Con las penitenciarias colapsadas de detenidos sin el debido proceso a partir de la entrada en vigencia del régimen de excepción en 2022, una red de custodios y empleados de la dirección de penales de El Salvador cobra por permitir visitas de dos horas.
Sandra pudo ver a su hermano después varias semanas sin saber de él. La segunda semana de marzo, la mujer logró entrar al Centro Penal La Esperanza, una de las cárceles más grandes de El Salvador, para llevar comida, medicinas y un poco de conversación a su familiar, un joven detenido por la policía salvadoreña bajo acusaciones de asociaciones ilícitas y de pertenecer a la pandilla MS13. No fueron un juez bondadoso o un custodio descuidado los que permitieron la visita de Sandra: la mujer pagó 1,500 dólares a una red de corrupción que se ha formado en la cárcel salvadoreña desde que el gobierno de Nayib Bukele decretó el régimen de excepción en marzo de 2022, según ella denunció a Infobae.
“Le hizo bien la visita que le hice, su rostro era completamente diferente, era otra persona, literalmente”, comentó Sandra (todos los nombres de reos y sus familiares entrevistados para esta historia se han cambiado por petición de ellos para evitar represalias) en una conversación.
Sandra entró a la cárcel luego de pagar los USD 1,500 a un empleado de la Dirección General de Centros Penales. El trato era que, a cambio del dinero, le permitirían una visita de dos horas. “Hasta me pude quedar más tiempo porque se olvidaron un rato de mí y no me cobraron más”, contó Sandra.
Cuando entró ver a su familiar en Mariona -como en El Salvador se conoce al Centro Penal La Esperanza por el nombre de la población aledaña a la cárcel-, Sandra le llevó vitaminas en una bebida. “La salud de él va de mal en peor. Me contó que una vez se había desmayado, que no lo llevaron a la clínica ni le dijeron nada. Él solo recuerda que oyó que alguien dijo que estaba convulsionando… sentía un dolor de estómago, presión en el corazón y luego se quedó en blanco…”, explicó la mujer.
El hermano sobrevivió. Lo dejaron en la celda hacinada en la que lo metieron desde que llegó a finales de 2022. Ahí languideció hasta que Sandra entró en contacto con la red del gobierno salvadoreño que, según esta denuncia, cobra por permitir visitas a los presos del régimen de excepción.
Infobae habló con las familias de otros tres jóvenes presos en Mariona, con tres abogados defensores que conocen casos similares, y tuvo a la vista expedientes judiciales que confirman los testimonios de los presos. Además, se confirmó la información con un alto oficial de la Policía Nacional Civil (PNC) quien está al tanto de la existencia de la red y habló desde el anonimato para poder revelar información que de otra forma no vería la luz. Se intentó contactar a las autoridades salvadoreñas para conocer su versión, pero, como suele ocurrir con el gobierno de Nayib Bukele en casos de denuncias de corrupción, no hubo respuesta.
“No son custodios los que andan en eso, es una red más grande que incluye a administrativos de la Dirección General de Centros Penales y hasta fiscales”, aseguró el jefe policial.
En algún momento a finales del año pasado, Sandra y otros familiares de presos se reunieron frente a la cárcel de Mariona para intentar averiguar el paradero de sus parientes. Como ha ocurrido desde que Bukele decretó régimen de excepción en marzo de 2022, los familiares se quedaron esperando en las puertas de la cárcel sin que nadie les diera información.
Pasado un tiempo, y tras volver una y otra vez a Mariona, los familiares de los reos empezaron a formar grupos de mensajería por la plataforma WhatsApp. Fue en uno de esos grupos que Sandra leyó por primera vez el nombre de un contacto que, según decían otros parientes de presos, podía arreglar visitas de dos horas. Sandra consiguió un número de teléfono al que hablar y arregló una cita en Metrocentro, el centro comercial más grande y antiguo de San Salvador. Ahí, en un restaurante de comida rápida, entregó USD 1,500; quien recibió el dinero le dio una fecha para volver al penal y le dio las señas de cómo entrar a ver a su hermano. Antes de irse, el hombre hizo otra oferta.
El contacto de Sandra ofreció, por otros USD 2,000, modificar las actas policiales y los informes ingresados al sistema informático de la Dirección General de Centros Penales (DGCP) para retirar referencias a cualquier vinculación entre su hermano y las pandillas. Por los dos mil dólares, dijo el contacto, se podía “desvincular” al hermano de Sandra.
Desde marzo de 2022, por el régimen de excepción, las garantías constitucionales de defensa y debido proceso en El Salvador han estado limitadas. En la práctica, esto ha significado que la policía salvadoreña ejecuta arrestos sin las respectivas órdenes administrativas y judiciales, que no informa a los detenidos de qué se les acusa y, entre otros abusos, que los arrestados pueden pasar hasta dos semanas sin ver a un juez y, cuando finalmente lo hacen, no cuentan con un abogado defensor.
En muchas ocasiones, como denunciaron en su momento las organizaciones Human Rights Watch y Cristosal, las únicas pruebas presentadas en los tribunales por los agentes de la Fiscalía General de la República (FGR) para mantener en la cárcel a los detenidos son actas policiales en las que, de forma usualmente vaga, los policías vinculan a los detenidos con las pandillas. Por eso, hacer desaparecer ese vínculo puede significar un mejor trato en prisión e, incluso, el primer paso hacia la libertad.
Sandra consiguió el dinero y, después de pagar los USD 1,500, pagó los otros USD2,000. Cuando fue a ver a su hermano a Mariona recibió buenas noticias.
