Colombia vuelve a encender un debate de fondo sobre el sistema pensional después de que Colpensiones advirtiera que cerca de 45.000 trabajadores clasificados como de alto riesgo continúan afiliados a fondos privados, a pesar de que la ley establece que deberían cotizar exclusivamente en el régimen público. Se trata de empleados que desempeñan labores en entornos extremos —como guardianes del sistema penitenciario, mineros y bomberos— y cuyo nivel de exposición obliga a un esquema de protección social distinto y más severo. Sin embargo, según la entidad estatal, las administradoras privadas habrían mantenido durante años a este grupo de cotizantes sin trasladarlos al fondo público, acumulando un saldo que hoy se estima en cerca de 9 billones de pesos.
El presidente de Colpensiones, Jaime Dussán, llevó el tema al centro de la discusión nacional durante un foro de la revista Cambio, donde aseguró que los fondos privados adeudan recursos que, por norma, deberían estar bajo administración pública. Dussán señaló que el Gobierno estudia mecanismos para exigir la devolución de esos recursos, pues la ausencia de esos aportes ha generado tensiones en la caja del Presupuesto General de la Nación. La falta de esos flujos, explicó, impacta de manera directa el pilar solidario, del cual dependen alrededor de tres millones de adultos mayores que nunca han recibido una renta pensional y que hoy acceden al bono mensual de 300.000 pesos.
El funcionario advirtió que dicho bono deberá ajustarse periódicamente con base en la variación del salario mínimo o del índice de precios al consumidor, lo que evidencia la necesidad de fortalecer las fuentes de financiación del sistema. Este ajuste, según el Gobierno, es indispensable para evitar que la inflación erosione la capacidad adquisitiva de los beneficiarios más vulnerables.
La discusión tiene raíces normativas claras. Desde 2003 existe un marco que define las condiciones especiales para los trabajadores de alto riesgo, quienes pueden pensionarse con 700 semanas cotizadas y una edad inferior a la de otros trabajadores, precisamente por estar expuestos a radiación, temperaturas extremas y sustancias peligrosas. A pesar de ello, una parte significativa de este grupo continuó cotizando en fondos privados, lo que desvió recursos que debieron nutrir al régimen público. En su caso, la cotización es de 26% del ingreso -diez puntos porcentuales más que el estándar del mercado laboral-, un diferencial diseñado para cubrir los mayores riesgos de salud y envejecimiento asociados a sus funciones.
No obstante, la idea de un traslado masivo no está libre de tensiones jurídicas ni operativas. La Superintendencia Financiera ha sido clara en señalar que los trabajadores conservan el derecho a recibir asesoría imparcial sobre cuál régimen resulta más conveniente para su situación individual. Cualquier decisión tomada al margen de ese principio podría abrir la puerta a litigios millonarios. Por ello, las autoridades han insistido en que cualquier transición debe contar con absoluta claridad normativa, trazabilidad y garantías de transparencia.
El debate sobre estos 45.000 cotizantes se ha convertido en una pieza clave de la discusión pensional. Más allá de quién tenga la titularidad de los recursos, el Gobierno sostiene que corregir este desajuste es indispensable para garantizar la sostenibilidad del sistema y asegurar que quienes han puesto su salud y su vida al servicio del país accedan a una jubilación justa y acorde con los riesgos que asumen a diario.
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