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En el último día del periodo legislativo, y en medio de un clima político marcado por la polarización y la desconfianza entre las bancadas, la Comisión Séptima del Senado de la República decidió archivar por segunda vez la reforma a la salud impulsada por el gobierno del presidente Gustavo Petro. La determinación, adoptada tras meses de dilaciones y tensiones internas, representa uno de los golpes más significativos a la agenda social del Ejecutivo y reaviva el debate sobre el rumbo del sistema sanitario en Colombia.
Con una votación de ocho senadores a favor del archivo y cinco en contra, la comisión aprobó la ponencia que pedía frenar definitivamente el proyecto, argumentando profundas dudas sobre su viabilidad operativa, su impacto fiscal y las consecuencias que podría generar sobre la prestación de los servicios de salud en el país. Para la oposición, la iniciativa carecía de garantías técnicas y financieras suficientes, además de introducir riesgos estructurales en un sistema que, aunque imperfecto, ha logrado sostener la cobertura en las últimas décadas.
El resultado no tomó por sorpresa a los sectores oficialistas, que desde hace semanas advertían que la reforma permanecía virtualmente congelada en la Comisión Séptima desde hacía cerca de cinco meses, sin avances sustanciales en su discusión. Según el Gobierno y sus aliados, el proyecto fue objeto de maniobras políticas destinadas a dilatar el debate hasta agotar los tiempos legislativos, una estrategia que, finalmente, se concretó con su hundimiento en la última jornada de sesiones.
Entre los senadores que respaldaron el archivo se encuentran Ana Paola Agudelo, del partido MIRA; Alirio Barrera y Honorio Henríquez, del Centro Democrático; Berenice Bedoya, de la ASI; Nadia Blel, del Partido Conservador; Miguel Ángel Pinto, del Partido Liberal; Lorena Ríos, de Colombia Justa Libres; y Norma Hurtado, del Partido de la U. En contraste, la reforma recibió el apoyo de Wilson Arias, Martha Peralta y Ferney Silva, del Pacto Histórico; Omar Restrepo, del partido Comunes; y Fabián Díaz, de la Alianza Verde.
Precisamente Díaz reaccionó de inmediato tras el anuncio del resultado y presentó una apelación ante la mesa directiva de la comisión y ante la plenaria del Senado, con el objetivo de mantener viva la iniciativa. En sus declaraciones, insistió en que la reforma no puede considerarse formalmente archivada mientras se surta el trámite de apelación, y subrayó que aún existe un camino institucional para que el proyecto continúe su curso legislativo.
La votación evocó inevitablemente el precedente reciente de la reforma laboral, que también fue hundida en la Comisión Séptima con una correlación de fuerzas similar, pero posteriormente revivida en la plenaria del Senado mediante una apelación. Sin embargo, desde el oficialismo reconocen que, en esta ocasión, los tiempos juegan en contra y el margen de maniobra política es mucho más estrecho.
El ministro del Interior, Armando Benedetti, reaccionó con dureza frente a la decisión y acusó a los sectores opositores de actuar con cálculo político y sin considerar las consecuencias sociales del bloqueo legislativo. A su juicio, el hundimiento en el último día del periodo fue una jugada deliberada para impedir que la reforma pudiera ser rescatada en instancias superiores, como ocurrió con la laboral. En un tono crítico, el funcionario sostuvo que la estrategia legislativa adoptada por la mayoría de la comisión terminó convirtiendo la salud de millones de colombianos en un instrumento de confrontación política.
El nuevo revés legislativo deja al Gobierno Petro ante un escenario complejo, en el que deberá redefinir su estrategia para avanzar en una de sus principales promesas de campaña. Mientras tanto, el debate sobre la necesidad de una reforma estructural al sistema de salud sigue abierto, atrapado entre la urgencia social, los temores financieros y una correlación de fuerzas en el Congreso que, por ahora, se muestra adversa a los cambios propuestos por el Ejecutivo.
carloscastaneda@prensamercosur.org
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