El Gobierno trasladó de forma indefinida el Alto Mando Militar a Guayaquil y distribuyó tropas en las tres provincias más golpeadas por la violencia criminal
Diez mil militares serán desplegados en Guayas, Los Ríos y Manabí como parte de una nueva fase de operaciones de seguridad anunciada por el ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo, en medio del agravamiento de la violencia criminal en la Costa ecuatoriana.
La medida incluye el traslado indefinido del Alto Mando Militar a Guayaquil y el inicio de lo que el Gobierno ha denominado una “ofensiva total” contra las estructuras del crimen organizado que operan en estas provincias, consideradas desde hace varios años como los principales focos de violencia letal del país.
De acuerdo con la información oficial difundida por el Ministerio de Defensa, el despliegue se realizará desde Guayaquil hacia distintos cantones de Guayas, Los Ríos y Manabí, bajo objetivos reservados definidos a partir de análisis de inteligencia militar. Las acciones tendrán carácter ofensivo, coordinado y sostenido, sin un plazo público de finalización, y se ejecutarán en el marco del Bloque de Seguridad, que integra a Fuerzas Armadas y Policía Nacional.
A este anuncio se sumó un pronunciamiento de las Fuerzas Armadas del Ecuador que precisó la distribución territorial de parte del contingente movilizado.
Según el Ejército, 5.000 efectivos se desplazarán a Guayaquil, 2.000 a Manabí y 1.000 a Los Ríos, como parte del fortalecimiento de las operaciones de control y seguridad en zonas de mayor conflictividad social. La institución señaló que cada despliegue responde a una planificación estratégica orientada a preservar el orden público, proteger a la ciudadanía y enfrentar amenazas a la seguridad nacional, y que la presencia militar se mantendrá activa, coordinada y permanente en el territorio.
El operativo se produce en un contexto de violencia persistente en estas provincias. Guayas, y particularmente Guayaquil, ha concentrado en los últimos años una proporción significativa de los homicidios intencionales registrados a nivel nacional, con episodios de extrema violencia vinculados a disputas entre organizaciones criminales por el control de rutas del narcotráfico, puertos, cárceles y economías ilegales. La ciudad portuaria ha sido escenario recurrente de asesinatos selectivos, masacres, ataques con explosivos y amenazas contra comerciantes, transportistas y funcionarios públicos.
Los Ríos se ha consolidado como un corredor estratégico para las economías ilícitas que conectan la Costa con la Sierra. Cantones como Quevedo, Babahoyo y Vinces han registrado un incremento de muertes violentas, secuestros y extorsiones, así como episodios de control territorial por parte de bandas armadas. La violencia ha impactado de forma directa en la actividad comercial y agrícola de la provincia, generando cierres temporales, desplazamientos internos y un clima de temor sostenido entre la población.
Manabí, por su extensa franja costera y su cercanía a rutas marítimas utilizadas para el tráfico de drogas, enfrenta una dinámica similar. Ciudades como Manta y Portoviejo han sido golpeadas por ataques armados de alto impacto, asesinatos en espacios públicos y atentados dirigidos contra figuras vinculadas a actividades portuarias y comerciales. La infiltración del crimen organizado en economías locales y en sectores estratégicos ha convertido a la provincia en uno de los principales puntos de atención de las fuerzas de seguridad.
El traslado indefinido del Alto Mando Militar a Guayas busca, según el Ministerio de Defensa, dirigir las operaciones desde territorio, acelerar la toma de decisiones y asegurar una respuesta inmediata frente a cualquier amenaza.
El Gobierno ha reiterado que la ofensiva no dará tregua y que quienes desafíen al Bloque de Seguridad enfrentarán las consecuencias. Sin embargo, la intensificación del despliegue militar ocurre en medio de un debate abierto sobre la sostenibilidad de una estrategia centrada en la militarización prolongada de la seguridad interna. Analistas y organizaciones de derechos humanos han advertido en ocasiones anteriores sobre la necesidad de complementar estas acciones con fortalecimiento institucional, control civil efectivo y políticas de prevención del delito.
