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La Comisión Nacional de Disciplina Judicial decidió llevar a juicio disciplinario al magistrado auxiliar Alex Movilla, integrante del despacho del magistrado Francisco Farfán, tras considerar que existen méritos suficientes para investigar una presunta conducta irregular relacionada con presiones ejercidas sobre Sneyder Pinilla, exsubdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) y testigo central en uno de los mayores escándalos de corrupción que ha sacudido a Colombia en los últimos años. La determinación marca un nuevo capítulo de alto impacto institucional en un proceso que ya ha puesto bajo escrutinio a altas figuras del Estado y ha reavivado el debate sobre las garantías procesales y la independencia judicial.
El llamado a juicio se formalizó mediante un pliego de cargos de 51 páginas suscrito por el magistrado Julio Andrés Sampedro, en el que se sostiene que Movilla habría desconocido principios constitucionales fundamentales, en particular los derechos a la no autoincriminación y a guardar silencio que asistían a Pinilla en su condición de investigado. Según el documento, los hechos se habrían producido durante diligencias realizadas los días 9 y 20 de agosto de 2024, cuando el magistrado auxiliar presidió interrogatorios en el marco de actuaciones relacionadas con la investigación por corrupción al interior de la UNGRD.
De acuerdo con la Comisión, durante esas diligencias el funcionario judicial habría “constriñido” al exsubdirector para que rindiera declaración, pese a que su situación jurídica estaba directamente vinculada con una posible participación en conductas delictivas y a que, de manera paralela, adelantaba una estrategia de defensa orientada a la negociación de un principio de oportunidad con la Fiscalía General de la Nación. Para el órgano disciplinario, esta actuación no solo resultaría incompatible con las garantías que protegen a cualquier ciudadano frente al poder punitivo del Estado, sino que comprometería de manera directa la rectitud y legitimidad del ejercicio de la función judicial.
El pliego de cargos subraya que la conducta atribuida al magistrado auxiliar reviste una gravedad sustancial, en la medida en que afecta el correcto desarrollo de la administración de justicia y vulnera derechos fundamentales esenciales para el debido proceso. En palabras del propio documento, el comportamiento cuestionado resulta “sustancialmente ilícito” porque lesiona garantías constitucionales básicas y desnaturaliza el rol que debe cumplir un funcionario judicial frente a las partes y testigos que intervienen en una investigación de alta sensibilidad pública.
La Comisión de Disciplina Judicial también advirtió que los hechos podrían enmarcarse dentro de la modalidad de “culpa grave”, figura que la legislación colombiana contempla cuando un servidor público incurre en una falta disciplinaria por no observar el cuidado mínimo que cualquier persona imprime a sus actuaciones. Esta calificación, de confirmarse en el curso del juicio, podría acarrear sanciones de considerable alcance y sentar un precedente relevante en materia de responsabilidad disciplinaria dentro de la Rama Judicial.
El caso adquiere una dimensión aún mayor si se tiene en cuenta el contexto institucional en el que se produce. En el despacho del magistrado Francisco Farfán, del cual hace parte Alex Movilla, reposan actualmente investigaciones de enorme repercusión política, entre ellas las que involucran a los expresidentes del Congreso Iván Name y Andrés Calle, señalados por presuntamente haber recibido sobornos millonarios en el marco del escándalo de la UNGRD. Según las acusaciones, Name habría recibido cerca de 3.000 millones de pesos y Calle alrededor de 1.000 millones, recursos que supuestamente buscaban asegurar apoyos legislativos a iniciativas del Gobierno en el Congreso de la República.
Las investigaciones sostienen que esos dineros tendrían origen en un contrato destinado a la compra de 40 carrotanques para el suministro de agua potable a comunidades vulnerables de La Guajira, una de las regiones más golpeadas por la escasez hídrica y la pobreza estructural. El desvío de fondos concebidos para atender una emergencia humanitaria agravó la indignación pública y convirtió el caso UNGRD en un símbolo de corrupción con profundas consecuencias sociales y políticas.
Con el llamado a juicio del magistrado auxiliar, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial envía una señal contundente sobre la necesidad de preservar la integridad del sistema judicial y de garantizar que incluso quienes administran justicia estén sometidos a los más altos estándares de legalidad y respeto por los derechos fundamentales. El proceso que ahora se abre no solo pondrá a prueba la responsabilidad individual del funcionario investigado, sino que será observado con atención dentro y fuera del país como un termómetro de la capacidad institucional de Colombia para depurar sus propias estructuras y responder, con rigor y transparencia, a uno de los escándalos más sensibles de la vida pública reciente.
carloscastaneda@prenamercosur.org
