El presidente ahora debe apurar la reglamentación de la ley para disponer de los fondos sociales de las binacionales y evitar que sigan faltando medicamentos para los enfermos de Covid-19.
Ante la fuerte presión política de la oposición y la opinión pública, el presidente Mario Abdo Benítez quedó acorralado y finalmente promulgó ayer la ley que obliga a usar los fondos socioambientales de Itaipú y Yacyretá para atender la urgencia sanitaria por el Covid.
Ahora el Ministerio de Hacienda debe trabajar en la reglamentación de la ley para ponerla en marcha. El Ejecutivo tiene ya tres herramientas legales para que no falten medicamentos y pueda apurar la habilitación de más camas de terapia intensiva en los hospitales.
Diputados primero archivó el proyecto y luego fue reflotado en el Senado. Finalmente, se sancionó el miércoles pasado la ley luego de un fuerte debate entre colorados oficialistas y cartistas versus la oposición. Tras algunas fugas de la bancada cartista, hubo votos suficientes y se dio luz verde a la normativa.
La presión fue subiendo de tono en las redes y en el debate mediático. Inclusive fue tendencia el hashtag #MaritoDelaMuerte, donde hubo fuertes críticas a la inacción del Poder Ejecutivo.
Desde el Ejecutivo hubo una serie de maniobras para argumentar que no era factible la promulgación desde la parte legal, hasta advertir que varios proyectos en marcha apeligran como las becas universitarias, la ayuda brindada a la fundación Tesãi y programas productivos para los campesinos.
LA DECISIÓN. El jefe de Gabinete, Hernán Huttemann, dio a conocer en la tarde de ayer la decisión tomada por el presidente de la República.
“Luego de un análisis político y jurídico el presidente de la República procedió a la promulgación de la ley que establece la utilización de los fondos sociales para la compra de insumos, materiales de bioseguridad, mejora de infraestructura hospitalaria y protección social”, afirmó.
En adelante, las binacionales, Salud y Hacienda trabajarán en la reglamentación para aplicar la ley. Huttemann dijo que el tiempo que se tomó el presidente de la República para decidir fue con base en las preocupaciones en torno a los proyectos como becas y otros sectores que están comprometidos hoy por ambas entidades.
Dijo que se tratará que todos estos programas se mantengan debido a que el componente de protección social terminaría salvaguardando los programas que hoy están en marcha.
“Estamos en una situación excepcional y situación sanitaria en donde todo el esfuerzo debe estar en dotar a nuestro sistema sanitario de insumos y medicamentos para hacer frente a la crisis”, sostuvo.
El presidente apurará la reglamentación de la ley.
El riesgo de programas en marcha
Los directores de las binacionales Manuel María Cáceres (Itaipú) y Nicanor Duarte Frutos (Yacyretá) advirtieron sobre el riesgo que correrían varios programas y proyectos en curso financiados por los fondos socioambientales.
Desde la entidad indicaron que solamente hay un saldo de USD 2 millones y otros USD 30 millones reorientados de la licitación suspendida para la obra de puente en Carmelo Peralta.
La mayor parte de los fondos están comprometidos; USD 74 millones en becas universitarias, obras del sector eléctrico, asistencia agrícola y construcción de las unidades de salud familiar.
En tanto, Nicanor enfatizó que ya ejecutaron un 30% de los recursos.
Dijo que a partir de ahora hasta diciembre podrán disponer de USD 1.500.000 hasta USD 2 millones mensualmente para invertir en el sector de salud en la compra de los medicamentos que son urgentes en los hospitales públicos donde siguen mendigando.
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