Se dieron detenciones arbitrarias, torturas contra civiles acusados de colaborar con grupos armados y procesamientos en tribunales militares
Human Rights Watch (HRW) acusó este lunes a las fuerzas de seguridad venezolanas de las ejecuciones extrajudiciales de al menos cuatro civiles, de detenciones arbitrarias y de torturas, entre otros “abusos aberrantes” contra la población del estado de Apure, fronterizo con Colombia.
La organización enmarcó sus acusaciones en el contexto de la ofensiva lanzada en marzo por el Gobierno del presidente Nicolás Maduro contra grupos irregulares en ese estado, y pidió investigar el tema a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) y la Misión de la ONU de Determinación de los Hechos para Venezuela.
En un informe, HRW aseguró que el operativo venezolano “derivó en la ejecución de al menos cuatro campesinos, detenciones arbitrarias, el procesamiento de civiles ante tribunales militares, y torturas contra residentes acusados de colaborar con grupos armados”.
“Las atrocidades cometidas contra residentes de Apure no son incidentes aislados por agentes insubordinados, sino que son consistentes con los abusos sistemáticos de las fuerzas de seguridad de Maduro“, dijo el director para las Américas de HRW, José Miguel Vivanco, citado en el informe.
El pasado 21 de marzo, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) inició combates en Apure contra grupos irregulares que las autoridades nunca identificaron, pero que la ONG Fundaredes calificó de presuntos disidentes de la disuelta guerrilla colombiana de las Farc.
El conflicto se extendió por casi tres semanas y provocó el desplazamiento de más de 6.000 venezolanos hacia Colombia, según datos de Fundaredes.
La FANB aseguró que la ofensiva dejó un saldo de ocho militares y nueve “terroristas” fallecidos, así como más de cuarenta detenidos.
HRW alega en su informe que muchos de los detenidos “no eran miembros de grupos armados”, sino de la población local, después de haber entrevistado a 38 personas que habían huido de Apure, además de a 30 abogados, peritos forenses, líderes comunitarios, periodistas, autoridades colombianas y representantes de grupos humanitarios.
Los desplazados entrevistados identificaron como responsables de los abusos a la FANB, a las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) de la Policía Nacional Bolivariana, a la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y al Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro (CONAS).
Las citadas ejecuciones afectaron a cuatro campesinos de una misma familia, a los que las FAES se llevaron el 25 de marzo de su vivienda en La Victoria, indica el informe.
“Sus cuerpos fueron encontrados a un kilómetro y medio, en El Ripial, con cortes, heridas de bala y presuntas luxaciones óseas. Peritos forenses concluyeron que las fotografías de los cuerpos sugieren que habrían sido movidos y que las armas de fuego y granadas que se ven junto a sus manos pudieron haber sido sembradas“, señala el texto.
Emir Remolina, de 26 años, reconoció los cuerpos como los de sus padres, su hermano y su tío; y al menos 13 personas entrevistadas por HRW afirmaron que las víctimas no eran guerrilleros, “sino campesinos que habían vivido y trabajado allí por más de 15 años”.
En La Victoria y en las zonas rurales de El Ripial, Los Arenales, La Capilla y La Osa, los agentes venezolanos “ingresaron por la fuerza en varias viviendas”, sin una orden de allanamiento, y detuvieron a sus residentes, en su mayoría campesinos.
“Los agentes ordenaron a los detenidos cubrirse la cabeza con sus camisetas y los golpearon, los arrojaron al suelo y amenazaron con matarlos“, señala el informe.
Dos detenidos que luego fueron liberados confirmaron que “estuvieron retenidos en instalaciones militares”; y los abusos también incluyeron saqueos en sus viviendas y la destrucción de “efectos personales, comida y enseres del hogar”.
EFE
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