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A partir del 1 de enero de 2026, Colombia dará un giro histórico en su sistema pensional con una medida que impactará de forma directa a las mujeres trabajadoras del país. Se trata de una reducción progresiva en el número de semanas de cotización necesarias para acceder a la pensión de vejez, un cambio estructural que reconoce, por primera vez de manera explícita, las desigualdades acumuladas que han marcado la vida laboral femenina durante décadas.
La decisión hace parte de la reforma pensional aprobada por el Congreso y actualmente bajo revisión de la Corte Constitucional. Aunque el alto tribunal continúa evaluando distintos componentes del nuevo modelo, este beneficio específico se mantiene en firme, no solo porque está contenido en la ley, sino porque responde a lineamientos que la propia Corte había señalado en fallos anteriores, en los que insistió en la necesidad de introducir criterios de equidad real dentro del sistema.
Durante años, mujeres y hombres han tenido exactamente los mismos requisitos para pensionarse, a pesar de que sus trayectorias laborales suelen ser profundamente distintas. En Colombia, como en buena parte del mundo, las mujeres han asumido de manera desproporcionada las labores de cuidado no remuneradas: crianza, atención de adultos mayores, trabajo doméstico y sostenimiento del núcleo familiar. Estas responsabilidades, aunque esenciales para el funcionamiento de la sociedad, han limitado su acceso al empleo formal continuo y, por ende, a la posibilidad de acumular semanas de cotización.
Con el nuevo esquema, esa realidad empieza a ser corregida. Hasta ahora, el requisito para pensionarse era de 1.300 semanas cotizadas. Desde 2026, las mujeres deberán acreditar 1.250 semanas, es decir, 50 menos que bajo el régimen anterior. La reducción no se detendrá allí. Año tras año, el umbral disminuirá de forma gradual hasta llegar a 1.000 semanas en 2036, lo que supone una rebaja total de 300 semanas frente a la exigencia histórica.
Este calendario progresivo permitirá que el sistema se adapte de manera ordenada, al tiempo que ofrece una expectativa clara y previsible para millones de mujeres que están próximas a cumplir la edad de jubilación o que aún se encuentran en etapa activa. El mensaje es contundente: el Estado reconoce que la igualdad formal no siempre produce justicia material y que, para cerrar brechas, se requieren medidas diferenciadas.
Colpensiones, como entidad administradora del régimen público, será la encargada de verificar el cumplimiento de las semanas exigidas en cada caso, de acuerdo con el año en el que la afiliada solicite su pensión. Con base en esa verificación, se definirá el valor de la mesada pensional conforme a las reglas vigentes del sistema. Desde la entidad han reiterado su disposición para implementar el cambio y garantizar que se traduzca en un beneficio efectivo y transparente.
Desde una perspectiva internacional, la medida alinea a Colombia con tendencias globales que buscan incorporar la perspectiva de género en los sistemas de protección social. Países y organismos multilaterales han advertido durante años que los esquemas pensionales tradicionales castigan de manera indirecta a las mujeres al no considerar las interrupciones laborales asociadas al cuidado y al trabajo no remunerado. En ese contexto, la reforma colombiana representa un avance significativo y un precedente relevante en la región.
Mientras la Corte Constitucional concluye su revisión integral de la reforma pensional, este ajuste permanece vigente y con fecha de entrada en operación definida. Más allá del debate jurídico y político, el cambio marca un punto de inflexión en la discusión sobre justicia social, envejecimiento digno y reconocimiento del aporte invisible que millones de mujeres han hecho, y siguen haciendo, al desarrollo económico y social del país. Colombia, desde 2026, comenzará a saldar una deuda histórica.
carloscastaneda@prensamercosur.org
