La construcción de entornos seguros y prósperos en territorios históricamente afectados por el narcotráfico avanza con una apuesta estatal que ha logrado articular voluntades, fortalecer capacidades locales y abrir nuevas rutas de convivencia y desarrollo. Se trata de la Estrategia Zonas de Paz y Esperanza, impulsada por el Ministerio de Justicia y del Derecho en alianza con la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, un esfuerzo que emerge como una de las expresiones más sólidas del compromiso del Gobierno colombiano por sembrar legalidad y ampliar oportunidades reales en zonas urbanas donde los mercados de drogas han dejado profundas heridas sociales.
Desde su puesta en marcha en septiembre de 2025, la estrategia comenzó a tejer una arquitectura participativa que ha permitido leer, desde la voz de las comunidades, los desafíos de seguridad, cohesión social y desarrollo que atraviesan Quibdó, Buenaventura y Tumaco. A través de talleres, diálogos y grupos focales, líderes barriales, docentes, organizaciones locales y redes de pares protectores levantaron un diagnóstico colectivo que mapeó riesgos, identificó actores clave y definió prioridades para intervenciones concertadas. Este ejercicio, lejos de ser un trámite metodológico, constituyó la base para un modelo de corresponsabilidad en el que la comunidad no solo participa, sino que incide y orienta.
Con ese sustento, durante octubre se desplegó un proceso de fortalecimiento organizativo e institucional que integró la cultura de la legalidad, la economía popular y la justicia comunitaria como pilares para transformar la vida cotidiana. Las jornadas de mediación y resolución de conflictos, los encuentros con instituciones de justicia y seguridad y los espacios interinstitucionales dedicados a enfrentar el multicrimen permitieron afianzar una coordinación más ágil y coherente entre autoridades nacionales, gobiernos locales y líderes sociales. La presencia activa de la Policía Nacional, la Fiscalía, la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo, las alcaldías y las Fuerzas Militares aportó un respaldo institucional que refuerza la confianza ciudadana y habilita intervenciones más efectivas.
Este avance ha sido posible gracias a alianzas profundas con actores territoriales de gran legitimidad y trayectoria. En Quibdó, la Secretaría de Inclusión y Cohesión Social se convirtió en un puente fundamental para el diálogo con las comunidades. En Tumaco, organizaciones como la Corporación Calipso, Juntapes y Mambeche sumaron su experiencia para dinamizar procesos juveniles, fortalecer liderazgos y promover prácticas de convivencia. En Buenaventura, la organización VAS ha jugado un papel decisivo en la apertura de espacios comunitarios donde la mediación y el diálogo se consolidan como herramientas cotidianas para la paz.
El mes de noviembre marcó un punto de inflexión con el inicio de espacios autónomos de formación comunitaria en mediación y métodos alternativos de solución de conflictos, impulsados en coordinación con la Dirección de Métodos Alternativos del Ministerio de Justicia. Esta apuesta, centrada en la autonomía local, promueve que los propios habitantes cuenten con herramientas para gestionar tensiones y reconstruir tejidos rotos por años de violencia.
A ello se sumó la puesta en marcha de los mercados comunitarios “Fortalecer para Transformar”, realizados en Buenaventura, Tumaco y Quibdó, donde más de 25 líderes y emprendedores de la Red de Apoyo para la Generación de Ingresos exhibieron sus iniciativas productivas, fortalecieron canales de comercialización y tejieron redes comerciales locales. El acompañamiento de las Cámaras de Comercio de Tumaco y Buenaventura añadió rigor técnico y proyección empresarial, impulsando economías lícitas que representan un camino tangible para reducir la dependencia del narcotráfico y diversificar los ingresos familiares.
Zonas de Paz y Esperanza se consolida así como una estrategia que integra participación ciudadana, acción comunitaria y fortalecimiento institucional. Más que un conjunto de intervenciones, es un proceso que devuelve dignidad y abre horizontes de futuro en territorios que por décadas han enfrentado estigmatización y riesgo. Con cada alianza, cada espacio comunitario fortalecido y cada oportunidad económica que emerge, la estrategia reafirma su propósito: que las comunidades puedan vivir sin miedo, construir proyectos estables y recuperar la esperanza que el crimen organizado intentó arrebatarles.
carloscastaneda@prensamercosur.org
