Imagen Minjusticia de Colombia
El Gobierno de Colombia, por medio del ministro de Justicia Andrés Idarraga, realizó una solicitud formal y directa al Gobierno de Estados Unidos para que revele la identidad del enigmático “Funcionario Colombiano 3”, mencionado en el Acuerdo de Enjuiciamiento Diferido (DPA) suscrito entre Corficolombiana, Grupo Aval y el Departamento de Justicia en 2023. La misiva, dirigida a la fiscal general estadounidense Pamela Bondi y al juez presidente del Distrito de Maryland, George L. Russell III, marca uno de los movimientos diplomáticos más contundentes de Colombia dentro del caso Odebrecht, el mayor escándalo de corrupción transnacional de la región.
En el documento, Idarraga sostiene que la identificación plena del funcionario —un alto miembro del Ejecutivo colombiano que habría ocupado su cargo entre 2010 y 2018— es esencial para esclarecer la verdad y avanzar en la lucha contra la corrupción en el país. El DPA detalla que dicho funcionario habría recibido pagos corruptos para favorecer el desarrollo del proyecto vial Ruta del Sol, pero su nombre permanece bajo reserva en Estados Unidos, pese a que las autoridades de ese país lo tienen plenamente identificado.
La petición del ministro colombiano solicita no solo la identidad del implicado, sino también toda la documentación que permitió a los fiscales estadounidenses establecer quién es el funcionario en cuestión. En un gesto inusual por su firmeza, el Gobierno colombiano exige que la información sea entregada directamente al Ministerio de Justicia y, de manera subsidiaria, a la Fiscalía General de la Nación, subrayando la necesidad de cooperación internacional en un caso que ha sacudido instituciones en todo el continente.
La carta añade presión diplomática sobre Washington y reaviva uno de los capítulos más sensibles del caso Odebrecht en Colombia, donde las investigaciones locales han avanzado con dificultades y numerosas críticas por falta de resultados. La revelación del “Funcionario Colombiano 3” podría sacudir el escenario político del país y reabrir líneas investigativas que han permanecido estancadas por años.
Mientras tanto, el Departamento de Justicia aún no se ha pronunciado sobre la solicitud. La expectativa en Colombia y en la comunidad internacional crece, dado que esta revelación podría convertirse en un punto de inflexión para uno de los escándalos más profundos y extendidos en la historia reciente de América Latina.
carloscastaneda@prensamercosur.org
