En el marco del diálogo sobre el proyecto de reforma de la Caja Fiscal, impulsado por el Poder Ejecutivo, el viceministro de Economía y Planificación del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Felipe González, encabezó una reunión con representantes de las fuerzas públicas.
En la ocasión, la gerente de Desarrollo Económico del MEF, Liz Coronel, presentó un diagnóstico que revela que en el sector de los policías y militares más del 70% de los nuevos jubilados en 2025 se retiró con menos de 55 años.
Afirmó que, en promedio, los aportes de un activo solo permitieron financiar alrededor de tres años de jubilación, mientras que el resto del beneficio debe ser cubierto con los impuestos.
Mientras tanto, pese al rechazo o los cuestionamientos de los uniformados retirados, la entidad económica se ratificó en que la modificación de los parámetros vinculados a la edad para retirarse de la vida activa será fundamental para reducir el déficit, afirmando que se trata del principal factor que presiona la sostenibilidad del sistema.
“Han manifestado su desacuerdo en el establecimiento de la edad mínima de 57 años para acceder al haber de retiro, teniendo en cuenta que los mismos pertenecen a una institución técnica operativa y con la aplicación de esta disposición se desnaturalizará a la profesión militar y policial. Al respecto, los representantes del MEF se ratificaron en la necesidad de una edad mínima”, dio a conocer el MEF en una publicación.
Además, la institución les advirtió que, de mantenerse las reglas actuales del sistema previsional público, a partir del año 2028 será necesario utilizar más impuestos para financiar las jubilaciones, incluso ya no solo del Programa No Civil, integrado justamente por las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional.
Esta situación se sumaría a la utilización de los tributos que ya se está aplicando para cubrir el déficit del Programa Civil, compuesto por los demás sectores.
“Esta dinámica implicaría una mayor presión sobre las finanzas públicas, desplazando recursos de áreas y programas estratégicos para el desarrollo, lo que refuerza la necesidad de avanzar en medidas de racionalización y ordenamiento del sistema previsional”, señaló el ente.
El Ministerio recordó también que el déficit de la Caja Fiscal representa el 0,8% del producto interno bruto (PIB), lo que implica cerca de la mitad del tope permitido por la Ley de Responsabilidad Fiscal. Advirtieron que esto genera presión sobre las finanzas públicas y que reemplaza inversiones en áreas prioritarias.
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