Ministro de Defensa de Colombia, Pedro Sánchez
El país se encuentra en medio de una tormenta política y judicial tras el anuncio del ministro de Defensa, Pedro Sánchez, quien confirmó la apertura de una investigación interna que buscará esclarecer posibles vínculos entre disidencias de las FARC, lideradas por alias Calarcá, y altos funcionarios estatales, entre ellos el general Juan Miguel Huertas. La decisión surgió luego de revelaciones que apuntan a la existencia de reuniones, acuerdos y beneficios presuntamente ofrecidos a estructuras ilegales a cambio de favores y protección.
Sánchez subrayó que la indagación se desarrollará con absoluta rigurosidad y en coordinación con organismos de inteligencia militar y la Fiscalía General, que tendrá acceso a todos los documentos recabados durante el proceso, sin excepciones. El ministro fue enfático en su declaración al asegurar que no se tolerarán actos de corrupción, traición al Estado ni vínculos con organizaciones criminales por parte de funcionarios públicos, sean activos o retirados.
En su mensaje, no dudó en referirse a alias Calarcá y alias Mordisco como individuos de “alta peligrosidad”, señalados por delitos graves como reclutamiento de menores, extorsión, explotación minera ilegal y narcotráfico. La investigación cobró fuerza después de que un reportaje periodístico revelara el supuesto acceso a archivos secretos pertenecientes a alias Calarcá, incluyendo correos electrónicos, cartas y documentos que mostrarían intercambios con funcionarios para la creación de una empresa de seguridad fachada, utilizada presuntamente para facilitar permisos de armas, transporte protegido y otros beneficios logísticos.
Las consecuencias políticas no se hicieron esperar. El ambiente en los círculos de poder es tenso y las acusaciones han provocado un fuerte eco en la opinión pública. El candidato presidencial David Luna exigió explicaciones inmediatas y advirtió que, si las pruebas son verificadas, el presidente Gustavo Petro debería renunciar. Otros dirigentes señalaron que este escándalo pone en entredicho la política de Paz Total, insinuando que estructuras criminales habrían logrado filtrarse en instituciones del Estado.
Mientras avanzan las investigaciones, el país observa con atención cada movimiento político y judicial. Lo que comenzó como un reportaje periodístico podría convertirse en uno de los mayores desafíos institucionales de los últimos años, poniendo a prueba la transparencia, la justicia y la confianza pública en las entidades del Estado.
carloscastaneda@prensamercosur.org
