El Ministerio de Sanidad ha presentado el Informe 2025 sobre la evaluación de la sanidad privada en el Sistema Nacional de Salud (SNS), el primer análisis integral que cuantifica la evolución del peso del sector privado tanto dentro como fuera de la red pública en las dos últimas décadas. El documento, difundido tras el Consejo de Ministros, concluye que la colaboración público-privada ha pasado de ser un mecanismo complementario a convertirse en un elemento estructural que canaliza una parte creciente del presupuesto sanitario hacia operadores privados.
Durante la presentación, la ministra de Sanidad, Mónica García, subrayó que el informe refleja la necesidad de abordar de forma «estructural y basada en evidencia científica» el impacto de la privatización. Aseguró que «hoy hemos dado cuenta en el Consejo de Ministros del primer informe realizado por el Ministerio de Sanidad dirigido a la evaluación de la sanidad pública en nuestro sistema nacional de salud y su vinculación con la sanidad privada», y señaló que el documento evidencia cómo la expansión privada no ha demostrado mejoras en eficiencia ni en resultados clínicos.
Crecimiento sostenido de la gestión privada dentro del sistema público
Según el informe, el número de hospitales privados integrados funcionalmente en el SNS ha pasado de 106 en 2011 a 145 en 2023, un aumento del 36,8%. Estos centros, considerados de dependencia funcional privada, representan ya el 30,7% de los hospitales del Sistema Nacional de Salud.
El incremento no se limita a la infraestructura. La proporción de camas operativas pertenecientes a centros privados dentro del SNS creció del 13,7% al 17,8%, y los quirófanos gestionados por entidades privadas pasaron del 8% al 10,7%. Esta tendencia se concentra especialmente en Cataluña y Navarra, donde la provisión privada forma parte sustancial de la red asistencial.
Los hospitales privados que no pertenecen al SNS solo registran un incremento notable en actividad diagnóstica, especialmente en pruebas de imagen.
Fondos públicos y actividad privada: un modelo consolidado
El documento revela que en 2023 el 34,6% de las estancias hospitalarias y el 17,6% de las altas producidas en centros privados ajenos al SNS fueron financiadas con fondos públicos. Además, alrededor del 21 % de la cirugía mayor ambulatoria y de las sesiones de hospital de día realizadas en estos centros recibieron financiación del SNS.
El informe advierte de que este modelo no ha demostrado ventajas en eficiencia y sí genera riesgos estructurales: fragmentación asistencial, brechas laborales, pérdida de capacidad planificadora pública, sobrecostes y atención selectiva de casos menos complejos por parte del sector privado.
En palabras de García, la evidencia internacional cuestiona la eficiencia atribuida al sector privado: citó estudios de The Lancet, la OCDE y análisis tras la reversión del modelo Alcira, asegurando que muestran «un aumento de la mortalidad evitable, menor accesibilidad para colectivos vulnerables y peores resultados clínicos vinculados a procesos privatizados». También aludió a un informe de la Cámara de Cuentas de Madrid donde «internalizar la gestión privada podría haber supuesto un ahorro del 15 al 80%».
El papel central del SNS en los diagnósticos y los procesos de alta complejidad
El informe detalla que entre el 70% y el 80% de los diagnósticos más frecuentes (traumatismos, infecciones respiratorias, seguimiento de quimioterapia o inmunoterapia) se atienden en hospitales públicos. En el caso de los procesos de mayor complejidad, como trasplantes, atención neonatal de muy bajo peso o soporte extracorpóreo (ECMO), la cobertura pública supera el 95 % y en muchos casos se acerca al 100%.
García recalcó que «los procedimientos más costosos y complejos recaen casi al 100 % en la sanidad pública», lo que, a su juicio, demuestra que el SNS sostiene la carga asistencial de mayor riesgo clínico y económico.
Expansión del seguro privado y desigualdades territoriales
El aseguramiento privado ha crecido con fuerza: en 2024 el 32,6% de la población española disponía de un seguro médico privado, frente al 17,2% en 2018. El aumento es especialmente acusado en Extremadura (+296 %), Ceuta (+270 %), Cantabria (+247 %) y la Comunidad Valenciana (+234 %).
Sin embargo, la preferencia ciudadana sigue inclinándose hacia la sanidad pública: un 69,9 % optaría por centros públicos en atención primaria, un 72,6% en urgencias y un 76,1% en ingresos hospitalarios. Los datos muestran que el seguimiento de patologías crónicas y complejas se realiza mayoritariamente en el SNS.
Según García, el auge del seguro privado desde la COVID-19 refleja «un uso puntual» ligado a tiempos de espera y consultas diagnósticas, pero no un desplazamiento estructural de la confianza pública.
Torrejón y los modelos concesionales: señalamiento directo a Madrid
La ministra vinculó los resultados del informe con la crisis reciente del Hospital de Torrejón, asegurando que no se trata de «rencillas entre directivos», sino del resultado de un modus operandi que intenta parasitar el sistema público a través de la cuenta de resultados de empresas privadas.
Recordó que solo siete hospitales en España funcionan bajo modelos sustitutorios (cinco en Madrid, uno en Valencia y uno en Vigo) y que, en su opinión, representan «el modelo del Partido Popular y de la Comunidad de Madrid».
Anunció además que la Alta Inspección del Ministerio ha remitido una solicitud formal a la Comunidad de Madrid exigiendo información sobre Torrejón y sobre los hospitales gestionados por Quirónsalud, incluyendo auditorías económicas de los últimos cuatro años, actas de la Comisión Mixta, denuncias internas y datos de atención a pacientes de fuera del área.
«Nuestro objetivo es garantizar la transparencia, evaluar si ha habido un uso debido del dinero público y proteger el buen funcionamiento del SNS», afirmó.
Recomendaciones y horizonte normativo: blindar la gestión pública
El informe concluye que el actual crecimiento del sector privado dentro del SNS debilita los principios fundacionales del sistema nacional de salud. Propone reforzar auditorías, exigir transparencia clínica en centros concertados y priorizar la gestión pública directa como garantía de equidad, eficiencia y sostenibilidad.
Mónica García anunció que el Ministerio trabaja ya en una ley de gestión pública sanitaria, cuyo objetivo será «poner fin al modelo Quirón, al modelo Rivera y derogar la ley 15/1997», con el fin de evitar que decisiones privadas condicionen la planificación pública. «La conclusión es que necesitamos una ley que proteja y blinde lo público y que se gestione con criterios públicos», afirmó la ministra.
Javier Alberca Lamas
Fuente de esta noticia: https://gacetamedica.com/politica/sanidad-consejo-creciente-dependencia-sns-centros-sanitarios-privados/
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