal de aquellos que se enfrentan a la deportación, algo que, de aprobarse, sería primicia en el país.

La coalición de organizaciones recordó durante una conferencia de prensa que legisladores estatales han confirmado la pasada semana su compromiso de asignar 120 millones de dólares en el proyecto de presupuesto, la mayor parte para financiar servicios legales, e hicieron un llamado a estos para que aprueben la propuesta de ley.

Un inmigrante que no esté en un centro de detención y cuenta con un abogado tiene un 60 % de probabilidad de ganar su caso en comparación con el 17 % de los que no tienen asistencia legal, según datos de 2018 citados en su página por el conocido Instituto Vera, que lucha a nivel nacional para transformar el sistema penal y de inmigración y que apoya la aprobación de ARA.

Los concentrados en el acto advirtieron que no se contará con ese dinero si la propuesta de ley queda fuera del presupuesto final y recordaron que los inmigrantes, cuando no puedan pagar un abogado, se ven obligados a representarse a sí mismos en una corte de inmigración, lo que les pone en desventaja frente a los abogados del Gobierno.

«Hochul, escucha, estamos en la lucha» gritaban inmigrantes durante una manifestación frente a la oficina en Manhattan de la gobernadora, a quienes no detuvo la persistente lluvia que caía en ese momento.

Los inmigrantes, en su mayoría latinos, portaban letreros con mensajes como «Los neoyorquinos necesitan acceso a la representación (legal)» o «Mantén mi familia unida, aprueben el ARA«.

Una de ellas era la peruana Lina Ochoa, expolicía y madre de dos niños, que contó la pesadilla que vivieron cuando intentaron contratar un abogado para el proceso de asilo político que buscaban iniciar, tras establecerse en Nueva York un año atrás.

«Pedían 10.000 dólares por cada uno pero como somos familia, nos dejaban en 8.000 el precio final, que no podíamos pagar», señaló a EFE. Acudieron a una ONG pero por tener exceso de casos no pudieron ayudarles. Finalmente, les pusieron en contacto con otro grupo que finalmente brindó ayuda gratuita y les ayudó a obtener el asilo.

La abogada Alexandra Rizio, de la organización Safe Passage Project, representa niños no acompañados que han llegado a este país y entre ellos han tenido bebés de hasta cuatro meses, a quienes el Gobierno ha colocado en proceso de deportación.

«Cada vez más niños necesitan nuestra ayuda, y sus casos duran cada vez más debido a los retrasos en los tribunales y las visas», afirmó.

Hochul envió a la legislatura el pasado mes una propuesta de presupuesto de 227.000 millones, de dólares que está en medio de negociaciones en la legislatura y que debe aprobarse no más allá del 1 de abril, y ahora los grupos proinmigrantes están presionando para que ARA no quede fuera.

A septiembre de 2022 había 180.000 casos en espera de cita en las cortes de inmigración en Nueva York, y casi dos millones a nivel nacional.