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El reciente fallo del Consejo Nacional Electoral (CNE) contra la campaña Petro Presidente 2022-2026 ha desatado una fuerte controversia política. La sanción, aprobada en una sesión plenaria extraordinariamente breve que contó con la participación de dos conjueces, determinó que la campaña excedió los límites de financiación establecidos por la ley tanto en la primera como en la segunda vuelta presidencial. Según el organismo, los montos no reportados superarían los 5.300 millones de pesos, de los cuales alrededor de 3.700 millones corresponderían a gastos omitidos en los informes de la primera vuelta y 1.600 millones a recursos no declarados en la segunda.
La reacción desde el Gobierno fue inmediata. El ministro del Interior, Armando Benedetti, manifestó a través de sus redes sociales que la decisión constituye “un ataque político en época de campaña”, asegurando que el CNE ha mantenido históricamente una posición adversa frente al Gobierno, al presidente Gustavo Petro y al Pacto Histórico. Benedetti argumentó que la conformación del organismo electoral está profundamente ligada a los intereses partidistas del Congreso, ya que sus magistrados son escogidos a partir de listas propuestas por partidos políticos, lo que, según él, condiciona su imparcialidad: “Si esos partidos quedan en la oposición, sus magistrados también”, afirmó.
El proceso sancionatorio avanzó tras la presentación de la ponencia elaborada por los magistrados investigadores Benjamín Ortiz y Álvaro Hernán Prada. La propuesta obtuvo el respaldo necesario luego de que cinco magistrados votaran a favor el 13 de noviembre. La votación final se alcanzó una vez se resolvieron las recusaciones e impedimentos: Alba Lucía Velásquez, del Pacto Histórico, se retiró del proceso por su rol previo como testigo electoral de la coalición, mientras que Álvaro Echeverry, de Colombia Justa Libres, se declaró impedido por haber ejercido funciones legales dentro de la campaña.
Más allá del alcance jurídico de la sanción, el episodio ha encendido el debate sobre la independencia institucional, el financiamiento electoral y el rol del CNE en el contexto político actual. Mientras algunos sectores defienden la decisión como una aplicación estricta de la ley, desde el Gobierno y sus aliados se insiste en que no se trata solo de un procedimiento administrativo, sino de una señal de tensión entre las instituciones y el poder ejecutivo en plena coyuntura electoral.
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