Ante la existencia de posibles faltas disciplinarias derivadas del presunto incumplimiento del contrato de compraventa del paquete accionario correspondiente al 82.16% de las acciones suscritas de Triple A S.A. E.S.P, la Procuraduría General de la Nación abrió investigación disciplinaria contra José Daniel Rojas Medellín, presidente de la SAE.

Los funcionarios fueron suspendidos por tres meses, también contra Sebastián Caballero Ortega, vicepresidente jurídico de la SAE; Jairo Alonso Bautista, vicepresidente de Sociedades de la SAE, y Dagoberto Quiroga Collazos, superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios.

Para este ente de control, al parecer, las conductas podrían generar un detrimento patrimonial por presuntamente incumplir la obligación contractual de transferir las acciones objeto de la venta, cuya consecuencia derivaría, en principio, en hacer efectiva la cláusula penal por 59 mil millones de pesos, por parte de la empresa K-Yena.

También se advierte irregularidades en la convocatoria a la Asamblea Extraordinaria de Accionistas de la Triple A S.A. E.S.P que se realizó el 7 de febrero de 2023, en la cual se eligieron nuevos miembros de la Junta Directiva de la Triple A.

La Procuraduría también vinculó dentro de la investigación disciplinaria al Superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios, quien al parecer habría sugerido, decidido, recomendado o manifestado ante la SAE que se suspendiera el cumplimiento del contrato, actuación funcional con la cual pudo haber contribuido a la consumación de comportamientos conjuntamente con los funcionarios de la SAE para que suspenda el cumplimiento de las obligaciones contractuales.

“Ante la gravedad que objetivamente revelan los hechos materia de investigación, en los términos que precisa la ley y con la finalidad de evitar que se pueda seguir incurriendo en la comisión de las posibles faltas disciplinarias y  posiblemente quebrantando el ordenamiento jurídico y afectando el patrimonio público, se ordenó la suspensión provisional del cargo del Presidente de la SAE, José Daniel Rojas Medellín, por el término de tres (3) meses”, informó el Ministerio Público.

Hace solo un par de días antes de esta suspensión, Jaime Pumarejo, alcalde de Barranquilla, aseguró que la SAE estaba incumpliendo arbitrariamente el contrato de compraventa del 82,16% de las acciones de la empresa Triple A (encargada del suministro de agua en la capital del Atlántico y varios municipios del Atlántico), por intermedio de la empresa de economía mixta K-yena, en la cual el Distrito tiene participación mayoritaria.

“La Sociedad de Activos Especiales (SAE) tomó la decisión de cambiar todos los miembros de junta directiva, desconociendo un contrato legal y vigente con Cayena, una empresa del Distrito y al mismo tiempo, las advertencias de la Contraloría y la Procuraduría que en diversas instancias le han dicho que el control que se le está haciendo al contrato, no podía derivar en un incumplimiento contractual, previo de la SAE”, expresó el alcalde.

De acuerdo con el mandatario, esta acción pone en riesgo la prestación del servicio, la estabilidad económica de la empresa, obligando al Distrito y a las entidades afiliadas, interponer las acciones legales.

“Hay que denunciar estos actos y además hacer valer los derechos contractuales del Distrito y sus empresas, empezando por el cumplimiento del contrato y el pago de la cláusula penal por 59.000 millones de pesos”, anunció.RCN