Imagen Fuerza Ciudadana
La decisión de conformar una amplia alianza de movimientos, organizaciones sociales y expresiones ciudadanas marca un punto de inflexión en el escenario político nacional. Los firmantes de esta iniciativa anuncian la creación de una coalición plural, diversa y profundamente democrática que presentará lista al Senado con un propósito central: reivindicar la dignidad de las regiones y los derechos de quienes durante décadas han sido ignorados por el modelo político dominante.
Esta articulación reúne fuerzas políticas alternativas, comunidades campesinas, organizaciones sindicales, colectivos indígenas y afrodescendientes, movimientos estudiantiles y juveniles, plataformas de mujeres, víctimas del conflicto y expresiones comunales y territoriales que, pese a sus diferencias, coinciden en la urgencia de construir un país más justo, igualitario y en paz. No se trata de una suma coyuntural, sino de un pacto sostenido en la convicción de que el país requiere un viraje profundo para cerrar las brechas que lo atraviesan.
El origen de esta coalición responde a una realidad innegable: Colombia vive una desigualdad territorial arraigada que se ha perpetuado bajo un centralismo que concentra el poder político y los recursos económicos en pocas manos, mientras margina sistemáticamente a las regiones. Este modelo, agotado y excluyente, no ha logrado garantizar condiciones de seguridad, acceso a derechos ni oportunidades reales para que las comunidades decidan sobre su propio futuro. La distancia entre el centro y la periferia no es solo geográfica, sino estructural, y se expresa en pobreza persistente, violencia, ausencia estatal e inequidad.
Frente a este panorama, la coalición sostiene que los desafíos nacionales exigen una voluntad colectiva que articule a los territorios y apueste por un proyecto transformador capaz de situar la dignidad humana, la justicia social y la justicia territorial como pilares de un nuevo rumbo. Esta visión se sustenta en la certeza de que los cambios de fondo no se construyen desde despachos aislados de la realidad, sino desde una comprensión directa de las necesidades y aspiraciones de la ciudadanía.
El pacto asumido por las organizaciones que integran esta convergencia se orienta por tres compromisos esenciales. El primero es promover reformas profundas que permitan superar las desigualdades sociales y territoriales mediante el fortalecimiento del Estado social de derecho, la garantía efectiva de los derechos, la generación de un modelo productivo sostenible y la distribución equitativa de la riqueza. La apuesta es impulsar una economía que dignifique el trabajo, fortalezca el campo, proteja la seguridad alimentaria y genere oportunidades reales en todos los rincones del país.
El segundo compromiso es avanzar de manera decidida hacia la paz, la seguridad humana y la justicia territorial. La coalición enfatiza que la paz no se consolidará mientras persistan las mismas condiciones que dieron origen a la exclusión y la violencia. Exige presencia estatal integral, inversión pública estratégica, oportunidades dignas para las juventudes y una política de seguridad centrada en la prevención, la protección de la vida y el respeto por los derechos humanos, junto con la implementación plena de los acuerdos de paz.
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El tercer pilar es abrir el debate democrático alrededor de una Asamblea Nacional Constituyente como mecanismo legítimo para renovar el pacto social, modernizar el Estado, desmontar el centralismo histórico y enfrentar la corrupción que ha corroído la confianza ciudadana. Para la coalición, una Constituyente permitiría avanzar hacia un país donde las regiones tengan poder real, capacidad de decisión y recursos propios para diseñar su desarrollo según sus prioridades.
A lo largo de este proceso, la coalición afirma reconocer y respetar la pluralidad ideológica, cultural y territorial del país. Lo que los une no es la unanimidad, sino una visión común de futuro basada en la transparencia, la financiación limpia, la meritocracia, la responsabilidad pública y la participación efectiva de la ciudadanía en la toma de decisiones.
Con ese propósito, convocan a la población, a los liderazgos regionales y sociales y a todas las fuerzas democráticas a sumarse a este esfuerzo que busca construir un país más equilibrado, seguro, soberano y en paz. Su mensaje es claro: solo mediante la convergencia y la democratización del poder será posible avanzar hacia un modelo nacional que garantice bienestar, oportunidades y una paz duradera para todas las regiones.
carloscastaneda@prensamercosur.org