“Él me comentó que ya le habían notificado que está desvinculado, se lo dijeron y espero que sea así. El muchacho que me ha estado ayudando me dijo que habían cumplido con toda la parte del trato, que lo habían desvinculado y que no había sido un juego todo lo que él me dijo… Espero que en el expediente las cosas sean así”, contó Sandra.
Teresa, otra de las mujeres entrevistadas para esta nota, aseguró que ella también pagó USD 1500 para poder visitar a su hijo. Ella no conoce a Sandra y el agente con el que hizo el trato es otro. A Teresa también le ofrecieron más alternativas; le dijeron que podían “arreglar” los expedientes de su familiar, pero el precio que a ella le dieron es más alto: entre USD 5.000 y USD 7.000. A Mónica, otra entrevistada, le hicieron las mismas ofertas y agregaron otra: USD 2.000 por cambiar a su familiar a celdas menos hacinadas.
“Lo que está ocurriendo es una especie de publicidad de boca en boca y los familiares se van enterando de esta posibilidad… Ellos lo que quieren es ver a su gente, por eso, si tienen el dinero o lo pueden conseguir, lo hacen”, dijo a Infobae una de las abogadas consultadas, quien asegura que al menos ocho de sus clientes le han contado sobre los pagos.
El día que Mónica entró a ver a su familiar, previo pago de los USD 1,500, junto a ella había, según recuerda, unas 10 personas que también habían pagado.
A Mónica, su pariente le confirmó que habían estado ocurriendo traslados constantes en los últimos días. “Me dijo que habían estado trasladando a algunos reos y yo le comenté que era posible que a él lo fueran a mover”, aseguró la mujer sin detallar si había pagado más dinero para asegurar el movimiento de su familiar.
Una de las abogadas entrevistadas contó que, según varios de sus clientes, en Mariona se ha perfeccionado un sistema de clasificación de reos basado en el tipo de defensor que les asiste. Si son defensores públicos, los presos son relegados a las peores celdas y, si los abogados son privados, se les ordena de tal manera que puedan acceder, si pagan, a mejores condiciones.
Una megacárcel que no tapa la corrupción
Nayib Bukele, el presidente de El Salvador, amaneció el 15 de marzo pasado llenando sus redes sociales con los vídeos preparados por su aparato de propaganda sobre el segundo traslado de reos a la recién inaugurada megacárcel de máxima seguridad. Decenas de cuentas de Twitter, Facebook y otras redes, de diputados bukelistas, troles cibernéticos y otros, reprodujeron los videos. El presidente salvadoreño volvió a ganar titulares en la prensa mundial por su megacárcel y su guerra sin cuartel a las pandillas, pero también por las denuncias de irrespetos a los derechos humanos y de corrupción en sus prisiones.
La denuncia que habla sobre esta red que cobra por permitir visitas a personas arrestadas durante el régimen de excepción se une a otras, como la que desveló que las autoridades de centros penales habían establecido cobros obligatorios a familiares de los reos por paquetes de comida, vestido y medicamentes, tal como publicó Infobae.
Y todo se suma a denuncias más viejas sobre una organización de crimen organizado que existe en las cárceles salvadoreñas, en complicidad con los liderazgos de las pandillas MS13 y Barrio 18, la cual es dirigida por Osiris Luna Meza, el director carcelario de Bukele, según ha quedado establecido en decenas de documentos de investigación elaborados por fiscales salvadoreños y por agentes estadounidenses del Departamento de Justicia. Referencias a Luna, identificado como objetivo por el Tesoro de los Estados Unidos en diciembre de 2021 y listado como funcionario corrupto y antidemocrático por el Departamento de Estado, aparecen también en una acusación hecha el año pasado por fiscales neoyorquinos contra varios líderes de la MS13.
Uno de los descubrimientos de los investigadores salvadoreños es que Luna Meza y su madre, Alma Yanira Meza Olivares, también sancionada por Estados Unidos, dirigen una red de corrupción en las cárceles que incluye plazas fantasmas y el manejo del sistema de tiendas en los penales, que es por medio de las cuales se mueve el dinero que pagan los familiares de los reos para comprar comida y otros insumos de primera necesidad.
A Luna los estadounidenses lo acusan también de ser uno de los funcionarios que negoció gobernabilidad con los liderazgos pandilleros de la MS13 y el Barrio 18 en nombre del presidente Bukele. El director de cárceles también ha sido señalado por viajar en un avión privado de lujo a México sin reportar el origen del dinero utilizado para hacerlo y de usar ayudas entregadas durante la pandemia por Covid-19 para obtener beneficios personales y políticos. No es arriesgado decir que Osiris Luna Meza es uno de los funcionarios de Bukele sobre quien pesan más denuncias de corrupción y es él también quien controla la infraestructura, vigilancia, administración, logística y soportes informáticos de las cárceles en las que, según familiares de los presos, se cobra por llevar alimentos y medicinas a los internos, por visitarlos e, incluso, por “desvincularlos” de su supuesta relación con las pandillas.
Lo que sí es arriesgado es adelantar que la fiscalía salvadoreña investigará cualquiera de estas denuncias. Cuando, a mediados de 2021, el Departamento de Estado en Washington señaló por primera vez la corrupción de Luna Meza, el fiscal general leal a Bukele, Rodolfo Delgado, descartó hacer alguna investigación. Y luego, cuando las denuncias han ido apareciendo, Delgado ha guardado silencio.
Sandra, la mujer que ya pagó por ver a su hermano, entiende con lo que está lidiando. Cuando cuenta su historia no hay, en su voz, indignación por la corrupción, sino, más bien, agradecimiento porque ha podido ver a su familiar aunque eso haya significado entregar dinero que no le sobra. “Fue la única posibilidad para esa familia, pero la mayoría de las familias de presos nunca tendrán ese dinero”, dice una de las abogadas que ha conocido estos casos.
infobae.com
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