El acuerdo comercial entre la Unión Europea (UE) y el Mercosur lleva décadas en negociación, con avances y retrocesos que reflejan tanto la complejidad de los intereses en juego como las tensiones internas y externas de ambas regiones. Recientemente, la firma del pacto, inicialmente prevista para el 20 de diciembre de 2025, fue postergada para enero de 2026. Aunque este aplazamiento no resulta del todo sorpresivo, plantea interrogantes sobre el futuro de las relaciones transatlánticas y los desafíos que aún deben superarse.
Un compromiso en construcción
En una carta dirigida al presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el presidente del Consejo Europeo, António Costa, reafirmaron el compromiso de la UE para finalizar el acuerdo. Según ellos, el retraso permitirá realizar ajustes necesarios sin comprometer los principios fundamentales del pacto. Sin embargo, este cambio de fecha también evidencia las dificultades internas dentro de la UE, donde algunos Estados miembros han mostrado reticencias significativas.
Entre las principales voces críticas se encuentra Francia, cuyo presidente Emmanuel Macron ha exigido mayores protecciones para los agricultores franceses. Macron teme que la entrada masiva de productos agrícolas del Mercosur desestabilice los mercados locales y ha insistido en la necesidad de implementar salvaguardas ambientales y sanitarias más estrictas. Italia también ha expresado preocupaciones similares, especialmente en sectores sensibles como los productos lácteos y el aceite de oliva. La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, ha condicionado su apoyo al acuerdo a la implementación de medidas concretas que protejan a los productores locales.
Medidas de salvaguarda como solución temporal
En respuesta a estas inquietudes, el Parlamento Europeo ha aprobado cláusulas de salvaguarda más estrictas. Estas medidas permiten suspender temporalmente los beneficios arancelarios si las importaciones provenientes del Mercosur causan un daño significativo a los productores europeos. Aunque desde una perspectiva jurídica estas disposiciones son prudentes y están alineadas con los principios del derecho internacional comercial, también reflejan las tensiones inherentes al acuerdo. Mientras el Mercosur ofrece acceso a sus vastos mercados agrícolas, la UE impone barreras que muchos consideran proteccionistas.
Las protestas recientes de agricultores europeos en Bruselas subrayan el descontento popular. Miles de ellos se han manifestado contra lo que perciben como una competencia desleal, argumentando que las normativas ambientales y laborales más laxas en los países del Mercosur podrían inundar el mercado europeo con productos más baratos, poniendo en riesgo empleos y tradiciones rurales.
Desde una perspectiva internacional, estas protestas no solo evidencian preocupaciones económicas, sino también debates más amplios sobre sostenibilidad y equidad global. La UE enfrenta el desafío de equilibrar su ambiciosa agenda verde, como el Pacto Verde Europeo (Green Deal), con las demandas de apertura comercial y justicia económica. Un acuerdo desequilibrado podría exacerbar las desigualdades globales y socavar los objetivos ambientales.
La perspectiva del Mercosur
En América del Sur, el presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva ha expresado optimismo respecto al acuerdo, destacando su importancia estratégica tanto económica como geopolíticamente. De concretarse, el pacto crearía una zona de libre comercio que abarcaría aproximadamente 720 millones de habitantes y un PIB combinado cercano a los 22 billones de dólares. Esto fortalecería los vínculos entre Europa y América del Sur en un momento de creciente incertidumbre global.
Lula ha enfatizado que este acuerdo no es solo una cuestión económica, sino también una estrategia para contrarrestar el aislamiento geopolítico frente a potencias emergentes como China. Sin embargo, dentro del Mercosur también existen voces escépticas. Algunos países miembros han expresado preocupación por las estrictas exigencias regulatorias impuestas por la UE, que podrían limitar los beneficios económicos esperados. Si no se llega a un acuerdo en enero de 2026, existe el riesgo de que el Mercosur redirija sus esfuerzos hacia socios asiáticos como China e India, cuyos mercados están en expansión y presentan menos restricciones regulatorias.
Oportunidad o riesgo
Desde mi experiencia como exparlamentaria italiana y conocedora del derecho internacional, veo este aplazamiento como una oportunidad para realizar ajustes necesarios que garanticen un acuerdo justo y sostenible. Sin embargo, prolongar las negociaciones podría poner en peligro el impulso político acumulado durante los últimos años.
Es crucial que ambas partes prioricen un diálogo transparente e inclusivo que involucre a agricultores, ambientalistas y expertos en derecho internacional. Solo a través de compromisos reales será posible construir una base sólida de confianza mutua y asegurar que este acuerdo no solo fomente el crecimiento económico inclusivo, sino que también respete los valores compartidos de sostenibilidad y equidad.
Un momento decisivo
El futuro del acuerdo UE-Mercosur pende de un hilo. Enero de 2026 será un mes crucial: marcará el inicio de una nueva era de cooperación transatlántica o pondrá fin a dos décadas de negociaciones. Como alguien con raíces en ambos continentes, deseo profundamente que este pacto sea exitoso. Sin embargo, advierto que solo será posible si ambas partes muestran voluntad política para superar las diferencias existentes y priorizar intereses comunes.
El mundo necesita alianzas estratégicas como esta para enfrentar desafíos globales como la sostenibilidad ambiental y las tensiones comerciales. Pero estas alianzas solo serán efectivas si se construyen sobre principios sólidos y un compromiso genuino con la justicia global.
Renata Bueno es una parlamentaria ítalo-brasileña nacida en 1979 en Brasilia, Brasil. Fue elegida diputada por el Partido Socialista Italiano (PSI) en 2010 y es conocida por su labor en favor de la ciudadanía italiana y los derechos de la diáspora italiana en Brasil. Además de su carrera política, es abogada y empresaria.
