Un proyecto de ley que obligaría a las empresas a notificar con antelación al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) en caso de despidos colectivos o cierres definitivos genera un fuerte debate político. La iniciativa se inspira en el Convenio 158 de la OIT, aún no ratificado por Uruguay.
El ministro de Trabajo, Juan Castillo, dijo que se trata de «un proyecto de ley que ya hemos anunciado en la bancada de Senado, en materia de la necesidad de recurrir a un convenio internacional que hable sobre el anticipo, que se tiene que anunciar previamente a los efectos de tomar medidas». No obstante aclaró que la decisión final «la tiene que tomar el Parlamento, los senadores, los diputados”. Según Castillo, el preaviso no busca “ahuyentar” inversión, sino todo lo contrario: permitir que el Estado conozca a tiempo las dificultades de las empresas para intentar soluciones.
“Si nos hace un preaviso que está con complejos, lo que necesitamos saber es si nosotros tenemos alternativas y nos avisan antes seguramente podamos colaborar”, explicó el ministro. Puso ejemplos concretos: traslado de instalaciones, costo de la energía eléctrica o problemas de abastecimiento de agua. Castillo denunció además casos recientes de cierres abruptos: “Ha habido empresas que se han ido y de la noche a la mañana, por estados de WhatsApp, han despedido a trabajadores”. También sostuvo que «despedir o cerrar una empresa es de un minuto para el otro. Buscar nuevos inversores, tratar de abrir una nueva industria, a veces cuesta muchísimo tiempo, y eso es la parte que también preocupa».
En la misma línea, la directora nacional de Trabajo, Marcela Barrios, insistió en que la norma no tiene carácter punitivo. “No se está pensando el proyecto para penar a las empresas, sino para que el MTSS se informe al instante de la situación que atraviesa cada firma”, dijo. “Si nadie está pensando en despedir trabajadores o irse del país, no debería preocuparse. Lo que importa es contar con un preaviso para intentar evitar que eso ocurra”.
Respaldo y críticas
Desde el Frente Amplio, el senador Eduardo Brenta respaldó la iniciativa y la calificó de “medida inteligente”. “Esto no limita el derecho de nadie, ni de las empresas”, afirmó. Según Brenta, el aviso previo puede abrir puertas a soluciones a través de ministerios productivos o del Inefop para recolocar trabajadores, incluso bajo confidencialidad.
La senadora del Partido Nacional Graciela Bianchi rechazó de plano la propuesta y apuntó directamente contra el ministro Castillo: “Juan Castillo es el secretario general histórico del Partido Comunista. Es comunista, no entiende”. Bianchi argumentó que «este es un país liberal donde se defiende la propiedad privada y donde el empresario tiene sus derechos y si el empresario quiere despedir a los trabajadores lo que tiene que hacer es pagar las indemnizaciones que corresponden y cumplir con la ley y si quiere cerrar sus puertas porque no le conviene el negocio tiene todo el derecho de irse». “Las empresas no deben ser ayudadas por el Estado, los contribuyentes no tenemos nada que ver”, sentenció la legisladora blanca, quien rechazó cualquier tipo de “salvataje” con fondos públicos. “Ahora ven la cabeza de quienes no entienden que el comunismo no triunfó en ninguna parte del mundo”, concluyó.
Redacción
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